El Gobierno de Cantabria recurrirá ante el Tribunal Supremo el Real Decreto que obliga a las comunidades a acoger a menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla. El Ejecutivo que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) ha autorizado este jueves a la Dirección General del Servicio Jurídico a interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Alto Tribunal, al igual que han hecho en las últimas semanas otras comunidades gobernadas por el PP.
Así, en la misma línea que otros gobiernos autonómicos como el de la Comunidad de Madrid que encabeza Isabel Díaz Ayuso, el Ejecutivo cántabro ha fundamentadu su decisión en la “posible extralimitación competencial del Estado, ya que el decreto se apoya en el Real Decreto-Ley 2/2025, actualmente recurrido ante el Tribunal Constitucional por varias autonomías”, entre ellas Cantabria.
El informe elaborado por el Servicio Jurídico de Cantabria sostiene que el decreto “podría vulnerar diversos artículos de la Constitución Española, entre ellos el 86.1, 103, 137, 138, 143 y 156, en relación con los artículos 149.1.2 y 148.1.20”, que regulan la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Además, el Gobierno de Buruaga ha alertado de que “durante la tramitación se han detectado defectos en la tramitación que podrían viciar de nulidad la norma” y ha detallado que el plazo para interponer el recurso expira el próximo 23 de octubre.
El Gobierno central ha cifrado la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida en una ratio de 32,6 plazas para niños y adolescentes migrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes para el conjunto de España. Así pues, la capacidad cántabra, según el real decreto, es de 194 plazas. Al respecto, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río (PP), ha arremetido en varias ocasiones contra este reparto de menores, calificándolo de “forzoso”, y se ha opuesto a la cifra estipulada señalando que es “arbitraria”.
“No se puede proteger a estos menores si se les trata como mercancía, tratando de acumularlos y apilarlos en edificios”, aseguró la titular de Inclusión Social en declaraciones a los medios, explicando que el sistema cántabro de protección cuenta en la actualidad con 220 plazas, es decir, que restando las previstas para menores migrantes quedarían libres 26.
Sobre la protección a los menores, se da la paradoja de que hace apenas unos meses, el Gobierno cántabro pidió al Estado la expulsión de 18 menores migrantes tutelados, casi la totalidad de los que tenía en acogida, justificándolo en que “el interés superior del menor se satisface con la reagrupación con su familia en su país de origen”.
Fue un acuerdo entre PP y Vox: los populares respaldaron una iniciativa de la formación de extrema derecha para facilitar la repatriación de menores el mismo día en el que el Ejecutivo del PP en minoría se sirvió de los votos del partido ultra para sacar adelante su polémica Ley de Simplificación Administrativa.