Un recluso de la cárcel de Juan Grande, entre los 25 investigados en una operación contra el yihadismo en varias prisiones del país
La Guardia Civil ha desarticulado un grupo de 25 internos afines a la organización terrorista Dáesh asentado en 17 cárceles españolas -entre ellos, un recluso de la prisión de Las Palmas II, en Juan Grande (Gran Canaria)-, a los que se investiga por captar, adoctrinar y radicalizar a otros presos.
En esta operación, se ha neutralizado el embrión de un Frente de Cárceles yihadista, gracias al control de los procesos de radicalización que lleva a cabo por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que ha resultado clave para identificar a estos internos, informa el Ministerio del Interior.
Se trata de la primera operación de estas características llevada a cabo en Europa contra un entramado afín al Dáesh cuya actividad se desarrolla íntegramente en el ámbito penitenciario y se ha desarrollado bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 1 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Su objetivo ha sido recopilar pruebas que permitan esclarecer la actividad del grupo investigado compuesto tanto por presos con antecedentes previos por delitos de terrorismo yihadista como por reclusos comunes cuyo proceso de radicalización se ha iniciado durante su estancia en prisión, entre los que se encuentran varios españoles conversos o en proceso de conversión.
Para el proceso de captación y adoctrinamiento el grupo combinaba tanto la interacción física entre internos dentro de los propios centros penitenciarios como la relación epistolar, lo que le permitía establecer comunicación con reclusos ubicados en distintas prisiones.
Han recurrido además a varias alternativas al margen de los sistemas de control establecidos por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias como el empleo de otros internos no sujetos a especial vigilancia y de esta forma pretendían eludir los mecanismos de monitorización y de prevención de la radicalización existentes en este ámbito.
El grupo estaba integrado por varios dinamizadores que no solamente se dedicaban a captar a internos de la órbita del Dáesh sino que también buscaban cohesionar a los presos encarcelados por delitos de terrorismo y de esta forma intentaban fraguar el embrión de lo que podría considerarse un Frente de Cárceles yihadista.
La mayoría de los investigados, lejos de alcanzar los objetivos de reinserción social, se han mantenido activos en la militancia yihadista acrecentando su proceso de radicalización durante su estancia en prisión.
Los investigadores estiman que más allá de su finalidad proselitista la actividad del grupo podría ir más lejos.
Para ello tienen en cuenta hechos como los ataques yihadistas en 2016 en el interior de la prisión francesa de Osny, donde un interno atacó a varios funcionarios de prisiones, y el protagonizado en 2018 en Lieja (Bélgica) donde durante un permiso penitenciarios un preso radicalizado asesinó a dos policías y a un civil.
De ahí que la propia existencia del grupo se entienda como un potencial riesgo para la seguridad más aún teniendo en cuenta que estaba próxima la puesta en libertad de varios de los investigados.
Si bien la investigación comenzó sobre un interno de un centro penitenciario se comprobó que la actividad ilícita del grupo se extendió a 17 prisiones, lo que supone el 55% de las cárceles que alojan presos vinculados al terrorismo yihadista.
Este operativo coincide con el momento de máxima población reclusa por terrorismo yihadista fruto de la intensa actividad desarrollada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles durante los últimos años.
En concreto, desde la elevación al nivel 4 de alerta antiterrorista el 26 de junio de 2015 la Guardia Civil ha intensificado las investigaciones relacionadas con este fenómeno con la finalidad de anticiparse y neutralizar la amenaza que representa.
