La jueza no dictará sentencia por la causa civil de Las Teresitas hasta que haya juicio penal
Ocurrió lo que estaba previsto. La magistrada del juzgado de Primera Instancia número 6 de Santa Cruz de Tenerife, que la semana pasada celebró la vista oral por las consecuencias civiles de la nulidad de la compraventa de once parcelas del frente de la playa de Las Teresitas a la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT), no dictará sentencia hasta que se resuelva la querella criminal por esa misma compraventa..
En un auto con fecha del 26 de febrero y que se ha dado a conocer este jueves, la magistrada María Carmen Serrano Moreno ha suspendido el proceso civil, únicamente pendiente de sentencia, hasta que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife falle acerca de la posible malversación de caudales públicos y prevaricación de los que son acusadas trece personas, entre ellas, el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y exsenador Miguel Zerolo, y los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, dueños de Inversiones Las Teresitas.
Estos dos últimos iniciaron el procedimiento civil que ahora ha sido suspendido con la pretensión de ser indemnizados con unos 103 millones de euros como consecuencia de la nulidad de esa operación de compraventa por parte del Tribunal Supremo, ya que la misma carecía de elementos formales como un pericial sobre la verdadera tasación de los terrenos o un sistema de fijación de precio que acreditase su corrección.
En el auto, la magistrada afirma que “ha quedado acreditado la existencia de un procedimiento penal, iniciado por la querella criminal de la Fiscalía por un posible delito de malversación de caudales públicos y de prevaricación, siendo el hecho supuestamente delictivo el contrato de compraventa que nos ocupa”.
Añade que “vemos que ambos procedimientos están íntimamente relacionados”, por lo que acuerda “la suspensión de las actuaciones de este proceso, hasta que se acredite que el juicio criminal ha terminado o se encuentra paralizado por motivo que haya impedido su normal continuación”.
De esta forma, el juicio civil por el que Antonio Plasencia e Ignacio González pretendían que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife les pagara el valor de las 11 parcelas del frente de la playa y sus aprovechamientos urbanísticos, además de intereses y daños (ya que no cabe que se les devuelvan esas parcelas, algunas en pleno dominio público), queda pendiente de un juicio penal para el que aún no hay fecha y que fuentes judiciales estiman que no se celebrará hasta 2017.
En el juicio civil, los letrados del Ayuntamiento argumentaron que no cabía la “causa torpe” que alegaron los demandantes ya que “el vicio de nulidad apreciado por el TS nada tiene que ver con la supuesta ilicitud de la causa u objeto del contrato”, y propusieron la devolución “in natura” de las 11 fincas por considerar que “se encuentran en la misma situación fáctica en que se encontraban al momento en que fueron transmitidas”, y ello porque las fincas no se han movido de sitio, pese a que las modificaciones de la ordenación urbanística impiden parte del gran negocio que ILT pretendía llevar a cabo en la playa chicharrera.
Para complicar aún un poco más todo cuanto rodea la fallida compraventa del frente de la Playa, y que la propia Fiscalía calificó como “un pelotazo de libro”, el Ayuntamiento quiere recuperar los más de 52 millones de euros que pagó a ILT por recuperar los terrenos que adquirieron y que, según la técnica municipal Pía Oramas, tan sólo valían 19 millones en el momento de su venta y readquisición.
A los 52.588.559,13 millones de euros, el Ayuntamiento pide que se añadan otros 46.502.521 euros por diferentes conceptos, como los incrementos del valor del sector B en que están ubicados los terrenos.
