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Los compañeros de Salvador Alba en la Audiencia lo desautorizan y frenan la reapertura de la bodega Stratvs

La Sección Sexta invalida una providencia dictada por el juez el pasado lunes y suspende el desprecinto hasta que se resuelvan los recursos presentados por la Fiscalía y la acusación popular

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El juez Salvador Alba, junto a sus compañeros de la Sección Sexta Emilio Moya y Carlos Vielba. (ALEJANDRO RAMOS)

El juez Salvador Alba, junto a sus compañeros de la Sección Sexta Emilio Moya y Carlos Vielba. (ALEJANDRO RAMOS)

El magistrado Salvador Alba ha sido desautorizado por sus propios compañeros de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que han invalidado la providencia dictada el pasado lunes por el juez para levantar el precinto sobre la bodega Stratvs, ubicada en el paisaje protegido de La Geria, dentro del municipio lanzaroteño de Yaiza. La resolución ha sido publicada este viernes por Lancelot, el grupo de comunicación del influyente empresario Juan Francisco Rosa, propietario también de la bodega, que fue cerrada por orden judicial a finales de 2013.

La Sección Sexta ha decidido paralizar el desprecinto de la bodega hasta que se resuelvan los recursos que tanto la Fiscalía Provincial de Las Palmas como la acusación popular, ejercida por la asociación Transparencia Urbanística, han presentado contra el auto del pasado 2 de enero que estimaba el recurso interpuesto por el propietario de Stratvs contra las medidas cautelares de cierre y prohibición de actividad decretadas en 2013 por el Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife.

Salvador Alba es el ponente de ese auto que daba por válidos los informes periciales de parte presentados por la defensa de Rosa sin entrar a valorarlos en profundidad y obviaba una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula el plan de La Geria, el mismo que, según el propietario de Stratvs, daría cobertura legal a la bodega.

Según cuenta otro diario, La Voz de Lanzarote, fue el abogado de Rosa quien llamó por teléfono a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas el pasado 3 de enero, un día después de que se dictara el mencionado auto, para instar a la Sala a que solictara al Seprona la retirada del precinto sobre las instalaciones. El secretario judicial trasladó por escrito a Alba esta petición, que fue atendida por el juez en la providencia del día 9, ahora invalidada. En ella ordenaba el "inmediato desprecinto" de la bodega para dar cumplimiento al auto.   

Bodega Stratvs.

Bodega Stratvs. Canarias Ahora

La resolución del 2 de enero ha sido recurrida de forma contundente por la Fiscalía, que se ha mostrado sorprendida por la decisión de permitir la reapertura de un complejo que "no puede existir" en el espacio en el que se levanta, el paisaje protegido de La Geria, y que es "absolutamente ilegal e ilegalizable". En ese recurso, el Ministerio Público critica la "escasa" fundamentación del auto firmado por Alba, de tan solo cuatro páginas, que además contradice a otro que el mismo juez dictó en 2014 sobre el mismo asunto.

En la misma línea, Transparencia Urbanística ha recordado que es "legalmente imposible" que la bodega Stratvs obtenga los permisos para poder operar. A juicio de la asociación, quien le otorgase la licencia de primera ocupación incurriría en un "clamoroso" delito de prevaricación , puesto que la obra ejecutada no se corresponde con la autorizada. Los propietarios habían solicitado una licencia para rehabilitar una vivienda de valor etnológico y construir una bodega subterránea de 900 metros cuadrados, pero acabaron demoliendo el inmueble y levantando un complejo que supera los 12.000 metros cuadrados y que incluye un restaurante, una terraza y aparcamientos.

En el escrito de acusación del juicio oral que debe celebrarse a partir de junio, también con Alba como ponente, la Fiscalía pide quince años de prisión para el dueño de la bodega Stratvs, Juan Francisco Rosa, por delitos de falsedad en documento oficial, usurpación de bienes, contra la ordenación del territorio con afectación grave a un espacio natural protegido, contra el patrimonio histórico y contra el medio ambiente por excavación ilegal en un espacio protegido. La asociación Transparencia Urbanística, por su parte,  solicita 21 años de cárcel al añadir tres presuntos delitos de tráfico de influencias.

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