El Supremo revisará la demanda de información de CCOO sobre el cierre de la escuela de música de Agaete

El Tribunal Supremo (TS) tramitará el recurso del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de negar al sindicato CCOO recibir información sobre el cierre y despido de profesores de la Escuela Municipal de Música Lucy Cabrera de Agaete, en Gran Canaria.

Después de que se le impidiera acceder al expediente, CCOO en el Ayuntamiento grancanario presentó una reclamación ante el Comisionado que, a su vez, a principios de 2024 requirió al consistorio para que entregara esta documentación.

La corporación local apeló al TSJC, que rechazó la petición del sindicato al entender que sólo pueden conocer la información en empresas o centros de trabajo con más de 250 empleados, lo que se incumple en este caso y, por lo tanto, justificaba la negativa.

El TSJC discrepaba así de la interpretación que hace el Comisionado sobre el carácter universal de este derecho por lo que esta entidad recurrió a la sala de lo contencioso del TS, al no estar de acuerdo con la posición del Tribunal canario.

El Supremo ahora acepta estudiar la cuestión planteada en el sentido de sentar jurisprudencia y determinar si la Ley Orgánica de Libertad Sindical es un régimen jurídico específico en esta materia y si es conforme a derecho que se deniegue la solicitud.

El TS se compromete a identificar como normas jurídicas que, en principio serán objeto de interpretación, la mencionada legislación “sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras cuestiones o normas si así lo exigiera el debate finalmente contenido en el recurso”, indica el Supremo por medio de un Auto.

El despido de seis profesores se llevó a cabo en septiembre de 2023 cuando iba a empezar el curso y ya había cerca de un centenar de alumnos matriculados apelando el Ayuntamiento a causas económicas, por lo que decidió cerrar la Escuela que venía funcionando desde hacía casi tres décadas.

Un Juzgado dictaminó que los despidos eran improcedentes y obligó a pagar 300.000 euros de indemnización a los extrabajadores, pero el cierre se mantuvo pese a la formación de una Plataforma y a que una moción de censura devolvió la Alcaldía al Partido Popular (PP) que desde la oposición había venido pidiendo su apertura.