eldiario.es

9
Menú

Nuevo varapalo judicial contra el Ayuntamiento de Mogán por suspender de empleo y sueldo a un policía local

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por uno de los agentes expedientados por el consistorio grancanario

- PUBLICIDAD -
Ayuntamiento de Mogán

Ayuntamiento de Mogán Alejandro Ramos

Una jueza ha estimado parcialmente el recurso presentado por uno de los cuatro agentes de la Policía Local  expedientados por el Ayuntamiento de Mogán y anula la medida cautelar que le suspendía de empleo y sueldo durante seis meses. La titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Las Palmas de Gran Canaria considera que la justificación que ha usado el consistorio para justificar la medida es insuficiente porque “debe venir vinculada a que resulte indispensable o muy necesaria para garantizar la normalidad del servicio público o para no perjudicar la instrucción del expediente”.

La magistrada considera que el consistorio grancanario no indica “en qué medida pudiera influir en la investigación de los hechos” que el policía local continúe o no en su puesto, ni tampoco que sea “necesario para asegurar la eficacia de la resolución” o si la suspensión provisional de empleo y sueldo “alteraría el funcionamiento del servicio”.

Los hechos que desencadenaron la apertura del expediente por parte del Ayuntamiento de Mogán tuvieron lugar el pasado 2 de febrero, cuando los cuatro agentes recibieron una orden del consistorio para precintar un restaurante en Puerto Rico que no cumplieron, porque el propietario del local se negó alegando que le causaría un grave perjuicio de imagen ya que en ese momento el recinto se encontraba repleto de comensales, según la versión del abogado de los agentes

Posteriormente el concejal de Policía y Recursos Humanos, Mencey Navarro, firmó un decreto por el que abría expediente disciplinario a los cuatro agentes y les suspendían de sus funciones por una duración de seis meses. Los agentes decidieron acudir a la vía judicial y el Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria  paralizó de forma cautelar la suspensión de empleo y sueldo de dos de los cuatro agentes; al mismo tiempo, la oposición presionaba al Ayuntamiento de Mogán hasta que, durante un pleno celebrado el 15 de marzo, anuló su propia medida.

Según el auto, el consistorio asegura que el agente no comunicó a su superior que no ejecutó la orden recibida para cerrar el local, un acto que puede ser calificado como una falta grave según el artículo 95 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y, por ello, procedieron a la suspensión cautelar de empleo y sueldo durante seis meses, justificandolo con los artículos 33 del EBEP y 56 de la Ley 6/1997. Aunque la juez reconoce que “los preceptos legales en los que se sustenta la suspensión de funciones en el acto impugnado permite la adopción de dicha medida”, el consistorio no puede operar de forma “autónoma y automática” justificando que el incumplimiento por los agentes de policía de las órdenes de un superior jerárquico afecta al interés general, a la confianza de los ciudadanos y al desprestigio de la administración.

Desde la oposición consideran que la actuación del Ayuntamiento de Mogán, gobernado conjuntamente por Ciuca y PSOE, obedece a intereses particulares, ya que uno de los agentes expedientados es un representante sindical de UGT que solicitó la dimisión del jefe de la Policía local de Mogán, Tomás Hernández, quien logró ese puesto de trabajo como agradecimiento a los servicios prestados durante los meses previos a las elecciones, época en la que supuestamente, tras terminar sus turnos laborales, hacía de chófer de la hoy alcaldesa Onalia Bueno, según se desvela de la conversación entre el exalcalde de Mogán Francisco González y uno de los miembros de la campaña electoral de Ciuca Mogán.

En un comunicado el Partido Popular en Mogán recuerda que la oposición reclamó explicaciones de Onalia Bueno, de Mencey Navarro y de Tomás Hernández, pero “la primera teniente de alcalde, la socialista Pino González, salvó a sus socios de gobierno de comparecer y dar explicaciones aludiendo a la ley de transparencia”.

Según asegura Maicol Santana, portavoz de la formación popular en el consistorio grancanario, “esta no será la única sentencia que sea notificada contra el ayuntamiento en este asunto, puesto que próximamente se conocerá el fallo de las denuncias presentadas por los otros tres agentes afectados en este expediente”.

- PUBLICIDAD -

Comentar

Enviar comentario

Enviar Comentario

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha