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El saqueo del PIL en Arrecife entre 2007 y 2009: todos los detalles

La principal pieza del caso Unión ya está casi lista para juzgarse. La Fiscalía acusa a 14 personas, a cuatro de ellas de formar una asociación ilícita

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Cuadro de la contabilidad de Infogelanz, empresa que facturó más de un millón al Ayuntamiento. Como se puede ver, en la columna de observaciones, a la derecha, se anotan cantidades a boli en cada una de las obras, y debajo se subraya: Descuentos, 10.000. (DIARIO DE LANZAROTE)

Cuadro de la contabilidad de Infogelanz, empresa que facturó más de un millón al Ayuntamiento. Como se puede ver, en la columna de observaciones, a la derecha, se anotan cantidades a boli en cada una de las obras, y debajo se subraya: Descuentos, 10.000. (DIARIO DE LANZAROTE)

La principal pieza del caso Unión ya está casi lista para juzgarse. De los imputados iniciales, una veintena no se sentará en el banquillo. La Fiscalía acusa a 14 personas, a cuatro de ellas de formar una asociación ilícita entre 2007 y 2009: Dimas Martín, Matías Curbelo, José Miguel Rodríguez y Ubaldo Becerra, todos miembros del PIL.

Al ex concejal Antonio Machín no se le incluye en esa lista porque se incorporó más tarde al cobro de comisiones. Hay, además, tres funcionarios y seis empresarios. El escrito de acusación recoge casi todos los delitos contra la Administración pública que se pueden cometer: cohecho, falsedad en documento mercantil, falsedad en documento público, fraude a la Administración, revelación de información privilegiada, malversación, prevaricación, financiación irregular.

Las penas

La Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada pide la mayor pena a Dimas Martín: 17 años y medio de prisión. Para Ubaldo Becerra, otros 17 años; y 14 años y medio para Antonio Machín. A Matías Curbelo y José Miguel Rodríguez les piden sólo un año y cuatro meses, y cuatro años y siete meses, respectivamente, por colaborar con la Justicia, confesar, y en el caso de Rodríguez, devolver una pare del dinero defraudado. Al interventor Carlos Sáenz le piden más de siete años, y los funcionarios Elena Martín, hija de Dimas, y Rafael Arrocha, cuatro años a cada uno.

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