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La jueza de Unión destaca que se adjudicaron 8,4 millones a Urbaser “de manera ilícita”

Felipe Fernández Camero a las puertas de la Oficina Técnica el día que estalló el caso Unión

Manuel Riveiro

Arrecife —

El caso Unión puso el foco sobre la adjudicación del servicio de recogida de basuras en Arrecife que se efectuó en 2002. El auto de la juez Silvia Muñoz que da por concluida la investigación llega a dos conclusiones principales: que se dio el ‘cambiazo’ a la oferta presentada por Urbaser para que resultara vencedora y que se adjudicaron “de manera ilícita” al menos 8,4 millones de euros a la compañía, cuyos directivos están acusados de pagar sobornos a políticos y funcionarios del Ayuntamiento.

El contrato para la recogida de la basura, la limpieza de las calles y el mantenimiento de los parques y jardines estaba en manos de Tecmed, que luego pasaría a denominarse Urbaser. En el año 2002 finalizaba la vinculación entre el Ayuntamiento y la empresa y en el Consistorio se preparó un nuevo concurso público cuyo resultado, según la juez instructora del caso Unión, ya estaba decidido.

Así, la juez subraya que hubo un “concierto de voluntades delictivas” para que, “a cambio de una comisión, resultara adjudicataria la empresa Tecmed, aun no siendo la oferta más favorable” para las arcas municipales. La instructora de Unión apunta a directivos de la empresa a escala nacional, como Manuel Andrés Martínez o Santiago Alonso Herreros, a Dimas Martín, como “ascendente político absoluto”; a María Isabel Déniz, en aquel momento alcaldesa de Arrecife por el PIL; a Felipe Fernández Camero, secretario del Ayuntamiento y de la Mesa de contratación; y a Juan Rafael Arrocha, jefe de la Oficina Técnica.

La oferta presentada por Tecmed inicialmente “no era la mejor situada para obtener la licitación”, siendo más “beneficiosas” para el Ayuntamiento las de Clusa y FCC. Sin embargo, la juez considera que hay indicios suficientes para sostener que Fernández Camero, “en cuyo poder se hallaban las plicas” del concurso “a la espera de ser abiertas públicamente”, “facilitó su apertura de manera fraudulenta”. El objetivo, señala, era que Tecmed consiguiese de forma “ilícita” la “ventaja que necesitaba” en el concurso.

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