Los edificios de la Avenida de Anaga tampoco serán para los estibadores

En el espacio de pocos meses el Tribunal Supremo (TS) se ha posicionado en tres ocasiones sobre la titularidad de dos edificios situados en la avenida de Anaga de Santa Cruz de los cuales uno tiene nueve alturas y otro, que da para la calle de La Marina, seis.
Si en principio el TS rechazó la petición de la Autoridad Portuaria para que se le reconociera su titularidad ahora se hace lo propio con la Asociación de Empresas Estibadoras. El objeto de impugnación había sido una orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1995 por la que hacía suyos estos dos inmuebles que hasta entonces pertenecían a la extinta Organización de Trabajadores Portuarios.
Esta batalla judicial se inició en el año 2001 y llegó en 2011 al Tribunal Constitucional (TC) que ordenó reanudar el debate aunque el resultado ha sido el mismo para Puertos y los Estibadores.
Éstos últimos defienden que eran los titulares de estos inmuebles ya que con anterioridad habían pertenecido a la asociación de estiba y desestiba del puerto de Santa Cruz. Sin embargo, tanto a su paso por la Audiencia Nacional como ahora por el Supremo se ratifica que los edificios pertenecen al Estado.
De hecho, uno de los argumentos que esgrimen los estibadores es que las sentencias se copian casi milimétricamente, tanto en lo que tienen que ver con Puertos como las suyas propias. Pero tanto éste como el resto de los razonamientos esgrimidos son rechazados de plano por el Supremo.
En todo este largo proceso judicial que ha durado 14 años, los estibadores y puertos han argumentado que nunca se les notificó la orden ministerial del año 1995. A partir de entonces, la asociación de empresas estibadoras, que eran minoritarias en Sestife, acudieron a los tribunales pidiendo la nulidad del acuerdo. Este colectivo alegaba que una orden de 1986 imponía que la totalidad del patrimonio de la extinta OTP fuese aportado a Sestife.