Jueces y fiscales de Canarias salen a la calle para exigir independencia y más medios para ofrecer un mejor servicio
Los jueces y fiscales de Canarias se han sumado este jueves a las protestas que se han celebrado en toda España para reclamar de nuevo al Gobierno, al Parlamento y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) las medidas que reclaman desde hace años para reforzar su independencia, modernizar la administración de Justicia y mejorar sus condiciones profesionales para ofrecer al ciudadano un servicio con eficacia y de calidad.
En Las Palmas de Gran Canaria más de medio centenar de jueces y fiscales se han concentrado ante la sede de la Ciudad de la Justicia, donde el presidente de la Audiencia Provincial, Emilio Moya; la fiscala jefe, Beatriz Sánchez; y el juez decano de Las Palmas de Gran Canaria, Óscar González, han dado lectura a un manifiesto consensuado entre las cuatro asociaciones judiciales y las tres de fiscales que recoge más de una veintena de medidas a implantar mediante un plan global a desarrollar en los próximos años.
Los representantes de las asociaciones han expresado su “hartazgo” por la falta de respuesta a sus necesidades y han asegurado que están dispuestos a llevar a cabo paros para lograr sus reivindicaciones, muchas de ellas ya expresadas en la huelga de 2013, según ha recalcado la representante del Foro Judicial Independiente, Elena Corral, quien ha calificado de “tomadura de pelo absoluta” las medidas dispuestas ante sus peticiones de entonces.
Antonio Morales, de la asociación Francisco de Vitoria, ha dicho estar contento con la respuesta de sus compañeros a la protesta, mientras que Inés Herrero, de la Unión Progresista de Fiscales, ha recalcado que ha llegado el momento de movilizarse porque “no pueden dar el servicio que merecen los ciudadanos” y ha hecho hincapié en que “jamás la Fiscalía había perdido tanto peso institucional por la falta de medios para actuar”.
Desde Jueces por la Democracia, Carla Vallejo ha insistido también en los años que llevan reivindicando estas mejoras y que están dispuestos a continuar con sus protestas para lograr sus demandas, mientras que el delegado de la Asociación de Fiscales, Miguel Hernández, ha subrayado el amplio seguimiento de la concentración para lograr un “servicio de calidad” para el ciudadano.
Entre las medidas para reforzar la independencia judicial figura que se garantice la elección de los vocales judiciales por los jueces y magistrados, asegurando la igualdad de género y la representatividad; el amparo del Poder Judicial a los ataques que afecten a la independencia de los jueces; y la retirada de las enmiendas presentadas a la proposición de ley de reforma de la LOPJ que coartan el ejercicio de la función judicial y vacían de ciertas competencias al CGPJ.
Así mismo, piden un sistema objetivo para el nombramiento de los altos cargos judiciales y la supresión de los magistrados designados por los parlamentos autonómicos.
Para modernizar la administración de Justicia, exigen una plan de inversión suficiente y prolongado para incrementar las plantas judicial y fiscal, equiparándolo a la media europea; modernizar los edificios judiciales y fiscalías, un proceso de digitalización con los equipos y programas adecuados y procurar los medios necesario para hacer efectivos los derechos reconocidos en las leyes.
En cuanto a la racionalización de la planta judicial, piden la implantación de los tribunales de instancia y mientras se consiguen reclaman órganos judiciales suficientes para atender el aumento de la litigiosidad; que se elimine las adscripciones forzosas y las figuras de “sustitución y refuerzo” durante las prácticas formativas y la figura de fiscales y jueces en expectativa de destino.
La revisión del modelo de oficina judicial sobre las experiencias pilotos es otra de las demandas, así como compatibilizar los sistemas de gestión procesal en todo el territorio nacional y dotar de medios personales y materiales a los funcionarios con competencia para luchar contra la corrupción.
En relación a las mejoras de las condiciones profesionales, piden que se convoque de forma inmediata la Mesa de Retribución con el fin de recuperar el nivel salarial perdido en 2010 y adecuar la retribución a la responsabilidad inherente a la función; modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) respecto a permisos y medidas de conciliación de la carrera judicial y fiscal; recuperar el régimen de vacaciones y permisos vigentes en 2012, así como el permiso de paternidad; e implantar unas cargas máximas de trabajo.
El Ministerio Fiscal exige además la derogación de los plazos máximos de instrucción mientras no se dote de más medios, la paralización de la implantación de la justicia digital hasta que esté garantizado su correcto funcionamiento; atribución de las formación de los fiscales a la Fiscalía General del Estado; refuerzo de la independencia del Ministerio Fiscal y autonomía presupuestaria.
