La Fiscalía pide seis años de cárcel para dos empresarios acusados de estafa en el plan de El Mojón, en Tenerife

Terrenos de El Mojón, en Los Cristianos, Tenerife.

Efe

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La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife acusa a dos empresarios de estafa y apropiación indebida continuada en el plan parcial El Mojón, en Arona (Tenerife), y les pide seis años de cárcel, así como el pago de 1,2 millones a una treintena de supuestas víctimas, una multa de 3.200 euros y los gastos que se determinen en ejecución de sentencia.

El Ministerio Público acusa a una constructora de comenzar en 2004 a ofrecer la venta de viviendas sin contar con licencia, y a la espera de la aprobación del Plan General de Ordenación (PGO).

Pese a que no sería hasta 20 años después cuando se desbloquearía el planeamiento, uno de los procesados pedía un adelanto de dinero a los compradores, y publicitaba las promociones, para lo que llegó a colocar un cartel.

Como vendedor actuó el otro acusado, intermediario inmobiliario que cobraba las correspondientes comisiones, operaciones que hacía desde una caseta situada en El Madroñal, en Adeje.

Las funciones las realizaba aunque carecía de contrato escrito y apoderamiento, pese a lo cual estaba facultado para aceptar cambios en las viviendas, cobrar, contratar publicidad y cerrar ventas a nombre de la constructora.

Además, se le acusa de ser consciente de que el dinero iba a ser utilizado para otros fines, a los que se les aseguraba a los compradores, casi todos italianos.

Para convencerlos les presentaban planos de un proyecto que se iba a desarrollar en La Orotava, y no se les informaba de que aún no había licencia por la falta de aprobación del PGO.

El precio de las viviendas llegaba a los 450.000 euros y normalmente se adelantaban unos 30.000 euros.

El plan parcial de El Mojón tiene una superficie de 908.306 metros cuadrados, su tramitación se ha extendido durante 40 años y es una gran bolsa de suelo ubicada junto a los núcleos turísticos de Los Cristianos y Las Américas.

En este ámbito se podrá construir en más de 70 parcelas privadas, susceptibles de explotación en usos como el turístico, residencial, comercial y deportivo y tras su reciente aprobación es ahora cuando se empezarán a conceder licencias. 

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