Canarias abre su séptimo año judicial bajo la sombra del caso Alba, con el exjuez en libertad 300 días después de su condena

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado, abrirá este viernes de forma oficial el año judicial en el Archipiélago con un discurso en el tradicional acto solemne en el Palacio de Justicia de la plaza de San Agustín de Las Palmas de Gran Canaria. Será, si la Sala de lo Civil y lo Penal no lo remedia a lo largo de esta semana, el séptimo inicio de curso ensombrecido por el caso Salvador Alba, el juez de la Audiencia Provincial de Las Palmas que maquinó contra la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, durante los meses en que la sustituyó al frente del Juzgado de Instrucción 8 de la capital grancanaria.

De no producirse ninguna novedad hasta el viernes, la ceremonia se celebrará sin que el TSJC haya logrado ejecutar aún la pena de seis años y medio de cárcel impuesta al exjuez por los delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento oficial. Una condena que es firme desde el pasado 17 de noviembre. Este martes se cumplen, por tanto, 300 días desde que el Supremo ratificara la sentencia dictada por el alto tribunal canario en septiembre de 2019, hace ya tres años. 

Diez meses después del fallo del Supremo, el exjuez continúa en libertad tras haber desplegado un arsenal de recursos y recusaciones para tratar de esquivar o al menos retrasar el ingreso en prisión por una causa que se inició en 2016 tras descubrirse, a través de la grabación realizada por un empresario al que investigaba, la operación que pergeñó con el objetivo de dañar la reputación de la magistrada en excedencia Victoria Rosell, entonces candidata al Congreso por Podemos en la provincia de Las Palmas, y favorecer la querella que contra ella había presentado uno de sus rivales políticos en esos comicios, José Manuel Soria (Partido Popular), en aquel momento ministro de Industria, Energía y Turismo. 

Del último ardid de Alba, aún sin resolver, hace ya tres meses. A principios de junio su defensa presentó un incidente de recusación para tratar de apartar de la sala que debe decidir sobre la ejecución de la pena al presidente del TSJC. Lo hizo al entender que Lorenzo Bragado había perdido su imparcialidad, “al menos en apariencia”, por haber contestado en el Parlamento de Canarias, durante su comparecencia para presentar el balance judicial de 2021, a una pregunta en relación con este proceso que había formulado Francisco Déniz, portavoz del grupo parlamentario Sí Podemos, en el que se integra la formación política Podemos, que ejerce la acusación popular en la causa contra el exjuez, junto a Sí Se Puede, el partido en el que milita el diputado. 

Sin entrar en los pormenores del procedimiento de ejecución, el presidente del TSJC se limitó a defender la “pulcritud” de la Sala de lo Civil y lo Penal y el “absoluto respeto a las normas procesales”, negando que se hubiera producido un trato privilegiado o diferenciado hacia el exmagistrado por corporativismo, como sugería en su pregunta el parlamentario al incidir en la demora en la ejecución de esa condena por los delitos “más graves que puede cometer” un juez en el ejercicio de su cargo, tal y como lo definió el fiscal. 

“Tenga la completa seguridad de que la Sala que yo presido está dando cumplimiento estricta y puntualmente a todos y cada uno de los trámites legales”, dijo Lorenzo Bragado en esa comparecencia. Una somera referencia a la causa que sería utilizada por Nicolás González-Cuéllar, el abogado que Alba comparte con el exministro Soria, para hablar de una supuesta “quiebra de la separación de poderes” y tratar de apartar de la causa al presidente del TSJC. 

A pesar de la oposición del fiscal Vicente Garrido, que apreció en esa última maniobra de la defensa de Alba un “evidente ánimo dilatorio”  y definió su escrito como un ejercicio de “elucubración” cargado de “juicios de valor sin fundamento”, el TSJC admitió a trámite el incidente de recusación presentado por el condenado al entender que cumplía todos los requisitos formales y que se sustentaba en un “principio de prueba”, esto es, en la grabación de la comparecencia de Lorenzo Bragado en una comisión del Parlamento de Canarias. 

El auto de admisión está firmado por el magistrado Nicolás Acosta el pasado 22 de junio. Ese mismo día se designaba como ponente de la sala que debe decidir sobre la recusación a la magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC Lucia Débora Padilla, siguiendo los criterios recogidos para este tipo de casos en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Más de 80 días después, superados los meses de julio, agosto -inhábil para todas las actuaciones judiciales, excepto para las declaradas urgentes- y casi la mitad de septiembre, el alto tribunal canario sigue sin pronunciarse sobre el fondo de la pretensión de Alba.

Un plazo paralizado desde hace siete meses

El plazo para el ingreso voluntario en prisión del exjuez está paralizado desde el pasado 15 de febrero. En esa fecha, un día antes de que finalizara y de que, por tanto, tuviera que entrar ineludiblemente en la cárcel para cumplir la condena, su abogado presentó un escrito en el que solicitaba la suspensión de la pena tras alegar, sobre la base de un informe médico, que su cliente padecía una enfermedad grave que le impedía viajar en avión y desplazarse hasta la Península, a uno de los cinco centros penitenciarios que disponen de módulos de alta seguridad para autoridades relacionadas con la persecución de delitos. 

Hasta tres informes forenses han concluido que las dolencias que padece Salvador Alba son compatibles con su ingreso en prisión. Los dos primeros, firmados por profesionales del Instituto de Medicina Legal (IML) de Las Palmas, fueron anulados después de que el TSJC admitiera el incidente de recusación que el condenado presentó contra sus autoras aduciendo que las médicas conocían a Victoria Rosell, la víctima de sus delitos, de la época en la que la actual alto cargo del Gobierno de España ejerció como magistrada en un juzgado de instrucción de la capital grancanaria. La Sala tuvo que pedir un tercer dictamen, esta vez al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife. Las conclusiones fueron idénticas. 

Ese tercer informe forense, fechado el 26 de mayo, cercenaba las opciones de Alba de evitar el ingreso en prisión. El TSJC había dado un plazo de tres días a las partes personadas en el procedimiento para que se pronunciaran sobre su requerimiento de suspensión de la pena y la resolución parecía inminente. Sin embargo, la comparecencia de Lorenzo Bragado en la comisión parlamentaria tan solo nueve días después y el inmediato incidente de recusación presentado por su abogado le han dado otro respiro, de momento de tres meses, el mismo periodo que logró dilatar la causa con su primera recusación contra las forenses del IML de Las Palmas. 

Salvador Alba no ha mostrado “indicio alguno de arrepentimiento” por los delitos que cometió para tratar de perjudicar la carrera política y profesional de Rosell. Así lo advirtió el TSJC al oponerse a que se le concediera el indulto parcial que para el exjuez ha solicitado su pareja, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo. 

Además, en una reciente denuncia presentada contra Canarias Ahora por la difusión de una fotografía suya y de su esposa en una playa del municipio de Telde, en el que residen, Alba sostuvo ante un agente de la Policía Nacional que este periódico le persigue por haber “desmantelado un supuesto caso de corrupción” de la víctima de sus delitos.

La sentencia obligó al ex juez a indemnizar con 60.000 euros a la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género por los daños y perjuicios que le ocasionó con esa operación maquinada en el ejercicio de su cargo como juez. Alba llegó a incorporar falsedades a un informe remitido al Supremo que sirvió para que la Sala Segunda de este tribunal, con el magistrado Manuel Marchena al frente, admitiera la querella que Soria había presentado contra la magistrada en excedencia en plena contienda electoral y que, pese a que acabaría siendo archivada, provocó la renuncia de Rosell a continuar en la Diputación Permanente del Congreso y a repetir en las listas de los comicios celebrados en 2016. 

Durante la tramitación del expediente que analiza la solicitud de indulto parcial, Alba declaró ante un funcionario policial que en la actualidad ejerce como abogado colaborador en el despacho del exdiputado del Partido Popular (PP) Jorge Rodríguez, quien a su vez firma la querella que el exjuez ha presentado contra varios trabajadores de Canarias Ahora por los supuestos delitos de acoso, revelación de secretos y pertenencia a organización criminal.