El interventor y otros tres altos funcionarios de La Laguna ratifican ante la jueza la ilegalidad de los contratos del caso Reparos

El senador Fernando Clavijo, uno de los investigados en el caso Reparos.

Cuatro altos funcionarios del Ayuntamiento de La Laguna se ratificaron este jueves ante la jueza que instruye el caso Reparos en la posición que adoptaron todos ellos entre los años 2011 y 2019, cuando plantearon reparos de ilegalidad a más de un centenar de decretos firmados por los dos últimos alcaldes de Coalición Canaria en la ciudad, José Alberto Díaz y Fernando Clavijo, este último expresidente del Gobierno regional y actual senador por la Comunidad Autónoma. El interventor, Gerardo Armas, fue más allá y, al término de su interrogatorio, estando aún bajo juramento, cuando la jueza le preguntó si tenía algo más que añadir proclamó: “Es falso que me reuniera con Santiago Pérez para preparar la denuncia, tal y como he leído que se dijo por alguien en esta sala”. Armas se refería a la denuncia que lanzó el exconcejal socialista -imputado en la causa- Javier Abreu, que quiso involucrar al denunciante de la trama, Santiago Pérez, en un contubernio con el interventor y algunos medios informativos.

Clavijo intenta evitar que declaren el interventor y otros funcionarios de La Laguna por el caso Reparos, en el que está encausado

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Tanto la jueza instructora, Ana Serrano-Jover, como la fiscal jefa de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, fueron profusamente ilustradas este jueves por los cuatro funcionarios municipales que informaron desfavorablemente a los cientos de contratos que obran en la causa, que fueron prorrogados por el gobierno municipal de La Laguna sin contar con respaldo jurídico suficiente, según el criterio de esos técnicos, que emitieron reparos en todos los casos.

De todos los asuntos por los que fueron preguntados, los funcionarios se detuvieron especialmente en dos: un contrato con Urbaser, la compañía encargada de la limpieza y la recogida de residuos urbanos en la ciudad, y otro con Lease, la multinacional que alquilaba los coches de la Policía Local. En el primero de los casos quedó de manifiesto en la declaración de los funcionarios cómo, a propuesta del concejal de Servicios, a la sazón Javier Abreu, el alcalde de la ciudad, Fernando Clavijo, levantó los reparos de la intervención para librar a Urbaser de la obligación contenida en las cláusulas del contrato de renovar 34 de los 46 vehículos que componían la flota. El contrato, que comenzó en 2008 y se prolongó hasta 2018, sufrió esa extraña modificación en 2012, sin cobertura legal de ningún tipo ni justificación que lo sustentara, según quedó de manifiesto este jueves ante la jueza. 

El interventor hizo saber al alcalde y al grupo de gobierno que tal decisión provocaba un grave perjuicio al consistorio porque, al recuperar la concesión el Ayuntamiento, este se hacía con una flota caduca que debía renovar para poder seguir prestando el servicio.

Lejos de hacer caso a los funcionarios, llegado el fin del contrato, en 2018, el Ayuntamiento volvió a renovar a Urbaser el contrato sin ningún tipo de concurso, lo que provocó de nuevo los reparos de la intervención. Y no solo por la ausencia de título legal que pudiera respaldar la decisión, sino porque a pesar del deterioro de la flota a la compañía se le seguía pagando la misma cantidad, 1.300.000 euros al mes. Solo después de que el denunciante, Santiago Pérez, comunicara estas irregularidades a la justicia, el concesionario empezó a girar facturas por importes algo inferiores.

Coches de la Policía en renting

Otros de los aspectos reseñables de la comparecencia de los funcionarios del Ayuntamiento de La Laguna ayer ante el juzgado que instruye el caso Reparos fue el de los coches cedidos en renting. Según explicaron los testigos, se trataba de una flota de coches alquilados a la multinacional holandesa Lease.

Siempre según la versión ofrecida por los funcionarios, y como consta en las denuncias que tiene en su poder la jueza desde 2018, el Ayuntamiento mantenía parte de su flota de la Policía Local mediante un contrato de renting que se adjudicó por dos años en 2003 siendo concejal de Seguridad José Alberto Díaz y alcalde Fernando Clavijo. El contrato fue prorrogado los dos primeros años porque se permitía una prórroga, pero no así los seis años más que se añadieron a la misma, a razón de una autorización por año que fueron reparadas por la intervención municipal y se autorizaron mediante el correspondiente decreto de levantamiento de reparos.

Lease estuvo hasta 2013 prestando el servicio sin concurso ni contrato válido, según los funcionarios.

Además de Fernando Clavijo, José Alberto Díaz y Javier Abreu, en el caso Reparos están siendo investigados otros concejales y exconcejales de Coalición Canaria y algunos funcionarios. La jueza mantiene viva la causa a pesar de los intentos de la defensa del senador Clavijo, que pide la nulidad por caducidad de la instrucción. Al estar aforado ante el Supremo, en caso de considerar que debe ser juzgado, la instructora deberá elevar al alto tribunal una exposición razonada en la que explique los indicios que considera delictivos. Los denunciantes aprecian prevaricación y malversación de caudales públicos.

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