Un juez imputa a dos altos cargos de la sanidad andaluza en Cádiz por el caso de los contratos a dedo archivado en Sevilla
Apenas tres días después de que un juzgado de Sevilla archivase la causa contra el Gobierno de Juan Manuel Moreno por prevaricación en los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas, otro juzgado en Cádiz ha abierto una pieza separada para investigar la misma querella del PSOE -personado como acusación popular- y ha citado a declarar como imputados a dos altos cargos de la sanidad andaluza: el exgerente del hospital Puerta del Mar en Cádiz, Sebastián Quintero Otero, y al jefe de compras de la Junta del SAS en este provincia, Demetrio González.
En una providencia firmada el lunes, adelantada en la tarde de este martes por la Cadena Ser y a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz abre nuevas diligencias a partir de la ampliación de la querella presentada por el PSOE, que unifica la investigación que ya estaba en curso -el abuso de contratos menores del SAS como un “fraccionamiento masivo” para burlar la ley- con una nueva pieza separada, centrada esta vez en los contratos de emergencia con clínicas privadas, es decir, la misma causa que fue archivada el pasado viernes por un juez de Sevilla.
La querella que se acaba de archivar en Sevilla era la más trabajada y documentada de las tres causas judiciales contra el SAS, aunque la Junta no estaba personada. Sí lo está -como responsable civil subsidiaria- en esta causa que instruye el juzgado de Cádiz por malversación en el fraccionamiento masivo de contratos menores.
Es decir, un juzgado de Sevilla acaba de dar carpetazo a la causa por posible prevaricación en los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre 2020 y 2024, tras 15 meses de instrucción. Y, casi en paralelo, el juzgado de Cádiz que investiga al SAS por malversación en el “fraccionamiento masivo e indebido” de contratos menores durante 2021 ha abierto una “pieza separada” para poner bajo la lupa la misma querella del PSOE que acaba de archivarse en Sevilla.
Tanto en el juzgado de Sevilla, como en Cádiz y Córdoba, los socialistas han presentado cientos de expedientes de gasto del SAS con empresas privadas para denunciar hasta cinco delitos de corrupción: prevaricación administrativa, falsedad documental, fraude en la contratación pública, malversación de fondos y pertenencia a organización criminal.
Las adjudicaciones a dedo del SAS a la sanidad privada, sin publicidad ni concurrencia competitiva, están siendo investigadas por estos dos juzgados andaluces, aunadas ya las dos denuncias del PSOE: los contratos de emergencia sin aparente cobertura legal tras la pandemia; y el “abuso” de contratos menores encadenados, a través del fraccionamiento irregular de contratos por valor de 235,4 millones para “vulnerar” la ley, desde un tribunal de Cádiz.
El Gobierno de Moreno sólo está personado en el causa de los contratos troceados, primero se presentó como parte perjudicada y al poco modificó su personación a “responsable civil subsidiario”, admitiendo por primera vez que pudo haber algún desfalco en las cuentas públicas.
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