La Fiscalía investiga la contratación de una exconcejala del PSOE inhabilitada en el Ayuntamiento de Icod

¿Puede una exconcejala inhabilitada para cargo público ser contratada por el mismo ayuntamiento donde cometió delitos continuados de prevaricación urbanística y administrativa? Esta es una de las preguntas que se hacen los funcionarios que han llevado a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife la incorporación de Ana María Pérez, exedil del PSOE, en el Consistorio de Icod de los Vinos. Pero no es la única.

El Ministerio Público, a raíz de una comparecencia que tuvo lugar a finales de marzo, ha abierto diligencias preliminares para investigar la presunta contratación ilegal de la exconcejala socialista, según confirmaron fuentes oficiales de la Fiscalía a mirametv.com. Además de una posible incompatibilidad por la condena que aún cumple Ana María Pérez, los denunciantes consideran que el procedimiento seguido por el Ayuntamiento del norte de Tenerife para incorporar a la trabajadora, mediante un proceso de selección impulsado por la Concejalía de Servicios Sociales, está viciado desde el inicio.

Pérez forma parte del grupo de ocho exconcejales del PSOE que, junto al exalcalde Juan José Dorta, se declararon culpables en diciembre de 2016 de delitos continuados de prevaricación urbanística y administrativa. La sentencia de conformidad evitó un juicio y una posible pena mayor que, en línea con lo que inicialmente solicitaba la Fiscalía, podría haber conducido a los exediles a la cárcel. La ahora denunciada aceptó un castigo de un año de prisión, suspendido al no contar con antecedentes penales, y 12 años de inhabilitación especial para cargo público.

Los funcionarios que han llevado la contratación de Pérez a la Fiscalía son los mismos que denunciaron las ilegalidades urbanísticas que dieron lugar a la condena del histórico Juan José Dorta y de su equipo de gobierno. Consideran que no es casual el regreso de la exconcejala al Centro Ocupacional del municipio, dependiente del área de Servicios Sociales, la misma Concejalía de la que era responsable cuando cometió los delitos por los que fue inhabilitada. También recuerdan que el actual alcalde, José Ramón Moncho León, de Somos Icodenses, proviene del PSOE, donde coincidió con la exedil.

El máximo responsable del Ayuntamiento tinerfeño, que accedió al bastón de mando en agosto de 2017 tras prosperar una moción de censura contra Coalición Canaria (CC), niega haber tenido algún tipo de relación directa con la contratación de Ana María Pérez.

En un escrito remitido a mirametv.com, León afirma que en estos procedimientos “no tienen ningún papel el alcalde ni los concejales”. El dirigente de Somos Icodenses insiste en que la incorporación de la exconcejala se hizo mediante “un expediente con unas bases que aprobó el secretario municipal”.

Según la versión oficial, el Consistorio “solicitó candidatos al Servicio Canario de Empleo (SCE)” para cubrir una necesidad de cuatro trabajadores. El Gobierno de Canarias “envió a ocho” personas, entre las que se encontraba la exedil condenada, que fueron seleccionadas en línea “con los baremos de las bases”.

Esta argumentación contradice lo afirmado por los funcionarios que llevaron la actuación del Ayuntamiento de Icod de los Vinos a la Fiscalía. En la denuncia se asevera que en el procedimiento seguido para contratar a Ana María Pérez “no existió ni convocatoria ni bases que establezcan criterios objetivos de selección, ni se ha realizado ninguna prueba para determinar la capacidad, mérito o idoneidad”. Ante la discrepancia entre ambas versiones, este portal de noticias ha solicitado al Consistorio la documentación que acredite la existencia de las supuestas bases, de lo que aún no ha recibido respuesta.

Además de los presuntas irregularidades en el proceso de contratación, los denunciantes también ponen en entredicho el inicio del expediente que, según su criterio, se llevó a cabo por una trabajadora del Ayuntamiento que carece de la condición de funcionaria, requisito indispensable para ello. Una empleada cuyo nombre también está ligado a la sentencia que acabó con el legado político de Dorta, ya que su contratación fue declarada ilegal en el fallo.

En la denuncia presentada ante la Fiscalía se critica que el Consistorio tinerfeño, ni con CC primero ni con Somos Icodenses después, haya ejecutado los fallos judiciales que impiden a esta trabajadora ejercer en la administración local y, por tanto, iniciar expedientes de contratación.

Dudas sobre el comienzo del proceso y también sobre su conclusión. En relación con el comité formado “exclusivamente por funcionarios”, que, según la versión del alcalde, se encargó de realizar la selección entre los candidatos enviados por el SCE, los trabajadores que han denunciado consideran que su constitución se llevó a cabo “sin nombramiento legal alguno”.

Condena

La posible incompatibilidad de Ana María Pérez, que mantiene en la actualidad su condición de condenada, abre un debate jurídico que resulta complejo a simple vista. Desde el Ayuntamiento se defiende que la inhabilitación de la exconcejala lo es “para ejercer cargos de elección política pero no para trabajar en la administración”, a lo que José Ramón León añade que “fue seleccionada, en todo caso, por el SCE, y se entiende que esa selección es legal”.

La sentencia de conformidad que acabó con la carrera política de Pérez y de sus compañeros socialistas, en relación con la pena de inhabilitación especial, señala que se aplicará “al ejercicio de cargo público por elección o por designación en cualquier administración”.

Y aquí es donde se abre el abanico de la interpretación. Los denunciantes, en contra de lo manifestado por el alcalde, consideran que existe incompatibilidad por las presuntas anomalías detectadas en el expediente “al no haberse acreditado su capacidad ni sus méritos a través de un procedimiento de concurso u oposición legal”.

La situación de Ana María Pérez es aún más compleja, igual que en el caso de las otras tres personas contratadas mediante el mismo procedimiento, ya que su incorporación quedó en el aire, según el Ayuntamiento, tras detectarse “un fallo en el proceso administrativo de contratación, y no en el proceso de selección, que se ha corregido y se está a punto de regularizar la situación de estas cuatro trabajadoras”.

El alcalde de Icod de los Vinos explica que, “si alguien ha denunciado que esta exconcejala no puede ser contratada, será la Administración de Justicia quien lo determinará y se actuará en consecuencia”. León añade que no tuvo conocimiento de esta situación “hasta el momento en que se detectó la irregularidad administrativa en el proceso, que no es una irregularidad en el proceso de selección. Este se ha llevado a cabo con las máximas garantías que los funcionarios están obligados a cumplir y que estamos seguros cumplieron”.

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife tiene ahora seis meses, un plazo que puede ser prorrogado, para instruir la investigación preliminar y decidir si existen indicios delictivos en la contratación de la exconcejala Ana María Pérez. De corroborarse las sospechas, el Ministerio Público presentará denuncia en los juzgados, donde se abrirán diligencias penales. En caso contrario, la causa será archivada.