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La Fiscalía denuncia al exalcalde de Tegueste por permitir las obras de una gasolinera ilegal

Una asociación de vecinos del municipio tinerfeño trasladó en mayo sus sospechas al Ministerio Público tras detectar indicios de presuntos delitos de prevaricación y malversación

La empresa promotora adquirió los terrenos de la estación de servicio a la familia de la mujer del exdirigente de Coalición Canaria

El Ayuntamiento anuló la licencia después de revisar de oficio el procedimiento y mantiene la instalación precintada

Precinto de la gasolinera de Tegueste.

Precinto de la gasolinera de Tegueste.

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha presentado una denuncia en los juzgados, según han confirmado fuentes oficiales a Mírame Televisión, para que se investigue la licencia ilegal que en junio de 2018 concedió el exalcalde de Tegueste José Manuel Molina, de Coalición Canaria, para autorizar la instalación de una gasolinera en unos terrenos que la empresa promotora, Canteras de La Laguna SL, adquirió a la familia de su mujer.

La decisión del Ministerio Público llega después de seis meses de diligencias preliminares de investigación, abiertas a raíz de una denuncia interpuesta en la Fiscalía por la asociación de vecinos El Árbol Rojo de Tegueste, a la que se adhirieron las formaciones políticas de Unidas Podemos y Sí Se Puede, por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

El Juzgado de Instrucción Número 1 de La Laguna ya instruye una causa penal por la polémica que rodea a la gasolinera, después de admitir a trámite una querella por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias presentada por la empresa que explota otra de las estaciones de servicio del municipio, tal y como adelantó Cope Canarias. Las fuentes jurídicas consultadas apuntan a que es probable que la denuncia de la Fiscalía se una a las actuaciones abiertas.

La licencia de la gasolinera del barrio de Las Toscas fue anulada por el Ayuntamiento de Tegueste el pasado mes de julio, después de la apertura de un procedimiento de revisión de oficio donde el Cabildo de Tenerife y el Consejo Consultivo de Canarias ratificaron la ilegalidad de la autorización concedida por José Manuel Molina. La instalación, cuyas obras se aceleraron en paralelo al procedimiento administrativo, se encuentra finalizada y precintada.

El exalcalde de Tegueste dictó en junio de 2018 el decreto que dio luz verde a la licencia de la gasolinera de Las Toscas. El permiso fue informado favorablemente y propuesto por el anterior secretario del Ayuntamiento tinerfeño, José Tomás Martín, que en la actualidad cumple condena en la cárcel por un delito de malversación en el caso Las Teresitas.

La estación de servicio se levanta sobre unos terrenos que el 10 de enero de 2017 fueron adquiridos por Canteras de La Laguna SL a la sociedad Alimentación Castillo SA, entidad vinculada con la familia de la mujer del exalcalde de Tegueste, como ha reconocido el propio José Manuel Molina. La operación se cerró por un precio de 675.000 euros, pero el 70% del pago, un total de 475.000 euros, se condicionó, según la escritura, "a la obtención de las licencias de obra necesarias". El suelo original fue comprado en 1998 por 108.180 euros.

En julio de 2017, a petición de los nuevos propietarios, Molina dictó un decreto que permitió segregar la parcela en tres, lo que ayudó a los promotores, al menos en un principio, a salvar los obstáculos que planteaba la normativa urbanística para construir las tres instalaciones que componen la estación de servicio: gasolinera, tren de lavado y tienda.

 

Informes desfavorables

Las presiones de vecinos y de la oposición llevaron al exalcalde a encargar un dictamen a un experto ajeno al Ayuntamiento. En noviembre de 2018, el arquitecto Walter Beltrán emitió un informe donde concluyó que la licencia era nula de pleno derecho por incumplir varias exigencias urbanísticas que afectan al suelo que ocupa la estación de servicio.

Los vecinos que han denunciado los hechos en la Fiscalía recuerdan en su escrito que, al menos desde el momento en el que se dictó el informe del arquitecto externo, el exalcalde de Tegueste "era consciente de que la licencia otorgada incumplía el Plan General de Ordenación (PGO)". No fue hasta dos meses después, el 29 de enero de 2019, cuando el exsecretario municipal y el Técnico de Administración General del Ayuntamiento elevaron la propuesta de revisión de oficio del permiso, que fue autorizada por Molina el mismo día mediante decreto.

Entre el dictamen externo y la decisión de verificar de oficio la licencia se produjo un hecho decisivo. El 3 de diciembre de 2018 y el 18 de enero de 2019, la aparejadora responsable de la Oficina Técnica Municipal elaboró dos informes en los que advirtió de que "el proyecto técnico que sirvió de base a la licencia otorgada el 26 de junio de 2018 adolece de vicios de carácter insubsanable que hacen conveniente su revisión" de oficio.

Mientras se desenredaba la madeja del procedimiento administrativo, las obras continuaban a velocidad de crucero. La denuncia de los vecinos cuestiona al exlalcalde nacionalista por no adoptar de manera cautelar la suspensión de los trabajos, a pesar de que "es pública y notoria su ilegalidad".

Los denunciantes, que reciben ahora el respaldo de la Fiscalía, relacionan la pasividad de Molina con el hecho de que los anteriores dueños de los terrenos "son primos de la esposa del exalcalde, lo cual pudiera explicar las razones por las que se ha tardado tanto en reaccionar frente a la licencia otorgada ilegalmente". Los vecinos alertan de que la decisión de permitir a los promotores continuar con las obras "da pie a que la parte compradora pueda reclamar a la vendedora cuantiosas indemnizaciones por saneamiento o evicción".

La denuncia original insiste en que la negativa a parar las obras puede haber provocado unas consecuencias "devastadoras para el erario municipal" y recuerda que el coste de ejecución de los trabajos supera el millón de euros, más de la mitad de todo el presupuesto del Ayuntamiento de Tegueste para la prestación de servicios públicos básicos. También inciden en que, de mantenerse el precinto de la actividad y ante una previsible orden de demolición de la instalación, la empresa Canteras de La Laguna SL "hará valer su condición de terceros de buena fe y exigirán las indemnizaciones debidas".

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