Un juez y un Guardia Civil desvelan presiones por investigar la corrupción urbanística en 'la Marbella del Norte': “Llegaron a avisar de los registros”
Un exjuez y un sargento de la Guardia Civil han denunciado en el programa 'Salvados' las presiones que recibieron por investigar asuntos de corrupción urbanística en 'la Marbella del Norte', como se conoció popularmente al municipio cántabro de Castro Urdiales durante la etapa en la que se investigaron múltiples casos de corrupción urbanísitica. El exmagistrado Luis Acayro Sánchez, apartado de la carrera judicial, vincula esta circunstancia a su expulsión de la judicatura por una inhabilitación del Tribunal Supremo y el responsable de la investigación policial desvela que le llegaron a quitar sin explicaciones un complemento de productividad y que sospecha que sus superiores avisaban a los investigados cuando se ordenaban registros domiciliarios.
El juez Acayro, inhabilitado por el Alto Tribunal para la carrera judicial durante diez años por prevaricación judicial tras instruir una veintena de casos de corrupción urbanística en Castro Urdiales que afectaban a políticos, empresarios y funcionarios con más de 40 condenados, asegura que ha pasado de confiar en la justicia a tenerla “miedo”. “Cuando investigas, te conviertes en alguien muy incómodo”, advirtió durante el programa que dirige 'Gonzo'.
Luis Sánchez Acayro ha dado su primera entrevista después de la sentencia que lo inhabilita para ejercer su profesión en el programa Salvados emitido este pasado domingo por La Sexta. En la entrevista, vinculó sus investigaciones sobre corrupción con los problemas que ha tenido con la justicia.
Tanto el magistrado como el entonces responsable de la investigación judicial de la Guardia Civil, José Ramón Pérez, desvelaron las presiones que sufrieron desde que empezaron a investigar los numerosos casos de corrupción en un municipio costero donde se estaba construyendo de manera acelerada en la etapa del ladrillazo. “Había promociones que directamente se construían sin licencia”, apuntó el magistrado.
Además, Acayro denunció las “presiones mediáticas” que -a su juicio- ha sufrido del periódico El Diario Montañés, en cuyo consejo de administración está el abogado del exalcalde de Castro Urdiales “que llevaba varios investigados”. En su opinión, daban pábulo a todas las quejas sobre su persona. “El caso era yo, la foto era la mía, el titular era mi nombre, muchos titulares sesgados”, explicó ante las cámaras de La Sexta. “Tanto a Acayro como a mí nos sacaban en El Diario Montañés una o dos veces” -coincide el investigador policial- “la Guardia Civil paraliza la obra de.. y salía yo en primera plana. El juez Acayro no se qué y salía Acayro con la niña”.
El sargento de la Guardia Civil explicó que se llegaron a hacer perfiles falsos de Acayro en las redes sociales con contenido pornográfico y reconoció que tuvo muchas dificultades para hacer su trabajo, a pesar de que cuando le preguntó al juez hasta dónde podía llegar, Acayro respondió: “Hasta el fondo”.
Al tiempo, confesó que “posiblemente” sus superiores avisaban a los investigados de los registros porque “nos estaban esperando”. También explicó que acabó por recomendar a Acayro que se fuese de Cantabria porque temía las consecuencias de aquellas presiones. “Yo de los jueces que conocí estando aquí a ninguno le hicieron nada de eso”, subrayó.
El juez relató cómo sus problemas empezaron cuando llegó a Castro Urdiales en 2007, cuando llevaba tres años ejerciendo. Durante ocho años instruyó numerosos casos de corrupción en un municipio. “Os falta la folclórica, si tenéis una folclórica nos sobrepasáis”, le dijeron a José Ramón Pérez los compañeros de la Guardia Civil en alusión a la operación 'Malaya' de Marbella.
La condena que acabaría apartándolo de la carrera judicial llegó en 2022, después de superar varias quejas y otro juicio anterior que ganó. Ha perdido su condición de magistrado después de una sentencia del Tribunal Supremo también polémica, como todo lo que le rodea. El Alto Tribunal ha doblado la pena de cinco años que le impuso en primera instancia el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) al considerar que solicitó información en perjuicio de un abogado sobre los contratos menores que mantenía con el Ayuntamiento de Castañeda, unos hechos que se produjeron en 2018.
El afectado, José María del Real, es un abogado vinculado a asuntos urbanísticos que ya había tenido contacto con el juez cuando instruía casos de corrupción en Castro Urdiales. El letrado se quejó al Colegio de Abogados de Cantabria, que inicialmente no atendió el caso. Pero tres años después cambiaron de opinión. Se desconoce qué motivo indujo a ello. La cuestión es que la institución colegial recuperó esa denuncia y Colegio y letrado presentaron conjuntamente una querella contra Luis Acayro Sánchez por prevaricación que ha provocado el fin de su carrera judicial.
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria le impuso cinco años de inhabilitación por prevaricación judicial, Acayro recurrió al Supremo, que anuló aquella sentencia y dictó una nueva que duplicaba la pena: diez años sin poder ejercer como juez. Sucedió algo inesperado. La primera condena, según Acayro, era “contradictoria” porque consideraba que había cometido un delito doloso, a la vez que reconocía que era un error del juez. “Quitamos el error y mantenemos el dolo”, argumentó la nueva sentencia que redactó el Supremo. “¿Cómo se puede perjudicar a un abogado al que le das la razón?”, cuestionó en televisión, ya que la sentencia de Acayro fue favorable al querellante.
No obstante, la decisión del Supremo tuvo dos votos particulares contrarios a la condena. “No puedo confiar en un magistrado de la Sala Segunda del Supremo que cuando va a resolver un recurso de casación manipula los hechos probados para poder armar una sentencia condenatoria”, declara el afectado en la entrevista en 'Salvados'. “Esa es mi experencia personal. Sería muy injusto decir de manera generalizada que no se puede confiar en la Justicia, pero tampoco sería justo decir que se puede confiar al cien por cien”, explicó.
El magistrado, que lleva casi cuatro años apartado de su actividad profesional, ha explicado que no puede ejercer como abogado por los antecedentes penales derivados de la condena y que tampoco dispone de un sueldo ni cobra el paro. Además, le reclaman ahora 100.000 euros de la prestación que cobró mensualmente durante los años que estuvo suspendido de empleo y sueldo. “Una prestación envenenada”, dijo, que ahora tiene que devolver con intereses a la administración.
Acayro, una vez que el Constitucional ha rechazado entrar en el proceso, ha llevado su caso al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. “Realmente están dando un toque de atención, sobre todo a los que vienen detrás”, concluyó el guardia civil durante el programa.