La Comisión Europea investiga si Puertos de Canarias dio una ayuda ilegal a Fred. Olsen por el uso del puerto de Agaete

La Comisión Europea (CE) ha abierto una investigación en profundidad para analizar de nuevo si la naviera noruega Fred. Olsen recibió ayudas de Estado ilegales por parte de Puertos de Canarias, después de que la Justicia comunitaria anulara la decisión de Bruselas de 2015.

Bruselas realizó el anunció este lunes y justificó la iniciativa por la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea que en marzo de 2018 dio la razón a la empresa de transporte española Naviera Armas y anuló la decisión de la CE que declaró que Fred Olsen no estaba recibiendo ayudas de Estado pese al uso exclusivo del Puerto de las Nieves, en Agaete, Gran Canaria.

Tras una queja de Naviera Armas, competidora de Fred. Olsen, la Comisión en 2015 concluyó que las condiciones de uso de la infraestructura portuaria financiada públicamente en el puerto de las Nieves no constituían una ayuda del Estado a favor de la empresa noruega.

Naviera Armas acudió a la Justicia de la UE y el Tribunal General anuló de manera parcial la decisión de Bruselas en la medida en que la Comisión había concluido que las medidas no suponían un apoyo público sin abrir una investigación en profundidad.

A la luz de esa sentencia, la CE volverá a evaluar, en particular, si Puertos de Canarias cobró a Fred Olsen un precio “suficiente” por el uso “de facto exclusivo” de la infraestructura portuaria del puerto de las Nieves.

Fred. Olsen fue la primera naviera comercial en solicitar y recibir una autorización para utilizar el puerto de las Nieves para el transporte comercial. La firma ha operado una ruta con ferry entre Puerto de las Nieves y Tenerife desde 1994, señaló la Comisión. “Debido al tamaño muy limitado del puerto, con solo un lugar de atraque, Puertos de Canarias ha rechazado peticiones de otras empresas navieras para usar la infraestructura basándose en razones de seguridad”, añadió Bruselas.

La apertura de la investigación en profundidad permitirá a España y cualquier parte tercera interesada enviar sus comentarios y opiniones al Ejecutivo comunitario, pero su activación no prejuzga el resultado final del análisis.