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El TSJC exige más transparencia a la capital grancanaria con las adscripciones de la RPT

Fachada del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Efe

Las Palmas de Gran Canaria —

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ordenado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que informe a los sindicatos sobre los criterios que sigue para adscribir provisionalmente a sus empleados públicos a determinados puestos de trabajo.

El TSJC hace ese requerimiento en una sentencia firme, que confirma otra anterior del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de la capital grancanaria que dio la razón a CSIF en su reclamación de que tenía derecho a conocer esos criterios.

Este litigio afecta a los dos últimos equipos de gobierno municipales: el anterior del PP, que no respondió a la solicitud de información de CSIF, y el actual de PSOE, NC y LPGC Puede, que recurrió la primera sentencia alegando que ese sindicado ya conocía esos criterios, puesto que había participado en las negociaciones para la aprobación de la relación de puestos de trabajo (RPT).

El TSJC, como antes falló el Juzgado número 3, considera que la solicitud de CSIF “entra dentro de sus competencias sindicales, para el adecuado cumplimiento de sus funciones de proporcionar a sus afiliados la información que puede afectar a sus relaciones laborales de manera obvia”.

El tribunal condena al Consistorio a proporcionar al sindicato información sobre esos criterios en el plazo de dos meses.

Los magistrados toman “en consideración, a este respecto, que la parte demandante (CSIF) hace hincapié en que no le consta ni siquiera la existencia misma de los criterios generales aplicados a las adscripciones provisionales aludidas, ni su aprobación, por lo que pudieran tratarse de actos nulos por falta de motivación y arbitrariedad”.

En un comunicado, CSIF denuncia que los dos últimos equipos de gobierno de Las Palmas de Gran Canaria “han procedido a adscribir a los empleados municipales a los diferentes puestos de la RPT de forma arbitraria, discrecional y sin motivación alguna”.

CSIF asegura que a algunos empleados públicos se les adscribe al mismo puesto, a otros se les suben las retribuciones “en detrimento del resto de compañeros”, a otros se les bajan los niveles “sin respetar derechos consolidados”, a otros se les atribuyen funciones temporales “con carácter de permanencia” y otros más se “les traslada a determinados puestos con el fin de mantenerles los beneficios que consiguieron con la RPT”.

Este sindicato solicita al Consistorio que convoque un concurso de traslados, para que las adscripciones a puestos de trabajo “sean totalmente transparentes”.

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