Anulada una multa de la ley mordaza a la activista canaria Koldobi Velasco por una protesta contra el BBVA en Bilbao

Koldobi Velasco durante la protesta en Bilbao contra la financiación de la industria armamentística del BBVA

Canarias Ahora

17 de febrero de 2022 12:46 h

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La justicia ha absuelto a la activista Koldobi Velasco, profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, después de que en 2019 fuera propuesta para sanción por la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco por participar en una protesta en Bilbao contra el BBVA. Los hechos tuvieron lugar en marzo de ese año, cuando Velasco, junto a otras activistas, se presentó en el Palacio Euskalduna con motivo de la celebración de la Junta de Accionistas del BBVA para denunciar que los beneficios del banco español estaban “manchados de sangre” por liderar, según expone Alternativa Antimilitarista MOC en un comunicado, “la inversión en industria armamentística”, entre otras cosas.

La Policía identificó a Koldobi Velasco y a otras seis personas y fueron propuestas para sanción, recurriendo a la ley mordaza, como recuerda el movimiento antimilitarista. Estas acciones fueron posteriormente recurridas por las activistas y los grupos organizadoras de la acción por entender que la protesta y la movilización social son derechos fundamentales de la ciudadanía. “La actuación contra las mismas a través de la ley mordaza supone un ataque a la libertad de reunión y de expresión y un intento de desmovilizar la protesta a través de multas”, se lee en el escrito. 

En su sentencia, la jueza Rosa Esperanza Sánchez Ruíz-Tello considera lo mismo al dictar que “como ejercicio del derecho a la libertad de expresión la protesta fue lícita, legítima y eficaz” y, por ello, resolvió a favor de la activista. La magistrada asegura que la protesta no afectaba al orden público y que la Policía “extremó en exceso su celo”.  

Alternativa Antimilitarista MOC, una de las organizaciones participantes en la protesta, ha valorado muy positivamente el contenido de la sentencia porque supone un “reconocimiento de la legitimidad de la desobediencia civil como herramienta de participación política y una reivindicación de la libertad de expresión frente al recorte de derechos que supone la ley mordaza, aún vigente”.

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