La Audiencia Nacional anula el ERE de Ryanair en Canarias

La Audiencia Nacional ha declarado nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la aerolínea irlandesa Ryanair en sus bases de Canarias, que afectó a 224 trabajadores, y obliga a readmitirlos de forma inmediata “en las mismas condiciones en que venían desempeñando sus servicios”.

En su sentencia, la sala de lo Social ordena a la compañía, además, que efectúe “el abono inmediato” de los salarios que los afectados por este despido colectivo “dejaron de percibir desde la extinción del contrato”.

En 2019, Ryanair anunció el cierre de las bases de Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria, medida que también afectaba, en un primer momento, a la de Gerona; sin embargo, a principios de diciembre, optó por mantener esta última aunque con un funcionamiento estacional si los trabajadores aceptaban un cambio de contrato, que pasaría de fijo a fijo discontinuo.

Con todo, algunos trabajadores de la base catalana -13, según los sindicatos y de los que se hace eco la sentencia-, se vieron finalmente perjudicados.

Según defendió la aerolínea, la medida venía motivada por la ineficiencia de estas sedes, el retraso de las entregas de los Boeing 737-MAX, el elevado coste de operaciones, así como en la incertidumbre ante el escenario posterior al Brexit y su impacto en territorio insular.

Argumentos que fueron rechazados durante la vista, celebrada el pasado 10 de marzo, por los tres sindicatos que impugnaron el ERE, USO y Sitcpla, como representantes de los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) afectados, y Sepla, en nombre de los pilotos en idénticas circunstancias, que sostuvieron que la compañía no había podido demostrar la facturación en las operaciones de las bases canarias.

Ahora la sentencia de la sala de lo Social, de la que ha sido ponente el juez Ramón Gallo, considera que el procedimiento “estuvo presidido en todo momento no ya por la ausencia de buena fe de la empresa demandada, sino por una evidente mala fe patronal encaminada a cerrar las bases aéreas de las Islas Canarias, y a convertir la que explota en Girona en una base estacional al menor coste posible”.

Los magistrados se detienen en el punto de partida de dicha intención de cierre, que “ya había sido pregonada por la empresa y se comunica formalmente a la plantilla el 23 de agosto de 2019. Paralelamente, el día siguiente se hace, de forma individualizada y en masa al colectivo de pilotos, una oferta de permisos sin sueldo por un año, traslados y recolocaciones en empresas del grupo”.

Sin embargo, dicha oferta, lejos de ser “un acto de transparencia empresarial, supone ya de inicio vaciar de contenido el ulterior periodo de consultas, cuyo inicio fue de forma deliberada retrasado por la empresa”, interpretan.

En este sentido, consideran que la “información y documentación aportada entonces por Ryanair impidió que pudiera desarrollarse un debate” propio de una fase de negociación, mostrando la “posición obstruccionista de la empresa”.

La sala cree que la aerolínea “ha aprovechado la aparición de una circunstancia de marcado carácter temporal o coyuntural”, la demora de los Boeing 737-MAX, para cerrar varios de sus centros de trabajo “sin referir” aspectos que sí justificarían la existencia de una causa productiva u organizativa para el despido colectivo.

Asimismo, destaca la “total falta de consideración” de los representantes de la empresa hacia los sindicatos, “evidenciada” en algunos detalles formales de la negociación, lo que “no hace sino ratificar que la empresa acudió al periodo de consultas con una decisión predeterminada e irrevocable, y que en ningún momento tuvo intención de abordar una negociación”.

En un comunicado, el secretario general de USO en Ryanair y TCP afectado en la base de Tenerife Sur, Gustavo Silva, celebra el fallo de una “durísima” Audiencia Nacional, que da la razón a los trabajadores frente a la aerolínea.

Ryanair aún puede recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, tal como recuerda el sindicato, que añade que los trabajadores incluidos en el ERE “tienen que ser readmitidos” aunque luego la compañía solicite su inclusión en el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor ante la situación actual.