La senadora socialista por Albacete, Donelia Roldán, ha reclamado hoy “coordinación entre las administraciones públicas para dar una solución definitiva a los asentamientos en la ciudad, en declaraciones a elDiarioclm.es, después de que el domingo un grupo de migrantes que malviven en el asentamiento de la carretera de Las Peñas de la ciudad se saltasen el confinamiento, tras haberse detectado COVID-19, como protesta por las restricciones aplicadas para trabajar al menos durante 15 días.
El asentamiento ha sido clausurado por el Consistorio y sus habitantes van a ser trasladados por un lado a la sede de la Institución Ferial de Albacete (IFAB) en los casos negativos de coronavirus mientras que los positivos, un total de 23 se encuentran en el pabellón deportivo del Instituto ‘Tomás Navarro Tomás’.
Un traslado de lugar obligado por las circunstancias que impone la pandemia y que Roldán reconoce que no resuelve el problema de fondo: la falta de alojamiento para personas migrantes que vienen a trabajar durante las campañas agrarias a la provincia.
“En este asentamiento no solo hay personas sin papeles como la gente piensa. Hay incluso gente con permiso de larga duración que viene a trabajar en la temporada. El empresario no les da alojamiento y ningún albaceteño les alquila vivienda”.
Para la abogada y miembro de ACCEM, “Esto no es un problema de sin papeles a los que hay que decir que se vayan a su país. Ha habido una ola de racismo cuando son personas que están contribuyendo con sus aportaciones a la Seguridad Social”, recalca la también senadora que es portavoz de Migraciones en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado.
Tampoco le sorprende cómo se han desarrollado los hechos. “Lo que ha ocurrido ahora es el resultado de no haber trabajado sobre el tema, pero esto no el algo único en España. Si no se trabaja con los migrantes y con los empresarios, esto va creciendo”.
Para Roldán, “el problema que tenemos es la falta de delimitación de competencias. La ayuda humanitaria es una cuestión nacional, a la Junta le corresponde trabajar la acogida y la integración, desde mi punto de vista, y el Ayuntamiento de Albacete debería atender los servicios sociales básicos”. Y reconoce que las administraciones se pasan la pelota de la responsabilidad.
En el asentamiento ha llegado a haber hasta 2.000 personas
Donelia Roldán es además abogada y senadora del PSOE por Albacete. Conoce muy bien el asentamiento que llevan 15 años funcionando, aunque no es el único en la ciudad. Primero, allá por el año 2005 desde Albacete Acoge y después a través de ACCEM, la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones.
Fue en 2005, recuerda, cuando el Gobierno de Rodríguez Zapatero, la patronal y los sindicatos llegaron a un consenso para modificar el Reglamento de Extranjería permitiendo la regularización masiva de migrantes, se calcula que lo hicieron unos 700.000, según los datos publicados en la prensa de la época.
Un año después comenzó a funcionar el asentamiento de la carretera de las Peñas. Roldán comenta que “llegaron a ser hasta 2.000 personas en 2008, deambulaban por las calles en aquel tiempo”.
En aquel momento, explica, “se hizo un trabajo conjunto por parte del Gobierno central, la Inspección de Trabajo, la Junta, el Ayuntamiento, las ONG y los empresarios que, desde luego, tienen mucho que decir”.
Por eso recalca la importancia de la coordinación. “Entonces conseguimos algunas cosas. Ahora creo que habría que trabajar en elaborar un censo, debemos saber quién está y en qué condiciones. Cada uno tendrá que trabajar en su ámbito y si hay menores, por ejemplo, en su escolarización”.
“No hay que culpabilizar al empresario sino exigir que se implique”
Sobre el aspecto laboral recalca que estas personas “no vienen porque sí, sino porque hay empresarios que reclaman mano de obra. Quieren trabajar y como no tienen dónde meterse se quedan ahí”. Recuerda cómo surgió el Campamento La Dehesa. “Lo tuvimos muchos años. Si los empresarios se implican con los alojamientos… Tenemos países muy cercanos que los han tenido en condiciones perfectas, como Francia”.
No obstante, pide “no culpabilizar a los empresarios del campo sino exigirles que se impliquen. La responsabilidad es compartida con la Administración y deben estar las ONG. Ha habido demasiados años en los que nadie iba a ver cómo estaba aquello. Costó mucho poner contenedores y agua”.
También cree imprescindible la mediación intercultural, en particular ahora con la emergencia sanitaria. “A un inmigrante no puedes llegar y sacarle sangre sin más. Nosotros tenemos un hábito de ir al médico, pero eso no es así para una persona que viene de una cultura diferente, que no entiende lo que le estás diciendo. Hay que explicar que hay una pandemia y lo que tienen que hacer. No hubo ningún caso durante el estado de alarma”.
En este sentido critica que la intervención social se limite a llevar alimentos y a vigilar si había alguno enfermo. “Es responsabilidad de todos. Y si falta vivienda o atención sanitaria hay que proporcionarla”.
García-Page: la gestión del asentamiento “es municipal” aunque ofrece ayuda
Precisamente el presidente de la región, Emiliano García-Page comentaba hoy en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press que hay que abordar la problemática de este asentamiento “desde la perspectiva humanitaria”, ya que a raíz de los sucesos ocurridos el domingo después de que algunos de los habitantes de este asentamiento se saltaran el confinamiento para protestar por las calles de Albacete “se están desatando brotes racistas”.
Los migrantes, ha dicho, “tienen un miedo atroz y muchos están amenazados por las mafias que les dicen que si no van al campo a trabajar pueden pasarlo muy mal sus familias” residentes en África. “En ocasiones es hasta difícil hablar con ellos por el idioma”, agrega, indicando que son “gente muy fuerte” que por su fisonomía ni siquiera requieren hospitalización.
Page sostiene que la gestión de este tipo de enclaves es “de gestión municipal” aunque se ha comprometido con los ayuntamientos a “no dejar solo a nadie ante este problema”. “En momentos de urgencia, las administraciones estamos para ayudarnos, pero si tenemos algo que decir, hay que decirlo entre nosotros”, ha dicho.
Un tercio de los afiliados extranjeros a la Seguridad Social trabaja en el sector agrario de la región
En junio de este año un total de 61.351 trabajadores extranjeros estaban afiliados a la Seguridad Social en Castilla-La Mancha, según los datos facilitados hoy por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
De todos ellos, un tercio, 20.411 están afiliados al Sistema Especial Agrario, es decir, el 33,17% del total de los trabajadores extranjeros en Castilla-La Mancha. 12.847 proceden de la Unión Europea y 7.564 de otros países.
Esos mismos datos indican que hay 3.707 personas procedentes de Marruecos afiliados al sector agrario en la región.
Otro dato, Castilla-La Mancha fue la región que registró el pasado junio el mayor incremento de afiliados extranjeros a la Seguridad Social, un 11,07%.
“Esas cotizaciones de la población inmigrante son muy importantes para nuestras pensiones, para nuestro Estado del Bienestar. Claro que hay gente sin papeles, pero la mayoría tienen su permiso. No se van a ir a ninguna parte y lo que hay que hacer es trabajar con ellos para que estén en las condiciones en las que a nosotros nos gustaría esta”, comenta la activista y senadora.
Su trabajo de intermediación y a través de charlas en el asentamiento ha sido frecuente en los últimos 15 años y por eso pide “no idealizar la inmigración porque son personas como usted o como yo. Trabajadores. Unos serán más simpáticos que otros, pero vienen a trabajar y no a otra cosa. Si en 15 años no han dado problemas, algo ha tenido que suceder para que ocurriera lo que ocurrió el domingo”.
El Defensor del Pueblo reclama una actuación “coordinada y urgente”
Hoy mismo, el defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha realizado un llamamiento a todas las administraciones, a los empresarios agrícolas y a las organizaciones agrarias para que busquen de “forma coordinada y con urgencia” una solución para acabar con la situación de degradación en la que viven las trabajadoras y los trabajadores temporeros agrícolas en diversas zonas de la geografía española.
Fernández Marugán ha pedido que se garanticen sus derechos laborales y unas condiciones de habitabilidad dignas. En este sentido, ha asegurado que la pandemia ha puesto de manifiesto “con toda su crudeza problemas que permanecían más o menos ignorados desde hace tiempo haciendo saltar las costuras del sistema”.
El Defensor ha recordado que, durante semanas, mientras todo estaba parado por efecto de las medidas de confinamiento, los temporeros han salido al campo a cosechar los frutos que en cada momento se encontraban listos para ello. En su opinión, esto ha servido para “visibilizar” la situación de este colectivo, compuesto en su mayoría por migrantes de distinta procedencia y que, con frecuencia, se ve sometido a condiciones laborales y de vida deplorables.
Fernández Marugán ha citado como ejemplos de estas situaciones de degradación los asentamientos chabolistas cronificados de Huelva o Almería, o las condiciones en las que viven estas personas en Lleida, con muchas de ellas durmiendo en las calles, aunque ha recordado que esta realidad se repite en muchas otras provincias.
El Defensor ha denunciado que la mayoría de estos trabajadores carecen de un “adecuado acceso a la atención sanitaria, lo que resulta particularmente alarmante dado el riego que supone la transmisión de la COVID 19; de una correcta protección y seguridad básicas en su trabajo y, además, se ven abocados a vivir en asentamientos hacinados y carentes de servicios básicos como energía eléctrica, agua e higiene”.
Fernández Marugán ha lamentado que “ni las administraciones públicas ni los empresarios agrícolas ni las organizaciones agrarias hayan sido capaces hasta el momento de garantizar a este conjunto de trabajadores y trabajadoras unas condiciones de vida y laborales dignas”.
Habrá una investigación global de la situación de los asentamientos
Fernández Marugán ha anunciado que, con independencia de las investigaciones que mantiene abiertas respecto de varios asentamientos y campañas agrícolas, algunas de las cuales llevan años tramitándose sin haber logrado hasta el momento los cambios sustanciales reclamados, la Institución ha asumido la tarea de llevar a cabo un proceso global de análisis, tanto desde el punto de vista territorial como en lo que atañe a los múltiples problemas que esta situación genera o favorece.
“Este análisis está cimentado en la convicción de que una democracia avanzada como la española no puede permitir situaciones de degradación como la que afecta, con notable extensión y frecuencia, a este colectivo de trabajadoras y trabajadores. Los derechos humanos y la dignidad de estas personas y, en estrecha unión con ello, el modelo de sociedad que nuestro país quiere ser, así lo exigen”, ha concluido.