La Fiscalía abre una investigación a una residencia de mayores en Canarias

La Fiscalía General del Estado ha informado de que tiene abiertas un total de 38 diligencias de investigación penal a residencias de mayores de todo el país, una de ellas en Canarias.

Aunque no se ha especificado a qué residencia se está investigando, se da la circunstancia de que todos los mayores residentes en centros y que han fallecido en Canarias por coronavirus se encontraban en la isla de Tenerife, donde estas defunciones ascienden a 10.

La mayor parte de las diligencias se refieren a la Comunidad de Madrid, donde hay 19 investigaciones a estos centros por la gestión de la pandemia del coronavirus.

El Ministerio Público, que advierte de que “esta no es una foto fija” respecto a las investigaciones desarrolladas a las residencias, ha informado este viernes de que las distintas Fiscalías Superiores también han elaborado 124 informes de seguimiento a estos centros.

Según la Fiscalía, “a día 15 de abril” ha “constatado abiertas” 19 investigaciones en Madrid; siete en Cataluña; cinco en Castilla-La Mancha; dos en Castilla y León y Murcia; y una en Canarias, en Valencia, y en Cantabria.

Sin embargo, el Ministerio Público admite que la cifra puede ser mayor porque estos datos provienen de las Fiscalías Provinciales, que remiten la información a las Superiores y éstas a la Fiscalía General, por lo que es posible que se hayan abierto nuevas diligencias y no se haya recibido dicha información.

Por ello, la Fiscalía se ha comprometido a actualizar los datos el próximo martes.

El ministerio público no ha precisado cuáles son los presuntos delitos por los que se investiga a dichos centros ni los nombres de los mismos.

En el orden civil, las Fiscalías Superiores han abierto 124 expedientes, tanto a residencias como a usuarios en el ámbito de protección de sus derechos.

Por otra parte, el Defensor del Paciente ha presentado más de 200 denuncias por fallecimientos de mayores en residencias de todo el país en las que pide investigar si se ha podido cometer un delito de omisión del deber de auxilio, entre otras, precisan a Efe fuentes de esta institución.

Dichas fuentes explican que se trata de personas que no han derivado a hospitales y a quienes no se les hizo prueba de COVID, ni se le facilitó asistencia sanitaria y tampoco se permitió a sus familiares que se los llevasen a casa. “Se les ha dejado morir” y “la responsabilidad es doble, de las empresas que las gestionan y de las CCAA”, han aseverado las fuentes.

En la Comunidad de Madrid, que acumula el mayor número de residencias investigadas, fuentes fiscales han precisado que las diligencias suelen abrirse a raíz de denuncias de familiares de los ancianos residentes o de asociaciones como el Defensor del Paciente.