Una concejala, un clan familiar y un millón de euros de dinero público: las claves del 'caso Odín' que sacude a Puerto del Rosario

Una concejala, un clan familiar, 36 contratos y más de un millón de euros de dinero público. La operación Odín ha sacudido al Ayuntamiento de Puerto del Rosario (Fuerteventura) al investigar el posible uso “abusivo y fraudulento” de los contratos de emergencia y los contratos menores para “favorecer al círculo familiar y de amistad” de María de la Peña Armas Hernández, edil de Fuerteventura Avanza en la corporación municipal hasta 2023. Estos hechos, según la Fiscalía Anticorrupción, podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración.

La investigación abarca el periodo entre abril de 2020 y febrero de 2023. La rama empresarial de esta trama la componen familiares y amigos de la concejala. Entre ellos están Cipriano Armas, primo hermano de la política; la pareja y el suegro de éste, Lorena Brito y Alberto Brito; Sergio Armas, primo de la edil y hermano de Cipriano Armas; y su pareja, Dagmara Ewelina. El Ministerio Fiscal también coloca en el centro del entramado a Luis Espinel Morera, el arquitecto municipal y cuya ayuda resultaría “inescindible” para sacar adelante las adjudicaciones a pesar de los reparos de la Intervención.

Un exhaustivo escrito de 95 páginas, elaborado por el fiscal Javier Ródenas, señala que la investigación del equipo de delitos económicos de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) “evidencia” que los implicados “convinieron en participar en un plan fraudulento en el seno de la contratación pública” del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. El objetivo: el incremento económico de las empresas adjudicatarias “a cargo de fondos públicos” y omitiendo las garantías legales que deben regir los procedimientos de contratación.

“Los investigados pudieron aprovechar en su beneficio la posición de superioridad que proporcionaba el ejercicio de la función pública de su prima [...] así como la directa relación con el arquitecto técnico investigado”, puede leerse en el escrito de la Fiscalía.

Aunque la relación de parentesco entre los empresarios y la concejala no supone por sí sola la existencia de un conflicto de intereses, la perspectiva penal de los hechos pasa por que se haya “falseado la competencia” y orientado el proceso de adjudicación “en favor de los familiares de la concejala”.

La UDEF también ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad un oficio policial en el que se detallan irregularidades en la forma de pago del domicilio de la concejala. Peña Armas es titular del 100% de la vivienda, adquirida en 2022 y, aunque el escrito no da más detalles sobre cuáles son las anomalías que se han identificado, sí concluye que apuntalan “las ilícitas conductas denunciadas por su potencialidad incriminatoria”.

La Fiscalía también analiza la posible financiación irregular de la campaña electoral de Fuerteventura Avanza. Los investigadores han comprobado que los empresarios retiraban en efectivo parte del dinero que el Ayuntamiento les ingresaba en sus cuentas por los servicios contratados. A veces las extracciones eran el mismo día del ingreso. Otras, al día siguiente. Por ello, el Ministerio Público estudia si los familiares de la concejala podrían haber reintegrado parte del dinero en favor de la campaña electoral de su partido.

Los contratos

La investigación ha detectado irregularidades en 36 contratos. En ellos -sostiene el Ministerio Público- se incumplen los principios del procedimiento de contratación, como la igualdad de trato, la eficiente utilización de fondos, el control de gasto, la transparencia o la selección de la oferta más ventajosa. La Fiscalía apunta que este proceso se “instrumentalizó” para ofrecer una apariencia de legalidad.

El 50% de los contratos fueron adjudicados a las empresas de Cipriano Armas (Tuercón Canarias, Codeplag Canarias y Montaña del Silvo) por un importe total de 522.272,38 euros. A su pareja, Lorena Brito, se le adjudicaron seis contratos por 210.011,49 euros. Los cónyuges percibieron un total de 732.283,87 euros, que fueron ingresados a la misma cuenta bancaria. Además, 13 de las adjudicaciones que se le concedieron fueron tramitadas o resueltas directamente por su prima, María de la Peña Armas.

El suegro de Cipriano Armas, Alberto Brito, obtuvo 61.244,78 euros de dinero público. Las empresas Ocios Armas Canarias y Montaña del Silvo, propiedad de Sergio Armas, hermano de Cipriano Armas, fueron adjudicatarias de contratos por valor de 132.396,59 euros. Por su parte, Dagmara Ewelina, contratada en Ocios Armas Canarias, recibió 93.666,96 euros.

“No hay nada que ocultar”

Las denuncias de los hechos llegaron a la Fiscalía en 2023. Una la presentó un denunciante anónimo y otra, Podemos. El 17 de julio de este año, la Policía detuvo en Fuerteventura a tres personas en el marco de esta operación: el arquitecto municipal, la concejala y uno de los empresarios. El fiscal ha pedido el registro en el domicilio de Peña Armas, Luis Espinel y Cipriano Mesa, así como del despacho de la concejala y del funcionario municipal.

En un comunicado, Fuerteventura Avanza sostiene que la investigación es “parte de una denuncia con un marcado carácter político”. El partido asegura que Peña Armas ha colaborado “plenamente con la investigación judicial en curso” y defiende su compromiso con la “legalidad y la transparencia”. “No hay nada que ocultar”, sostienen.