Una sentencia de 2020 allana el camino para declarar tránsfugas al alcalde y parte del grupo de gobierno de Santa Lucía de Tirajana

Una sentencia de 2020 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), dictada en relación a una concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, allanará el camino para que el secretario de ese mismo consistorio, seis años después, resuelva que el alcalde de la ciudad y otros cinco concejales deben ser declarados formalmente tránsfugas, pasen al grupo de no adscritos y pierdan derechos políticos, entre otros, gobernar la Corporación.

En aquella sentencia de 2020, el TSJC estimó un recurso de apelación interpuesto precisamente por el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y revocó un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Las Palmas que había suspendido cautelarmente un acuerdo plenario que declaraba a una concejala como no adscrita y le retiraba los derechos ligados al grupo político, entre ellos dedicación exclusiva o parcial y sus correspondientes retribuciones.

La Sala de lo Contencioso concluyó que “si una concejala rompe el vínculo con la formación política o con su grupo de procedencia, no puede seguir disfrutando, por vía cautelar, de la ficción de seguir integrada en el grupo municipal con todos sus privilegios políticos y económicos”.

Con esta resolución sobre la mesa, el secretario del Ayuntamiento tirajanero debe emitir un informe preceptivo, que se llevará al pleno de la Corporación el día 26, para decidir el futuro de los representantes públicos que decidieron abandonar las siglas por las que concurrieron a las elecciones de 2023, Nueva Canarias-Frente Amplio Canarista, para integrarse en Municipalistas Primero Canarias. Lo hicieron el alcalde, Francisco García, y los concejales y concejalas Arminda Santana, Roberto Ramírez, Minerva Pérez, José Mario Bordón y Juan Francisco Guedes. Es el mismo caso que protagonizó la concejala de Podemos, más de cinco años después.

Otros tres ediles de Nueva Canarias, Yaiza Pérez, Leví Ramos y Ofelia Alvarado, permanecieron fieles a las siglas por las que fueron elegidos, pero el alcalde los destituyó del grupo de gobierno en enero pasado por haber apoyado con sus votos una moción del Partido Popular precisamente sobre transfuguismo.

El alcalde de la localidad, de 83.000 habitantes, se mantiene en el poder gracias al voto de los cinco concejales tránsfugas de NC y a los cinco del PSOE, más el apoyo en asuntos concretos de un concejal precisamente no adscrito, condición que adquirió al abandonar el partido local de Coalición Canaria, Fortaleza.

El siguiente paso no será administrativo ni judicial, sino político: conocer qué van a hacer los cinco concejales del PSOE que apoyan a los cinco tránsfugas de NC, teniendo en cuenta no solo las prescripciones del pacto antitransfuguismo sino el hecho relevante de que la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo en España la preside el ministro de Política Territorial, que no es otro que Ángel Víctor Torres, secretario general de los socialistas canarios.