Hay cosas que no pueden ser y, además, deberían ser imposibles. Que el Puerto de La Luz siempre fue un mundo aparte, un Vaticano dentro del reino macondiano que son las Islas Canarias, es un hecho incontestable. Determinados empresarios muy poderosos, capaces de quitar y poner presidentes de la Autoridad Portuaria, capaces de convertir en molinos de energía eólica lo que otros creían que gigantes, se gobernaron solos hasta hace bien poco. La transparencia y la jerarquía democrática brillaba por su ausencia y fue ya bien entrado este siglo cuando esos poderes ocultos fueron cediendo algunas de sus parcelas de influencia hasta aparentar incluso un alto grado de bondadosa civilización. Todo parecía tender a normalizarse hasta que este jueves nos hemos enterado de que durante el mandato de Javier Sánchez-Simón le dieron la mano y se cogieron el codo: la deuda de la empresa Sestiba, aquella que produjo por negligencia un agujero de 18 millones de euros, la estamos pagando en exclusiva los contribuyentes, y no como se había acordado, la mitad la Autoridad Portuaria y la otra mitad las tres empresas operadoras.