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La jueza del caso Grúas llama a declarar como investigada a la funcionaria a la que Clavijo endosó la culpa

El nuevo defensor del presidente del Gobierno, José Antonio Choclán, utiliza recortes de prensa para pedir el sobreseimiento de la causa respecto de su cliente

Citados a declarar como testigos, entre otros, el secretario general de Presidencia del Gobierno, Ceferino Marrero y el exconcejal lagunero del PSOE Gustavo Matos

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Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias.

Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias.

La jueza que investiga el llamado cao Grúas, Celia Blanco, ha citado como investigada (antes imputada) a la funcionaria Rosario Hernández, en su momento cargo de confianza y directora general de Seguridad del Ayuntamiento de La Laguna a las órdenes de los que fueron concejales del área (y luego alcaldes) Fernando Clavijo y José Alberto Díaz, actualmente encausados en las mismas diligencias penales. Así lo notificó la magistrada este lunes a las partes atendiendo la petición de la acusación representada por Unid@s Se Puede, uno de los grupos denunciantes. El nuevo abogado de Clavijo, el exmagistrado José Antonio Choclán, ha solicitado el sobreseimiento de la causa respecto de su patrocinado aferrándose, entre otros argumentos, a recortes de prensa en los que se relata la existencia un supuesto informe de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma favorable a sus tesis que, sin embargo, no ha sido incorporado a las diligencias por haberlo rechazado la jueza instructora.

La funcionaria Rosario Hernández, que abandonó el Ayuntamiento de La Laguna tras estallar el escándalo del caso Grúas, es una de las firmantes de los informes en los que se basaron muchas de las decisiones ahora investigadas por la justicia. Era directora general de Seguridad, es decir, cargo de libre designación del grupo de gobierno, en su caso durante la alcaldía de Ana Oramas, Fernando Clavijo y, más recientemente, José Alberto Díaz, a las órdenes del que en cada momento estaba al frente de la concejalía.

A Hernández se han referido tanto Clavijo como Díaz por ser la responsable de las decisiones que ellos posteriormente tomaron contraviniendo los dictámenes del interventor general de la Corporación, siempre contrarios a decisiones referidas al servicio municipal de grúas. Entre otras, a la concesión de un préstamo de dinero público para pagar deudas y a la negativa del grupo de gobierno a rescatar la concesión al detectarse que la empresa explotadora estaba incursa en causa de disolución e incumpliendo las bases del concurso.

La jueza ha descartado llamar a declarar como testigo al primer propietario de Autogrúas Poli, José Padilla, al que se adjudicó el servicio cuando fue privatizado por Fernando Clavijo siendo concejal de Seguridad del Ayuntamiento de La Laguna. También ha rechazado llamar a declarar como testigo al comprador de la sociedad cuando finalmente resultó inviable tras la aventura que emprendieron siete de sus trabajadores, supuestamente recomendados de Clavijo, a los que Padilla tuvo que vender la empresa por presiones políticas.

Sí ha aceptado la jueza que comparezcan como testigos el actual secretario general de Presidencia del Gobierno, Ceferino Marrero, quien ejercía un cargo de similares atribuciones en el Ayuntamiento de La Laguna bajo la alcaldía de Clavijo; y el responsable de los servicios económicos del consistorio, Estanislao González Alayón. También deberá testificar en la misma condición el exconcejal socialista en el Ayuntamiento de La Laguna Gustavo Matos, uno de los pocos que en su día (2005) advirtió de la ilegalidad de las operaciones que se ejecutaban en torno a la empresa del servicio de grúas.

Choclán pide el archivo

Sin que se hayan practicado nuevas pruebas tras la imputación del presidente del Gobierno, su abogado, José Antonio Choclán, ya ha pedido el archivo de la causa respecto de su patrocinado. A lo largo de un escrito de 49 folios (más 11 de documental), el exmagistrado de la Audiencia Nacional despliega todo el historial de las diligencias previas incluidas diversas informaciones periodísticas, en concreto aquellas que hicieron referencia en su día a la presunta existencia de un informe del Ministerio Fiscal, jamás incorporado, en el que su autor no apreciaba indicios de delito en el caso Grúas durante el tiempo que estuvo en la antesala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Además, Choclán trata de rebatir cada uno de los delitos que indiciariamente le ha atribuido al presidente Clavijo la fiscala anticorrupción, María Farnés Martínez: tráfico de influencias, prevaricación y malversación de fondos públicos. Para ello hace un recorrido pormenorizado por todos los hitos del expediente administrativo incorporado por el Ayuntamiento de La Laguna a la instrucción.

Para el abogado de Clavijo, no existe delito alguno y, por ello, no es necesario practicar más diligencias “que solo contribuirían a dilatar la causa y mantener viva la llama prendida por los opositores políticos, que utilizarán este procedimiento a su conveniencia y para obtener rédito político”.

A esa posición de Choclán respondió de inmediato uno de los denunciantes, Santiago Pérez, de Por Tenerife, en la actualidad candidato a la alcaldía por Avante La Laguna, para quien el letrado “se comporta jurídicamente como un godo que piensa que aquí seguimos en taparrabos en Derecho”. Santiago Pérez dijo este mismo lunes que “el abogado súper estrella y súper caro que ha contratado Clavijo ha venido a darnos una lección de Derecho a los canarios. No sólo a los denunciantes que ejercemos la acusación popular, sino a la Fiscalía Anticorrupción y a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que en dos ocasiones ha percibido con claridad serios indicios de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en las actuaciones de Clavijo y su subordinado, el actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz”.

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