Adeje salva las subidas de agua de 2012 y 2013 por un error del Gobierno
Adeje ha conseguido salvar la subida del agua aprobada para los ejercicios 2012 y 2013. Y lo ha hecho porque el Gobierno canario presentó ante el Tribunal Supremo (TS) sendos recursos contra los acuerdos plenarios cuando no eran firmes. De esta manera, concluye por ahora la batalla que desde hace años sostienen el Ejecutivo autónomo y la Corporación local a cuenta de la forma en la que se debe dar el visto bueno a la revisión de los precios.
Cada ejercicio se repite una situación parecida. El Ayuntamiento aprueba el incremento, pero no lo presenta ante la Comisión Territorial de precios del Gobierno canario que a su vez acude a los tribunales. Hasta ahora la razón se ha puesto de lado de la Corporación local.
Reiteradas sentencias ratifican que el servicio del agua se rige por una tasa y no por un precio público, aunque su prestación se encuentre en manos privadas. De esta manera, la revisión puede ser acordada por el Ayuntamiento sin necesidad de supervisión por parte del Ejecutivo.
Sin embargo, a su paso por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el resultado de esta batalla es muy diferente. De forma invariable los magistrados consideran que se debe dar cuenta al Gobierno canario de los cambios en el precio del servicio. No obstante, el Supremo ha determinado en todas las ocasiones que los municipios no estarán obligados a informar de forma previa ni a contar con la autorización del Ejecutivo autónomo, ya que se trata de una tasa y no de un precio público.
La existencia de sentencias contradictorias se debe a que hasta ahora ha reinado desde el punto de vista de la jurisprudencia un “aparente desorden”.
En el caso de la revisión de precios de 2012 y 2013, el Supremo ni siquiera entra en muchas profundidades y análisis y se limita a dar la razón al Ayuntamiento, en cuanto que el Gobierno no esperó a que la subida fuera firme. Los enfretamientos en los tribunales por esta cuestión entre Adeje y el Gobierno se vienen repitiendo desde desde, al menos, el año 2008. Pero otro tanto ocurre también con La Orotava en Tenerife o Breña Alta en La Palma, municipios que parecen ser los más rebeldes a la hora de rendir cuentas ante el ejecutivo.
