El presidente del TSJC se estrena con naderías

Antonio Doreste ha tomado posesión como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y lo ha hecho, aunque les pueda parecer increíble, jurando la Constitución. La española, por su puesto, porque parece que todo esto hay que enfatizarlo. No corren buenos tiempos para la independencia judicial porque Gallardón se marchó dejando una herencia que España tardará muchos años en superar, la de la máxima intervención del poder ejecutivo en la elección del órgano de gobierno de los jueces, y por ende, de todo lo que de él cuelga, incluyendo la elección de presidentes de los tribunales superiores de cada autonomía. Y Doreste, desgraciadamente para él y su carrera profesional, no es una excepción. Quizás por eso tuvo que hacer tanto hincapié este jueves en el especial aprecio que parece sentir por la Constitución con deslices o imprecisiones como esta: “Desde muchos frentes políticos y sociales se está poniendo en cuestión la Constitución y yo la acabo de jurar, por tanto le debo respeto y acatamiento”. Es un desliz que alguien que, en el mismo acto, se desmarca de cualquier tendencia política (ya quisiera), haga crítica al poder político, tanto a los sectores que defienden la Constitución como bien inamovible como a los que promueven su reforma precisamente por la vía que el mismo texto prevé. Y es una notable imprecisión decir que se pone en cuestión precisamente por pretender su adaptación a los nuevos tiempos, lo que nos conduce al primer desliz, consistente en alinearse con el único partido que se muestra reticente, el PP, casualmente el que le ha elevado al puesto político que desde este jueves ocupa.

Obviedades solemnizadas

Parece evidente que las críticas de Doreste a los que “banalizan la Constitución”, expresión también empleada por el nuevo presidente del TSJC, se dirigen a Artur Mas, al PSOE o a Podemos. O a todos s la vez. En el primer caso no consta que el presidente de la Generalitat haya desafiado a la Constitución per sé, más bien ha desafiado al Gobierno de España, o a sus maneras de entender el Estado plurinacional que la misma Constitución proclama. Todavía no se ha publicado el decreto de la consulta catalana y no debería un magistrado en ejercicio arriesgarse a tanto. Puede también que su crítica a los críticos de la Carta Magna se dirija al PSOE, cuyo nuevo secretario general, al igual que hizo su antecesor, promueve una reforma que tienda hacia el federalismo y resuelva problemas de encaje en el mismo cuerpo legal que presentan Cataluña, Euskadi y, si nos apuran, hasta Canarias. Porque si la banalización que tanto parece preocupar a Doreste es la que podría estar promoviendo Podemos, ha caído precisamente en el mismo modelo de obviedad en que cayó Pablo Iglesias cuando prometió en las Cortes su cargo como eurodiputado acatando la Constitución “hasta que los ciudadanos la cambien para recuperar la soberanía y los derechos sociales”. Como no puede ser de otra manera, y así lo prevé ella misma, la Constitución solo puede cambiarse por unos mecanismos democráticos consistentes en unas mayorías parlamentarias que son elegidas por los ciudadanos, a lo que se añade incluso el referéndum. Los que acceden a cargos de representación (como Pablo Iglesias) o institucionales (como Doreste) lo saben de sobra, y en todos los casos han de pasar por su acatamiento. Por lo tanto, le sobraron al nuevo presidente del TSJC algunas de sus obviedades solemnizadas, salvo que la intención fuera exactamente la que nos tememos. Porque puestos a amar a la Constitución, quizás debería el señor Doreste y los que le han aupado cuestionarse si se ciñen a ella cuando se entregan al poder político de manera tan poco decente.

Arropado en desagravio

La elección de Doreste como nuevo presidente del TSJ canario es una consecuencia más de la pérdida absoluta de independencia del poder judicial y su sometimiento absoluto al poder ejecutivo. Desde que alcanzó su mayoría absoluta en noviembre de 2011, el PP se propuso tomar todos los resortes del poder, y en el caso del Consejo General del Poder Judicial, abolió la elección de sus miembros por el Parlamento para reducirlo a una oscura negociación con el PSOE que desembocó en unos nombramientos enfocados al sometimiento del órgano de gobierno de los jueces. Tomada la cúpula por el poder político, todas las elecciones que de ella han dependido y dependen tienen la misma deriva. Doreste llegó a este puesto por sus apadrinamientos, particularmente por el que le prestó su antecesor, José Ramón Navarro Miranda, también ascendido por su relación personal con el presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes. Navarro Miranda, que en su última sentencia como presidente del TSJC absolvió al primer cargo público del PP canario acusado de corrupción, preside ahora la Audiencia Nacional, donde habrán de resolverse los graves problemas que tiene el PP con casos como Gürtel o Bárcenas. Ambos, por lo tanto, son los magistrados que más convienen al PP y, por analogía, a los poderes políticos y empresariales que revolotean a su alrededor, algunos de los cuales tienen (o tendrán) que comparecer ante la justicia por haber metido la mano en la lata del gofio. Contrariamente a lo que pretendió proclamar este jueves el presidente del CGPJ acerca de la idoneidad y profesionalidad de Doreste, su elección se produjo por los pelos, aun teniendo una amplia mayoría conservadora. De los 21 vocales del pleno del Poder Judicial, solo le votaron ocho; siete optaron por el gomero José María Fragoso; cuatro por Pilar Parejo, ex presidenta de la Audiencia de Las Palmas, y dos se abstuvieron. Para enmendar tamaño agravio, muchos vocales del CGPJ viajaron a Canarias este jueves a arropar al elegido. Quizás si el Gobierno de Canarias, y más particularmente el PSOE, hubieran hecho bien las cosas y defendido a un candidato de peso, Doreste no sería hoy nuevo presidente del alto tribunal canario.

Fernández Valverde respalda a Emilio Moya

Por si el descaro fuera poco y confirmando que la perplejidad del público les importa una higa, el vocal del Poder Judicial y magistrado canario del Supremo Rafael Fernández Valverde hizo tras la posesión de Doreste su particular aportación a la causa común del PP. Preguntado por los periodistas, Fernández Valverde respaldó la sonora metedura de pata del presidente de la Audiencia de Las Palmas, Emilio Moya, que hace quince días se mostró favorable a aplazar el juicio del caso Faycan a después de las elecciones para no perjudicar a la actual alcaldesa de Telde, por supuesto del PP, dando por hecho que concurrirá a la reelección. Con la falsa excusa de que ese favorcete se le hace a cualquier partido político (pregunten a Carmelo Padrón y a su inquisidor Fernando de Lorenzo; o al PSOE de Andalucía y a su juez Alaya), el magistrado y vocal del CGPJ encuadró en el “terreno de principios” –seguramente ignoto para la ciudadanía- su lógica de que “el poder judicial se repliegue y dicte sus resoluciones en un clima de neutralidad”. No existe ni un solo precepto legal (ni por supuesto constitucional, ya que andamos metidos en esa harina) que aconseje al poder judicial replegarse jamás, y menos en favor de un partido político, sea cual sea. Ni tampoco que la neutralidad se haya de perder porque haya elecciones por los alrededores. Al catálogo de obviedades y disparates se sumó en esta aciaga jornada para la independencia judicial el fiscal general de Canarias, que envió un corte de voz a los medios informativos felicitando al nuevo presidente del TSJC y mostrándole su “predisposición absoluta”, tanto suya como de toda la Fiscalía a trabajar “siempre al servicio de los funcionarios”. Descansamos más tranquilos.