Gestores inmobiliarios exigen revisar la Ley de renovación y modernización turística de Canarias

La Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (ACEGI) ha exigido este miércoles que se revise la legislación en materia de inmuebles de uso turístico, ante el impacto negativo que a su juicio sufren sus residentes debido a las multas impuestas por las autoridades.

La ley de renovación turística prohíbe el uso residencial pero “se desarrolló sin tener en cuenta la realidad de la situación de muchos de estos establecimientos, propiciada por la administración, que hasta entonces autorizaba su baja como establecimientos extrahoteleros para ser destinados a arrendamientos urbanos”, afirma ACEGI en un comunicado.

En su opinión, el problema radica en que, una vez dividida horizontalmente la propiedad y teniendo los propietarios la posesión del inmueble, restringir su uso para que solo se permita su explotación a través de un único tercero colisiona con el derecho a la propiedad. Añade que muchos de estos inmuebles están obsoletos para la explotación turística y los propietarios los han recuperado, dando lugar a segundas residencias o residencias permanentes en estas zonas.

“En el sector inmobiliario tememos que, de continuar aplicándose el régimen sancionador de la ley, se produzca una retracción de la inversión en estos inmuebles y el consiguiente abandono paulatino de estos edificios y sus instalaciones, al dejar de ser interesantes para la explotación turística, y que tampoco son aptos para ningún otro uso, y corren el serio peligro de convertirse en un lastre para los propietarios y para la economía de la zona”, explica.

Hay propietarios anteriores a 2017 que pueden residir en sus establecimientos pero aquí también existe inseguridad jurídica, pues hay dudas interpretativas sobre si este derecho es de la propiedad, y puede ser transmitido por herencia o venta, o se limita al individuo, asegura.

Por ello ACEGI recomienda que se revise la legislación para buscar una solución que permita la explotación sostenible de estos establecimientos turísticos y, al mismo tiempo, garantice los derechos de los propietarios. ACEGI considera que ello permitiría dar solución a una problemática que afecta no solo a los propietarios, sino también a la economía de la zona y al turismo.

“Entendemos que, por su naturaleza, el destino de estos inmuebles es el uso turístico, pero dentro de este deben caber otras modalidades y no únicamente la explotación turística a través de un tercero, siendo perfectamente aptos para su uso como segunda residencia o para el alquiler vacacional”, continúa.

En su opinión, se dan situaciones de monopolio de las empresas explotadoras, donde los propietarios no pueden explotar directamente sus propiedades, lo que genera un desequilibrio de mercado que no solo les perjudica sino que resulta anacrónico en una era en la que se habla de liberalización de la actividad económica.