Un subinspector de la Policía Canaria se enfrenta a seis años de prisión por el caso Ladrillo
La Fiscalía ha pedido seis años de cárcel, nueve de inhabilitación y más de 1.300 euros en multas al subinspector del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) Carmelo Sosa por el denominado caso Ladrillo, que investiga la supuesta detención ilegal de un hombre que se llevó a cabo durante la final de la competición oficial de murgas de los Carnavales de 2013 de Las Palmas de Gran Canaria.
El agente Horus L., que también se sentará en el banquillo el próximo mes de mayo, según informa Canarias 7, es el principal denunciante del caso, ya que en mayo de 2013 ratificó ante el Juzgado de Instrucción número 3 que su superior le había hecho una serie de heridas en el cuello para atribuirle posteriormente la agresión al detenido y justificar así, supuestamente, una actuación errónea.
De los 10 policías imputados por la Guardia Civil en un primer momento, serán cuatro los que comparezcan ante la Audiencia Provincial tras pasar el caso por el Juzgado de Instrucción.
El diario canario señala que el Ministerio Público imputa a Sosa un delito de lesiones, otro de falsedad en documento oficial por funcionario público y uno contra los derechos individuales.
Asimismo, pide seis años de prisión para el secretario del atestado supuestamente fraudulento, Luis R. M. y cuatro años y nueve meses de cárcel por falsedad en documento público para Horus L. y su compañero de patrulla, Francisco P.G., a los que la Fiscalía, a los que la Fiscalía pide que se aplique la atenuante de confesión.
Caso Ladrillo
El caso saltó a los medios de comunicación cuando la Guardia Civil detuvo a mediados del pasado marzo a once agentes del cuerpo autonómico, entre los que se encontraban Mesa y Sosa, tras la denuncia de un ciudadano y varios miembros del cuerpo autonómico que hicieron referencia a delitos de “ mobbing, falsedad documental y detención ilegal.
La supuesta detención ilegal se llevó a cabo durante la final de la competición oficial de murgas de los pasados carnavales de la capital grancanaria. Al parecer, el informe recogía una agresión que el detenido nunca cometió y que pudo ser inducida por el superior en Las Palmas a posteriori.
En el momento de las detenciones, trascendió en diversos medios de comunicación el afán de Sosa por tratar de justificar los resultados de la plaza que ocupa de manera provisional y la orden del juez de intervenir los teléfonos para tratar también de esclarecer si existe un posible afán recaudatorio en la labor policial.
