“Ningún poder me ha presionado jamás, y no creo que se atrevan”

Es crítico, muy crítico, tanto que en el año 2000 llegó a tener dos expedientes abiertos, uno de ellos por críticas al Consejo General del Poder Judicial, que es su órgano de Gobierno. Y sin irse tan lejos, el discurso que pronunció en octubre pasado, cuando tomó posesión de su cargo como presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, no dejó indiferente. Arremetió contra la banca, las inmobiliarias, la ley de tasas “que sólo tiene afán recaudatorio” y pidió que los jueces “nos podamos sentir representados sin marcas de partidos”.

El magistrado Joaquín Astor Landete, cuyo nombre ha sonado para la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias afirma que no piensa en esa opción. “me queda mucho por hacer en la Audiencia Provincial, entre otros objetivos, que los juicios rápidos vuelvan a ser rápidos.

- Muchos ciudadanos tienen la sensación de que el poder ejecutivo y el judicial no están tan separados y que ustedes, los magistrados, reciben presiones. Algunos de sus compañeros han hablado de ello abiertamente, como el juez de la Audiencia Nacional Gómez Bermúdez. ¿Es así? ¿Hay más presiones sobre los magistrados conforme más se sube en la carrera judicial?

-Como no las he vivido, no le puedo decir personalmente.

-¿Nunca ha sufrido usted presiones por parte de otros poderes?

-No y no creo que se atrevan, pero puede ocurrir que haya esas presiones, y de hecho ocurre, no porque se esté más alto, sino por la importancia de los asuntos que se llevan. En la Audiencia Nacional se llevan asuntos penales graves y es obvio que las presiones tanto de los poderes políticos y de los poderes fácticos, son más inmediatas.

-¿Pero es cierto que el poder ejecutivo y el judicial no están tan separados como al inicio de la democracia? Hay presiones para la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para nombramientos…

-Los poderes del Estado no están en una convivencia pacífica. Por su misma naturaleza, el poder ejecutivo, pretende acaparar mayores competencias a consta de otros, controlar los otros poderes. En nuestro sistema, que no es perfecto, el poder ejecutivo tiene una potencialidad mayor a la de los otros poderes. Tiene una influencia muy grande sobre el poder legislativo. Los legisladores no son independientes para actuar, sino que están sometidos a las disciplinas de los partidos políticos. Con el judicial ocurre exactamente lo mismo. El Ejecutivo quiere llegar a los rincones del poder judicial y eso se ve en la designación de los vocales del Consejo. Pero el poder ejecutivo no puede llegar al juez individual, que se rige por la independencia. Puede estar sometido a hipotéticas presiones pero no hay un conducto por el que se pueda trasladar esa presión de manera orgánica.

-¿Al juez que está sólo en su juzgado no le llegan presiones de órganos más altos, por ejemplo, de la Audiencia Provincial o del Tribunal Superior de Justicia?

-Ni la Audiencia ni el Tribunal tienen capacidad alguna de presión sobre lo jueces unipersonales ni sobre sus decisiones. Es un cortafuego. Se podría pensar que el Consejo General del Poder Judicial, que es que el nombra a los presidentes de las Audiencias y de los Tribunales Superiores, puede presionar a los jueces a través nuestro, pero no puede ser así porque no tenemos poder alguno sobre los jueces. En ese sentido, la independencia judicial está garantizada. Por lo menos, en los jueces unipersonales. En la Audiencia Nacional, las presiones, en efecto, son evidentes.

-Estamos ante una nueva reforma del Poder Judicial en la que se proponen los tribunales provinciales de instancia en capitales de provincia, que se dividirían en unidades judiciales y que serían los que juzgasen casos que ahora juzgan las audiencias provinciales ¿A usted le gusta esta reforma?

-El anteproyecto es lo que hay en la mesa para su debate entre todos los que intervenimos en la Justicia, también los fiscales. Estamos en la primera fase, pero se está haciendo la casa por el tejado, sin consenso y sin presupuesto. No digo que una de las propuestas, como son los tribunales de provinciales de instancia sea una mala idea, podrían agilizar los procesos, serían órganos colegiados que aglutinarían a los jueces de una misma provincia. Pero insisto en que se hace la casa por el tejado y sin dinero, que son los primeros fallos de toda reforma.

-¿Por el tejado?

-Sí, porque estamos hablando de los jueces, que somos la cúpula de la organización judicial y ni siquiera se ha organizado la oficina judicial, algo que se anunció en 2001. ¿Cómo vamos a organizar la cúpula de los jueces si no se ha sabido organizar todavía la oficina judicial? Y otra cuestión es que ese anteproyecto de Ley, en lo que se refiere a los tribunales de instancia, ya cuenta con una disposición adicional por la que no entrarán en vigor. Parece de locos, y lo es, porque no podrían funcionar hasta que no entre en vigor la nueva ley de Demarcación y Planta, por la que se modifican las demarcaciones o partidos judiciales.

-¿Y si hay un Gobierno distinto al PP a partir de 2015?

-Puede que todo quede en el aire. Pero es más peor todavía. Había también un anteproyecto de Código Procesal Penal que está apartado por el mismo Ministerio que lo ha propuesto. Ese Código introduce una novedad muy importante, que es que la competencia de la instrucción de las causas penales pasaría a los fiscales. Si entra en vigor, habrá que cambiar de nuevo la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque los tribunales provinciales de primera instancia se basan en que son los que jueces los que siguen instruyendo, es decir, los que sigue investigando las causas penales que les llegan. Así que las competencias que absorberían esos tribunales, no las podrían absorber porque pasarían a los fiscales.

-Así expuesto parece un absurdo.

- Un absurdo sobre otro absurdo. Y con todos estos bagajes se pregunta uno ¿no sería conveniente aprobar primero la Ley de Demarcación y Planta y luego seguir con esto? ¿No sería conveniente aprobar el Código Procesal Penal y luego seguir con esto? ¿Y no sería más conveniente hacer de una vez por todas leyes con consenso y con más perspectivas de futuro en vez de actuar a golpe de acontecimiento mediático y con fines políticos?

-¿Los jueces tienen más sensibilidad con problemas sociales acuciantes, como los desahucios? Hay abogados que opinan que ustedes adquieren esa sensibilidad a golpe de sentencias del Tribunal de Justicia Europeo.

-Parece que tenga que haber una sensibilidad y conciencia colectiva igualitaria entre los jueces, cuando la sensibilidad es algo individual. Cada juez es un mundo. Un caso cae en el juez A y dictará la instrucción conforme a la ley y cae en el juez B y llevará la instrucción conforme a la ley pero cada cual con su sensibilidad. Pensar que todos los jueces y juezas deben alcanzar la misma sensibilidad con determinado asunto es imposible. No es un análisis correcto. Esa no es cuestión. Los tribunales europeos lo que han hecho es modificar a los legisladores. Es a ellos a quienes les ha llamado la atención. Hay unas leyes que nos obligan a los jueces y nuestra función es esa, aplicar las leyes. Ocurre lo mismo con violencia doméstica. Se nos achaca a veces que no metemos en la cárcel al acusado, pero es que la presunción de inocencia ese esencial en la democracia. Habrá que investigar y tomar medidas cautelares, que se pueda proteger a la mujer, pero eso son competencias de servicios sociales. Hay unas reglas de juego fundamentales o si no esto sería un Estado autoritario. Pero a los jueces se nos pone en el disparadero siempre. Usted ha hecho o no ha hecho, y no todo depende de nosotros. Por no hablar de los medios con que contamos.

-¿Les da miedo ser innovadores? Hablamos de Derecho Europeo de obligado cumplimiento que no se aplica.

- Cuando es de aplicación directa se aplica. Otra cosa es que tengamos desconocimiento, y les corresponde a las partes, a los abogados de la defensa y de la acusación, si la hubiera, tenernos en aviso sobre las normas supranacionales a aplicar. Que nos las aporten. Estamos abiertos a aplicar la ley, lo que no podemos es adelantarnos al legislador que debe adaptar las leyes nacionales. Cuando hay jurisprudencia del Supremo la tenemos en cuenta, pero no es de obligada aplicación. Es una fuente. Insisto, a los jueces no se nos puede pedir que hagamos lo que no podemos hacer, aunque nos crucifiquen por ello.