Como les decíamos al principio de esta sección, tres han sido los motivos principales que han llevado a Mari Carmen López a la indignación. De un lado, el trasiego de menores inmigrantes desde Fuerteventura a Gran Canaria dos veces, gracias a la cabezonería de la consejera, que con su rueda de prensa de reivindicación de autoridad sólo consiguió que por el camino se fugaran unos cuantos. También calentó muchísimo las relaciones el empeño de Montelongo de aplicar a rajatabla la instrucción del Fiscal General del Estado, el inimitable Cardenal (que no es pariente del del circo, aunque lo parezca) de emancipar por narices a los menores que tuvieran dieciséis años en adelante. No les vamos a contar los visos de ilegalidad denunciados por los expertos porque no acabaríamos, pero sí les aseguramos que a la señora López, letrada, le pareció tan marciano aquello que se negó a aplicar algo que la convertía inmediatamente en delincuente: como directora general del Menor era la responsable de la tutela de esos jóvenes a los que pretendían poner en la calle sin la bendición de sus padres y sin más recursos que el cielo abierto.