Podemos y Alianza Verde preguntan a Bruselas por la “muerte de 16 cachorros de lobo” en Cantabria
Podemos y Alianza Verde han registrado una pregunta en el Parlamento Europeo para que la Comisión investigue la “muerte de hasta 16 cachorros” de lobo ibérico en Cantabria, derivada de extracciones de ejemplares autorizadas por el Gobierno autonómico que “habrían incluido el abatimiento de hembras gestantes o recién paridas”.
Las formaciones denuncian que esta “mortalidad colateral” ha provocado que se haya superado el cupo de extracciones establecido en el Plan de Gestión del Lobo y “podría vulnerar la Directiva Hábitats y la normativa europea de conservación”.
“La muerte de cachorros como consecuencia de abatir hembras reproductoras es intolerable. La Comisión Europea debe actuar y frenar una política que se aleja de la conservación, de la ciencia y de la protección del medio rural”, han señalado en un comunicado.
Además, creen que la situación refleja una “pésima gestión cinegética” por parte del Ejecutivo regional (PP), ya que las cifras oficiales del propio Gobierno “muestran un aumento de los ataques al ganado precisamente en los periodos en los que se aplica un enfoque cinegético, demostrando que esta estrategia no solo es ineficaz, sino contraproducente”.
“La evidencia es clara: cuando se opta por abatir ejemplares, los ataques aumentan. Es una gestión irresponsable que pone en grave riesgo a la especie y a los propios ganaderos”, han sentenciado.
En su pregunta a Bruselas, las formaciones piden a la Comisión que analice si estas actuaciones incumplen la legislación comunitaria, y recuerdan que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea “invalidó” en una sentencia de julio de 2024 las normativas que permitían estas prácticas.
Para Podemos y Alianza Verde, que la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, anuncie públicamente que se va a superar el cupo de capturas estipulado “supone la constatación definitiva de que el Gobierno de Cantabria está actuando de forma deliberada al margen de la legalidad y sin ningún tipo de rigor técnico o científico”.
Estos grupos han destacado que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha suspendido cautelarmente el contrato con TRAGSA para redactar un nuevo Plan de Gestión del Lobo, lo que “evidencia la inseguridad jurídica y la falta de rigor técnico del Gobierno autonómico”.
Finalmente, han exigido la paralización inmediata de todas las extracciones, la revisión del modelo de gestión y la puesta en marcha de políticas de coexistencia basadas en criterios científicos, protección de la biodiversidad y apoyo “real” al sector ganadero.
Los grupos han advertido que “los problemas para la ganadería no vienen de una especie concreta, sino de los acuerdos de libre comercio, como Mercosur, que afectarán a las pequeñas y medianas ganaderías”.