El Ayuntamiento de La Laguna se persona en el caso Reparos, en el que está involucrado el expresidente canario Fernando Clavijo

El Ayuntamiento de La Laguna ha decidido personarse en el llamado caso Reparos como acusación particular perjudicada por los hechos descritos por la Fiscalía Anticorrupción en torno a unos 160 contratos de servicios prorrogados a numerosas empresas por ese consistorio sin aval jurídico alguno durante el periodo entre 2011 y 2019, bajo las alcaldías de Fernando Clavijo y José Alberto Díaz, ambos de Coalición Canaria. El Consistorio ha tomado esta decisión tras remitir al juzgado instructor de la causa toda la documentación reclamada por la jueza y constatar que el importe de esos contratos superaría los 76 millones de euros. La jueza instructora no atendió en su día la petición del denunciante de ofrecer acciones al Ayuntamiento como perjudicado, por considerar que era suficiente el concurso de la Fiscalía y de la acción popular.

La denuncia fue interpuesta en 2018 por el concejal Santiago Pérez, actualmente en el grupo de gobierno por Avante La Laguna. La causa, que ha avanzado lentamente todos estos años en el Juzgado de Instrucción número 4 de esa ciudad, mantiene como investigados, entre otras personas, al actual senador Fernando Clavijo, expresidente de Canarias (2015-2019), pero por su etapa como alcalde de La Laguna entre 2011 y 2015; al exalcalde José Alberto Díaz, también de Coalición Canaria, y al exconcejal Javier Abreu, por entonces en el PSOE, ahora cercano a los nacionalistas. La Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife presentó ante ese juzgado hace ahora un año un informe de 156 páginas señalando a los dos últimos ex alcaldes del municipio como posibles autores de un delito de prevaricación continuada. El Ayuntamiento, que ahora ejercerá la acusación particular, aprecia además el posible delito de malversación.

Quizás sea la renovación del contrato a la empresa responsable de la limpieza y la recogida de basuras, Urbaser, el más llamativo de todos los expedientes que se analizan en ese juzgado. Además de ampliarle por seis años el plazo de la concesión más allá de la prórroga legalmente prevista, el Ayuntamiento exoneró a esa compañía de la obligación contractual de renovar 34 de los 46 vehículos que componían la flota, que debía pasar a ser de titularidad municipal al término del contrato. De ese modo, no solo se produjo un considerable ahorro de costes para la concesionaria explotando un servicio cuya vigencia ya había vencido, sino que a su término se entregó al Consistorio una flota de vehículos especializados que ya había quedado obsoleta.

En los expedientes remitidos por el Ayuntamiento al juzgado se incluyen los continuos reparos de la Intervención municipal, además de informes jurídicos que desaconsejaban las operaciones que ahora se investigan penalmente. En todos los casos, para poder ejecutar esas irregularidades, el grupo de gobierno utilizó recurrentemente la figura del levantamiento de reparos, de ahí la denominación periodística que ha recibido la causa.

La Intervención municipal detectó también que el grupo de gobierno, formado por Coalición Canaria y el PSOE, acudía con frecuencia al fraccionamiento del objeto de algunos contratos para adjudicarlos directamente como contratos menores, sorteando la tramitación de un procedimiento de selección con publicidad y concurrencia, sin acreditar que los precios se correspondían con los de mercado.

También se incluye entre los expedientes enviados al juzgado el referido al “servicio de reparación, renovación, reposición, siembra o replantación de cualquier elemento incluido en los jardines y zonas verdes”, que se adjudicó y prorrogó indebidamente a la UTE

formada por HPS Ibérica/Interjardin SL, en términos confusos, según la Intervención, “ya que parece referirse a una prestación sin coste para la Administración para, a continuación, como si de un suministro se tratara, distinguir entre juegos infantiles o juveniles, material de riego y plantas… con precios unitarios a presentar por el licitador hasta un máximo de 15.000, 5.000 y 10.000 respectivamente”. Esos reparos también fueron levantados por el grupo de gobierno.

Las irregularidades abarcaron también a los aspectos sociales, con servicios como el de escuelas infantiles, en el que “el equilibrio económico del contrato queda sin acreditar desde el mismo instante en el que se admitió que el contratista tenga derecho a dos contraprestaciones, una que recibe directamente de los usuarios, cuyo importe queda sin determinar en el momento de la adjudicación”, siempre según los informes del interventor ya en manos de la jueza. Como ocurrió con el Servicio de Ayuda a Domicilio, gestionado por la empresa Servisar, S.L. por 3,5 millones de euros al año, prorrogado ilegalmente, en el que “el gasto realizado con cargo al contrato ha sido superior al contratado”, lo que supuso según el interventor que se realizaran “gastos al margen del procedimiento de contratación, vulnerándose lo dispuesto” en la Ley de Contratos del Sector Público.

La Intervención también detectó irregularidades en el contrato de suministro mediante arriendo con opción a compra de vehículos destinados a la Policía Local. Según sus reparos, levantados por el gobierno municipal para proceder a su ampliación, no se cumplió con la “necesidad de que el contrato fije de forma diferenciada el precio del arriendo y las cantidades correspondientes al canon de mantenimiento, lo que sería extensible al resto de las contraprestaciones, de conformidad con el 226 de la Ley de Contratos del Sector Público. De este modo se podría comparar el precio de adquisición de los vehículos con la suma de las cuotas de alquiler y el valor residual o, en su caso, el precio de la opción de compra, para determinar la rentabilidad que obtiene el contratista”.

A la jueza Ana Serrano-Jover le corresponde ahora determinar el alcance de los hechos y del contenido de los 163 expedientes que le han sido remitidos por el Ayuntamiento de La Laguna. De apreciar indicios de delito en el senador Fernando Clavijo deberá elevar al Tribunal Supremo una exposición razonada. De lo contrario, tendría que sobreseer la causa para él y para los demás encartados, que ya han pasado por el juzgado de Instrucción, donde se han acogido a su derecho a no declarar. Solo lo hizo el exconcejal socialista Javier Abreu, pero para acusar al denunciante de la trama de una conspiración para perjudicar a Fernando Clavijo. Esa acusación obligó a abrir unas diligencias previas por un presunto delito contra la Administración de Justicia que se archivó en cuanto el juez que investigó las afirmaciones de Abreu comprobó que todas eran invenciones suyas.