La Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía ha trasladado su rotundo rechazo a la proposición de ley que será defendida este martes en el Congreso por el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, para “blindar” el trasvase Tajo-Segura.
Según este colectivo, la iniciativa que llega desde Murcia pretende “congelar un modelo de gestión hídrica injusto y perjudicial” para Castilla-La Mancha, al tiempo que ha pedido al PP en la región que se posicione “en contra”. Hoy, el presidente del PP castellanomanchego Paco Núñez mantiene el argumento de los últimos meses. Núñez ha reiterado que el PP está “con el Pacto Regional por el Agua” y “lo que echamos en falta es que Page haya ido a Moncloa o al Congreso de los Diputados a defenderlo”, ya que “desde que se firmó hace más de cuatro años, Page no ha dado ni un paso”.
Los ribereños lo ven desde otra óptica: “No se puede defender la salud del río Tajo y, al mismo tiempo, guardar silencio ante una proposición de tu propio partido”. No han sido los únicos, el PSOE lleva varios días pidiendo lo mismo al presidente del PP regional Paco Núñez.
Argumentan que “no es una cuestión partidista, sino de responsabilidad moral con el futuro de Castilla-La Mancha y con la justicia medioambiental”, señala su presidente, Borja Castro, que denuncia “la hipocresía de quienes no se atreven a alzar la voz en su propio partido en defensa de su tierra”.
La proposición murciana “ignora las sucesivas sentencias del Tribunal Supremo que han obligado a fijar caudales ecológicos reales en varios puntos del Tajo, desde Aranjuez hasta Talavera de la Reina”. Además, “vulnera lo establecido en la Directiva Marco del Agua, que exige garantizar el buen estado ecológico de las masas de agua antes de destinar sus recursos a otros usos”.
Precisamente por ello, desde la Asociación exigen al Gobierno que haga caso omiso de la sobreactuación del levante, y “se deje de tibiezas para intentar contentar a todas las partes y trabaje con criterio científico para aprobar la modificación trianual completa, con una política valiente a la altura de las circunstancias, que no se deje coaccionar por las amenazas de la agroindustria después de más de un año de retraso”.
“Los embalses de Entrepeñas y Buendía han conseguido recargarse y están generando actividad económica en la comarca. Castilla-La Mancha necesita que se la escuche, no que se le imponga un modelo agotado desde Murcia y Valencia para garantizar un granero de votos”, ha aseverado.
“Ninguna actividad económica admite crecimiento infinito si se necesita agua”
La iniciativa murciana “busca blindar las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura conforme al Real Decreto 773/2014, ignorando tanto el mandato del Tribunal Supremo como la Directiva Marco del Agua (DMA) de la Unión Europea y los intereses de la cuenca cedente en base a que, según su criterio, el recorte implicaría la pérdida de 15.000 hectáreas de regadío, ignorando a conciencia que desde los años 80 prácticamente se duplicó la superficie de regadío muy por encima de esa cifra”.
“Ninguna actividad económica admite un crecimiento infinito, menos si necesita de un recurso valioso e imprescindible para la vida como es el agua”.
Desde la Asociación recuerdan además “las consecuencias para el entorno de su actividad, generando pérdidas millonarias tanto al Turismo y la Pesca como un daño irreversible al Mar Menor, patrimonio de todos los españoles”.
“Siempre hablan de ganancias pero nunca entran a valorar el coste marginal social, que es el coste que pagamos todos los españoles por sostener su negocio y atañe a los daños millonarios que generan tanto en el Tajo como en el Mar Menor, porque en este caso quien contamina gana”.
Asimismo, advierten de “la baja calidad del empleo generado, con denuncias constantes por prácticas que rozan el esclavismo y enfrentamientos constantes con el Ministerio de Trabajo por querer perpetuar ese modelo”.
Desde los pueblos ribereños denuncian que esta proposición “representa un grave retroceso ambiental y jurídico, al pretender perpetuar unas reglas de trasvase diseñadas sin tener en cuenta los caudales ecológicos mínimos, obligatorios por ley y ratificados por las más altas instancias judiciales”.
“No podemos permitir que se legisle para blindar un modelo insostenible. El Tajo no puede seguir siendo una tubería para el Levante mientras nuestros embalses malviven gestionando miseria”, afirma Borja Castro.
El Gobierno regional cree que la propuesta murciana “va contra natura y es ilegal”
La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha Mercedes Gómez ha dicho desde Sigüenza, en Guadalajara, que “es lícito” que el Ejecutivo murciano plantee esta proposición, pero califica de “curioso” que “una propuesta del año 2023 se active justo ahora” y se ha preguntado por qué no lo hicieron antes.
En este aspecto ha subrayado que se haya esperado a la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, que está en marcha, vía Real Decreto que todavía debe publicarse y someterse a proceso de información pública.
Mercedes Gómez cree que la propuesta murciana “va contra natura y además jurídicamente también es una ilegalidad”, en alusión a lo que recoge. “Dicen que a través del trasvase Tajo- Segura se está manteniendo vivo un paraje natural también relacionado con el agua y en este caso un parque nacional que es el de las Tablas de Daimiel. Dicen que se está abasteciendo del agua del trasvase. No sé dónde habrán visto ellos eso”.
Lo ha desmentido de forma tajante para explicar que la única ocasión en la que se ha producido algo similar ocurrió para sofocar el incendio de las turbas del parque nacional. “Se pasaron escasamente 2 metros cúbicos de agua”.
Ha vuelto a recordar las sentencias judiciales que avalan los caudales ecológicos en el río Tajo. “No nos olvidemos que el río Tajo tiene que ser un río vivo. Aquí estamos hablando de acciones concretas para mantener este magnífico entorno natural. ¿Por qué no podemos mantener todo el río Tajo?”.
También lo considera lícito. “No hay ningún río europeo, ninguno que no tenga establecidos sus caudales ecológicos”. La medida está aprobada desde 2023 y sin embargo se ha “diferido” su cumplimiento en tres años. “A día de hoy, con las reglas actuales de explotación del trasvase, no se pueden cumplir esos caudales ecológicos y con la propuesta que se nos pone encima de la mesa tampoco tenemos claro que se vayan a poder cumplir”.
Ha vuelvo a incidir en que el Gobierno de Castilla la Mancha no se opone al envío de agua para beber a través del trasvase, pero aclara que otra cosa es “agua para que otros enriquezcan y empobrezcamos a Castilla la Mancha”.
“Castilla la Mancha no tiene recursos externos de donde coger su agua. Castilla la Mancha tiene lo que tiene y evidentemente en estas regiones que tienen el mar a su disposición tienen la capacidad de desalinizar agua”, ha comentado, con infraestructuras que “se han pagado por todos los ciudadanos españoles a través del 'Programa Agua' que Cristina Narbona puso en su momento en marcha”.