Los problemas estructurales de la justicia en Canarias llegan al Parlamento regional

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado, ha comparecido este viernes en una comisión parlamentaria para presentar la Memoria Judicial correspondiente a 2024 en las Islas. En su intervención, ha expuesto que se cronifican y se enquistan las mismas carencias que ya describió un año antes, como la falta de un plan de infraestructuras, la sobrecarga de los órganos judiciales ante una altísima litigiosidad, tecnología deficiente o un presupuesto insuficiente que apenas se incrementa con la inflación. Por ello, ha exigido a los grupos “hechos concretos” para solucionar los problemas estructurales de la justicia en las islas y no solo las “palabras formales” que recibe cada vez que comparece para presentar la memoria anual.

También recordó a los diputados que hace un año algún portavoz (en referencia a Gustavo Matos, del PSOE) planteó un pacto por la justicia, pero doce meses nada se ha avanzado.

“Espero que las palabras se traduzcan en hechos concretos y que el pacto por la Justicia se materialice con la asignación de más y mejores recursos”, ha dicho el presidente del TSJC a los parlamentarios.

Gustavo Matos respondió al respecto que su grupo parlamentario ha presentado para su debate en el Parlamento una propuesta para la creación de ese pacto por la justicia y confió en que el resto de los grupos se sumen con sus aportaciones.

Situación “indigna” de los juzgados de violencia contra la mujer

Lorenzo Bragado ha explicado que la situación de los órganos judiciales en Tenerife es “crítica” y a “cortísimo plazo” ha exigido una solución para los juzgados de violencia contra la mujer, en situación “indigna”, por falta de personal y espacios adecuados que aseguran la intimidad de las víctimas.

En esa línea ha comentado que es “inexplicable” que no se haya creado la tercera unidad en la capital.

Ha lamentado también que “se sigue demorando y no hay explicación razonable” para la adecuación del Edificio Auditorio, que serviría para reagrupar todos los órganos jurisdiccionales que hay dispersos por la capital tinerfeña, pero en principio no estará disponible “hasta 2027 o 2028”. “Es un retraso inaceptable”, ha agregado.

Lorenzo ha admitido que el entramado urbanístico de Cabo Llanos es “complicado” y “no se puede resolver de un día para otro” pero entiende que la dilación con la Ciudad de la Justicia “no es razonable”.

En este contexto, ha demandado la elaboración de un ambicioso plan de infraestructuras judiciales que incluya mejoras en Puerto del Rosario, La Palma, San Bartolomé de Tirajana y La Orotava, y la unificación de los partidos judiciales de La Orotava y Puerto de la Cruz y Granadilla y Arona.

“Elevadísima tasa de litigiosidad”

También se ha referido a la “elevadísima tasa de litigiosidad” en Canarias, que sitúa al archipiélago por sexto año consecutivo a la cabeza de España, con 212 pleitos por cada 1.000 habitantes, lo que refleja, a su juicio, la “complejidad social, económica y territorial de Canarias”.

Lorenzo entiende que es “positiva” la confianza en la ciudadanía en la justicia, pero al mismo tiempo señala que “es un desafío estructural” por el aumento del 13,9% en asuntos registrados, casi 476.000, de los que se han resuelto más de 340.000, un 15% más.

En esa línea ha apuntado que más del 60% de los juzgados canarios están saturados.

En el ámbito de la jurisdicción civil, las oficinas judiciales de las islas registraron durante 2024 un total de 219.059 asuntos, un 16% más que en el año anterior, en el orden penal se computaron 203.803 asuntos nuevos (+7,3%) y en la jurisdicción contencioso-administrativa se abrieron 19.970 procedimientos, un 115,3% más que en 2023.

Ha resaltado también las “inaceptables” dilaciones registradas en los institutos de medicina forense, especialmente en la entrega de informes, por carencia de personal, y ha prometida la “implicación” de toda la comunidad judicial en el despliegue de la ley de eficiencia pues “era un clamor” que el “modelo decimonónico” no estaba funcionando de manera eficiente.

Por ello ha reclamado la firma de un 'Pacto Canario por la Justicia' que este viernes ha vuelto a reclamar, un año después, el Grupo Socialista, que ha anunciado la presentación de una PNL al Pleno del Parlamento.

Los avances “no son notables”

Lorenzo ha comentado que los avances en la justicia canaria “no son notables” pues los recursos humanos y materiales son “insuficientes”, los medios tecnológicos “siguen presentando problemas” y hay “demoras inaceptables” en la tramitación de asuntos.

Ha insistido en que los fondos europeos para la justicia son “insuficientes” y en que el aumento del presupuesto autonómico, que roza los 200 millones este año, apenas va en línea con el aumento de la inflación.

“Espero que el pacto sea algo más que un buen propósito y se asignen más recursos”, ha destacado.

Como ejemplo de las dificultades para modernizar la justicia ha puesto de relieve el proyecto piloto del Juzgado Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria con la violencia hacia la infancia y la adolescencia, una “lacra de primera magnitud”.

En su opinión, el modelo integrado auspiciado por el juez Tomás Martín hace que cada vez aumenten más las denuncias y se vea la “punta del iceberg” de un “problema sistémico” en la sociedad, y frente a esto, solo se van crear tres secciones especializadas en toda España, ninguna en Canarias.

Lorenzo también ha aprovechado su comparecencia para reclamar el apoyo del Parlamento a la conmemoración del quinto aniversario de la Real Audiencia de Canarias, “un hito en la historia del derecho” porque fue el primer tribunal que se creó en España fuera de la Península.