“No podemos dejar sola a la gente mayor que se va de vacaciones o tiene una segunda vivienda cerrada y, de repente, un día le dan una patada a la puerta y entran”. Con esa frase, el consejero de Vivienda de Cantabria, Roberto Media (PP), ha dibujado este martes un escenario que recuerda más a una película de sobremesa -con el cliché hollywoodiense de irrumpir en un domicilio gracias a la fuerza de un puntapié- que a la realidad de la situación de la vivienda en esta comunidad.
Porque, aunque el Gobierno autonómico del PP se empeñe una y otra vez en centrar su política de vivienda en la ocupación, los datos oficiales desmienten que suponga un verdadero problema social: los casos son residuales y con el paso de los años van a menos. Pese a ello, el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga (PP) ha impulsado un proyecto de Ley de Vivienda para Cantabria que gira en torno a “proteger a los pequeños ahorradores”: “Son las víctimas y no tienen que pedir perdón a nadie por ser propietarios; son parte de la solución al problema de la vivienda”, ha expresado el consejero.
Y es que el titular de Vivienda ha comparecido junto a la presidenta de Cantabria para dar cuenta de la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno en la que se ha dado luz verde al citado proyecto de ley, que ha sido remitido al Parlamento “para que se apruebe cuanto antes y lo más consensuado posible”. No obstante, su contenido ya había sido adelantado, en gran parte, hace cuatro meses durante la presentación del anteproyecto.
Así pues, como medida estrella de esta normativa ya era conocida la creación de la denominada 'Oficina de Apoyo a Víctimas de la Ocupación y la Inquiocupación', sobre la que por el momento sobrevuelan más dudas que certezas. Y es que, además de que las impulsadas en otros territorios apenas tienen actividad, el Ejecutivo autonómico no ha aclarado qué recursos humanos y económicos destinará a este nuevo departamento en Cantabria.
“No podemos constituirla hasta que no se apruebe la ley, entonces la dotaremos del personal suficiente, porque lo que tenemos muy claro es que no podemos dejar sola a la gente”, ha señalado el consejero de Vivienda al respecto. Y seguidamente ha anunciado la puesta en marcha “en los próximos días” de un “teléfono de atención a las personas que han sufrido ocupación”.
En este sentido, Media -que ha vuelto a arremeter contra las políticas de vivienda “de la izquierda y la extrema izquierda, que hay que dejarlas para otros regímenes, no los democráticos”- ha puesto el foco en la ocupación de “patada en la puerta”. “Esa gente mayor no sabe qué hacer, a dónde ir o a quién recurrir”, ha dicho, en su ya habitual estrategia de centrar la atención en este aspecto cuando habla de los problemas de acceso al alquiler o la compra de pisos.
Y es que, pese a la dificultad de acceso a una vivienda y de hacer frente al pago de un alquiler -como refleja el aumento de desahucios por impago-, para Media “el 99% de los casos de ocupación no son por emergencia”. “Hay gente que tiene un Mercedes en la puerta y está ocupando un chalet de 300 metros, eso yo lo vi en la anterior legislatura”, ha asegurado el consejero.
“La gente no puede dar la patada en la puerta o hacer un contrato y dejar de pagar la semana siguiente, porque eso lo que conlleva es que las viviendas se retiran del mercado”, ha insistido, haciendo hincapié en que con la norma que impulsa su departamento “aspira a movilizar las cerca de 50.000 viviendas vacías de la comunidad”.
Además, el Gobierno contempla “el desalojo inmediato” a través de la intervención de la Policía Local de cada municipio: “Vamos a admitir que la Policía Local pueda intervenir también en ocupaciones flagrantes, ayudando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, dentro de nuestras capacidades, quien ha procedido a una ocupación, y un juez o la administración dice que es así, no tendrá derecho a ninguna ayuda”, ha señalado Media.
Otras medidas
El texto del proyecto de ley, que incluye un régimen sancionador con multas de hasta 90.000 euros para quien destine una vivienda de protección oficial (VPO) a alquiler turístico, tiene un enfoque continuista, reforzando los intereses del sector inmobiliario privado a través de incentivos fiscales para los propietarios y de la colaboración público-privada.
“La ley es un acicate para incorporar la fórmula de colaboración público-privada poniendo en valor los suelos públicos”, ha destacado Buruaga, quien ha incidido en que la norma “pone el foco en más oferta para la compra y alquiler, para equilibrar el mercado por el lado de la oferta para bajar los precios”.
La norma contempla asimismo la puesta en marcha, a partir de 2026, de avales públicos de hasta el 20% del precio de la vivienda para facilitar hipotecas a menores de 45 años, así como el fomento de nuevos modelos de vivienda como los denominados coliving o cohousing.
Por otro lado, el texto también incluye ayudas específicas como el pago de cuotas de IBI a propietarios que incorporen inmuebles al mercado, así como un programa para que profesionales de servicios básicos -médicos, profesores, veterinarios o guardas forestales- puedan acceder a viviendas en zonas rurales, con el objetivo de mejorar sus condiciones y fijar población en territorios afectados por la despoblación y el envejecimiento.
La norma prevé, además, la creación de un registro de agentes inmobiliarios de Cantabria, con la finalidad de “garantizar la transparencia y la calidad de los servicios a los usuarios”, junto con el “refuerzo del servicio de inspección en materia de vivienda”. Todo ello se acompaña de la incorporación explícita del medio rural como “eje vertebrador de la política de vivienda”.