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El Supremo confirma las penas a cuatro condenados por estafa continuada a empresarios de Tenerife

El engaño se produjo al ofrecer inversiones en unos activos financieros ficticios denominados 'euronotas', que en teoría ofrecían un alto rendimiento y estaban garantizados por yacimientos de oro en Argentina

Tribunal Supremo.

Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas de entre dos y cinco años de cárcel impuestas a cuatro responsables de una estafa continuada a empresarios de Tenerife mediante la inversión en unos activos financieros ficticios denominados euronotas, ha informado el Alto Tribunal.

Esos activos financieros se ofrecían con un alto rendimiento y supuestamente estaban garantizados por unos yacimientos de oro en Antofagasta de la Sierra (Argentina).

Ahora, la sala segunda del Tribunal Supremo ha ratificado la pena de cinco años de cárcel para José Manuel Mosquera Castelo por delitos de estafa y falsedad en documento mercantil; dos años y medio de prisión para José María Alarcón Cabo y Manuel Rosa López, por estafa, y dos años para Isidro Jesús Martín Báez, por el mismo delito.

Los cuatro habían presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo, después de que, junto a otras tres personas, fueran condenadas por la Audiencia Provincial tinerfeña.

El Tribunal Supremo da como probado que las euronotas, una vez suscritas, serían negociadas principalmente con el banco que identificaron como Allied Chartered Bank (ACB), con sede en las Islas Comoras, entidad bancaria cuya existencia tampoco ha quedado acreditada, e incorporadas a un programa denominado PPP (Private Placement Program), que consistía en que unos traders financieros harían circular el dinero, invirtiéndolo en diferentes activos financieros del mercado secundario, con lo que los empresarios participantes obtendrían inmediatos y millonarios rendimientos económicos.

La aportación de los empresarios consistía en 3.000 euros iniciales, para una investigación personal de antecedentes penales en el ámbito internacional y de patrimoniales.

Luego había una aportación de 15.000 euros para que el ACB abriera una cuenta a nombre de cada uno de los participantes en el programa, para luego ir haciéndoles los ingresos en ella.

En las reuniones con los empresarios, a las que asistieron tres de los acusados, se les exigía tener un proyecto empresarial, darse de alta como asociados a Cidecomer (la emisora de las euronotas) y realizar los pagos antes aludidos.

Según la sentencia confirmada, los encartados actuaron a sabiendas de que las euronotas que ofertaban no eran verdaderas, carecían de valor y habían sido creadas por el acusado José Manuel Mosquera para dar verosimilitud a las operaciones

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