Poco después de que haya entrado en vigor el nuevo marco regulador para las viviendas vacacionales en Cantabria, el Gobierno autonómico del PP ha admitido que para los ayuntamientos “no será fácil tomar decisiones” en lo que respecta a su limitación, pese a que desde que el decreto salió a información pública el pasado verano fue uno de los principales puntos objeto de crítica.
El consejero de Turismo de Cantabria, Luis Martínez Abad (PP), ha tildado de “éxito” la reunión mantenida este lunes con alcaldes y técnicos de “cerca de 40” municipios acerca de la aplicación del nuevo decreto sobre viviendas de uso turístico, y ha asegurado que los ayuntamientos tienen “mecanismos suficientes” para hacerlo.
Así, ha negado que el Gobierno de Cantabria “traslade la patata caliente” a los consistorios, como han criticado algunos representantes municipales. “No es así”, ha zanjado el también responsable de Cultura y Turismo, aunque ha admitido que los ayuntamientos “van a tener que tomar decisiones y no es fácil con respecto a los vecinos”. “A veces decir sí o no, entiendo que para un alcalde puede suponer a lo mejor perder unos votos”, ha reflexionado.
Frente a las críticas de representantes municipales, el consejero del Gobierno del PP les ha recordado que la comunidad autónoma “no puede salirse” de las competencias que le otorga la ley. “Es una obviedad que nosotros (el Gobierno regional) no podemos entrar en las competencias locales”, ha dicho.
Ha señalado que el decreto del Ejecutivo lo que trata es de regular “el servicio”, ha dicho, “al igual” que se hace con “otros modelos de alojamientos turísticos” y de “poner coto” a aquellos que lo prestan de forma ilegal.
“Entiendo que los ayuntamientos van a tener que tomar decisiones y no es fácil con respecto a los vecinos. A veces decir sí o no, entiendo que para un alcalde puede suponer a lo mejor perder unos votos, pero es la competencia local y nosotros ahí no podemos intervenir”, ha zanjado.
También ha negado, ante algunas manifestaciones de otros regidores, que para aplicar el decreto vaya a haber que modificar los planes generales de ordenación urbana (PGOU), lo que llevará tiempo. “No obliga a cambiar absolutamente nada”, ha asegurado.
El consejero ha señalado que aquellos municipios que tienen Plan PGOU “se tienen que ceñir a él” y en base a lo establecido en este planeamiento “tomar las decisiones oportunas”. Además, ha aclarado que si alguno “quiere cambiar algo por algún motivo”, “está en su derecho”.
Y respecto a los que carecen de PGOU, Martínez Abad ha explicado que pueden emitir ordenanzas para regular la vivienda de uso turístico y aplicar el decreto. “Hay mecanismos suficientes para que ellos (los ayuntamientos) definan cómo quieren articularlo”, ha opinado. El consejero se ha mostrado dispuesto a celebrar nuevas reuniones con los ayuntamientos sobre esta cuestión y ha asegurado que su departamento “estará a su lado”.