Cae en desgracia (por corrupción) otro alto cargo que autorizó las prospecciones

La foto fue tomada el día en el que Pablo Saavedra veía cumplido uno de sus sueños, ascender en el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente al puesto que dejaba vacante Federico Ramos como secretario de Estado tras ser llamado a grandes empresas en La Moncloa por la mismísima vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Pablo Saavedra dejaba en manos de Raquel Orts Nebot la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar desde la que había pilotado, a las órdenes de Ramos, las autorizaciones ambientales a las prospecciones de la petrolera Repsol en aguas de Lanzarote y Fuerteventura, así como la pésima gestión del traslado y hundimiento, con grave contaminación, del pesquero ruso Oleg Naydenov. En el centro, de verde, la ministra del ramo, hoy en funciones, Isabel García Tejerina, que heredó el puesto de Miguel Arias Cañete, en estos momentos comisario de Energía y Medio Ambiente (¡manda huevos!) y responsable máximo del ministerio cuando la petrolera española logró el milagro de que se bendijeran sus proyectos de sondeos en Canarias sobre una amplia franja que en el mismo departamento gubernamental estaban tratando de declarar Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Pablo Saavedra quedó desenmascarado este lunes víctima del enésimo caso de corrupción descubierto en instituciones, organismos o empresas vinculados con el Partido Popular. En este caso concreto en la empresa pública Acuamed, cuya presidencia heredó al marcharse Ramos, también implicado en la misma red corrupta. Resulta grotesco leer hoy lo que aquel día dijo la ministra Tejerina en presencia de sus altos cargos salientes y entrantes: Estos han sido “unos años de mejora para el medio ambiente español que han servido para demostrar que el medio ambiente tiene que hacerse siempre desde abajo”. Desde la entrepierna, parece que quería decir.

Cañete, ¿el siguiente?

Saavedra negó durante semanas estar al tanto de las irregularidades detectadas en Acuamed por la Guardia Civil y la justicia, pero ahora se ha sabido que trabajadores de esa compañía se dirigieron a él por carta para denunciar que sufrían presiones para actuar irregularmente a favor de empresa amigas del PP. Las cartas afloraron y con ellas las mentiras de Saavedra y su absoluta inacción ante la podredumbre que tenía delante de sus narices. Es el modus operandi tradicional en estos cargos públicos del PP: les daba lo mismo que lo que hicieran fuera moralmente reprobable o penalmente perseguible. Hacían lo que les salía de los huevos sin reparar en nada. Y así actuaron, vayamos a lo que nos toca, con las prospecciones petrolíferas en Canarias. Todo el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente –incluidos los más golfos del lugar- sabía que esa autorización ambiental que se otorgó a Repsol estaba viciada desde el principio al fin, y que si se otorgó la declaración positiva fue por las presiones que se ejercían desde el Ministerio de Industria, ocupado entonces –y ahora en funciones- por José Manuel Soria. “Si no apruebo esa Declaración de Impacto Ambiental”, llegó a decir Federico Ramos delante de varias personas ajenas al ministerio, “los de ahí enfrente [señalando al Ministerio de Industria] me matan”. Y, en una demostración más de la impunidad reinante, añadió: “Nadie ha ido a la cárcel por aprobar una Declaración de Impacto Ambiental”. Tras el secretario de Estado y el director general solo falta ahora que las sospechas sobre el caso Acuamed alcancen al ex ministro Arias Cañete, actual comisario comunitario –por los pelos, eso sí- de Energía y Medio Ambiente. Es la tercera pieza de caza mayor que se ha propuesto abatir el Cabildo de Lanzarote, la única institución canaria que mantiene abiertos los pleitos judiciales de toda índole contra las prospecciones petrolíferas que Soria se empeñó en imponer frente a las costas de esa isla y de las de Fuerteventura.

Lanzarote, en solitario

Pues sí. El Cabildo de Lanzarote es –que se sepa- la única institución que se ha mantenido coherente en la estrategia de desenmascarar y en su caso castigar a todos los cargos públicos que antepusieron los intereses de la petrolera Repsol –de tenerlos- y de José Manuel Soria –de tenerlos también- por encima de los ambientales, los turísticos y los económicos. No es conveniente olvidar que hubo una unanimidad casi generalizada entre las instituciones canarias pero que fueron el Gobierno de la región y los cabildos de Lanzarote y de Fuerteventura los que lideraron aquel proceso de protesta política y social acompañada de una larga serie de acciones judiciales –todas ellas sin éxito, por el momento- contra las autorizaciones otorgadas. Tanto las que promovió Soria desde el Ministerio de Industria, como las que le concedió desde Agricultura el muy mentado Arias Cañete. Y decimos que no es conveniente olvidar porque dejar impune aquel grosero atropello puede contribuir a que un día aparezca por ahí otro iluminado y nos endose alguno de sus negocietes a sabiendas de que se podrá marchar de rositas. Y también es bueno saber qué instituciones y qué políticos son los que mantienen la coherencia en el tiempo y su compromiso con la ciudadanía y cuáles se rajan a la primera de cambio. El primero en hacer mutis por el foro fue, cómo no, el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, que en aquellos sonoros abrazos con José Manuel Soria tras las elecciones de mayo pasado se comprometió a hacer decaer todas las acciones. Incluidas las penales para las que se llegó a contratar al ex magistrado del Supremo José Antonio Martín Pallín y a su equipo de juristas. Pero Clavijo no gobierna solo, lo hace con el PSOE, que es cómplice de ese decaimiento, tanto en el Ejecutivo regional como en el Cabildo de Fuerteventura, la otra institución que callada la boca se ha desentendido de la lucha. Blas Acosta y Marcial Morales prefieren dedicarse a otras cosas más mundanas.