Inspección de trabajo da un ultimátum al Ayuntamiento de Mogán por las deficiencias en la prestación del servicio de recogida de basura
Comisiones Obreras ha afirmado que la Inspección de trabajo ha dado un plazo de 6 a 9 meses para que Caseur SA, la empresa responsable de la gestión de recogida de residuos en Mogán dependiente del Ayuntamiento del municipio grancanario, cumpla con 35 medidas que contribuyan a corregir la deficiencias o irregularidades detectadas en la prestación de este servicio.
En un comunicado, el sindicato, que representa a los trabajadores de la empresa, se hace eco del informe emitido por Inspección de Trabajo el pasado mes de diciembre, en el que “se detectan dos tipos de incumplimientos: uno respecto a los vehículos y otro que afecta a los distintos puestos de trabajo”.
En concreto, el documento refleja “el mal estado de conservación de los vehículos” y exige que “en el plazo máximo de seis meses por se haya pasado la ITV, se realice un mantenimiento conforme a las instrucciones del fabricante por personal especializado y se sometan a inspecciones técnicas periódicas”. Además, deben estar “equipados con triángulos de señalización, chalecos reflectantes, botiquín o extintores”, entre otras medidas.
En el informe también se reclama la realización “de un programa de control vacunal o la adquisición de equipos de protección, que deben incluir chalecos de alta visibilidad, cascos (tipo ciclistas), impermeables y de protección facial, entre otras”. Y para la puesta en marcha de estas medidas, Trabajo concede un plazo máximo de nueve meses.
El sindicato, que recuerda que presentó diversos escritos ante los responsables municipales de este servicio en los que ponía de manifiesto las graves deficiencias detectadas, ha mostrado su satisfacción por la decisión y las conclusiones a las que ha llegado el informe de la Inspección de trabajo.
“Es un reconocimiento a la labor de los trabajadores del servicio de recogida de basuras en Mogán” y el Ayuntamiento “es el único responsable del mantenimiento” de un servicio que “está secuestrado por la entidad desde el 20 de abril 2017”.
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