La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha salido al paso de las críticas recibidas por colectivos feministas, sociales y sindicales, que exigen al Gobierno regional que garantice el derecho al aborto en la Sanidad Pública.
Simón ha afirmado que el Ejecutivo castellanomanchego trabaja de manera “más clara” para asegurar este derecho, con la publicación del registro de sanitarios objetores de conciencia. Así lo ha declarado este viernes a preguntas de los medios durante la constitución de la Mesa Regional contra la Trata con Fines de Explotación Sexual.
Y es que, en el marco del Día Internacional del Derecho al Aborto Legal y Seguro que se celebra este domingo 28 de septiembre, 35 organizaciones, feministas, sociales y sindicales han convocado el próximo lunes concentraciones en Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo. El objetivo de las convocantes es denunciar el “incumplimiento” por parte del Gobierno regional de su obligación de garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la sanidad pública.
La consejera ha señalado que en Castilla-La Mancha está garantizado el aborto a todas las mujeres que quieran realizarlo, con “acceso libre y gratuito”, pero se realiza en “clínicas especializadas” en este ámbito.
Por ello, ha afirmado, el Gobierno regional está trabajando para poder garantizar, “de una manera más clara este derecho”, y entre las medidas, se encuentra la publicación del registro de profesionales que pueden mostrar su voluntad de ser objetores de conciencia o no.
La Consejería de Sanidad aborda esta cuestión con los profesionales para poder “dar una respuesta”, un trabajo que se está haciendo de “manera sosegada, calmada y tranquila”.
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó el pasado mes de marzo el decreto del registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia para interrupciones voluntarias del embarazo, de manera que aquellos que así lo decidan tienen que formalizar su deseo mediante un trámite telemático.
Solo 30 abortos realizados en centros públicos en 14 años
Según las entidades convocantes de las movilizaciones del próximo lunes, un 60% de las mujeres de Castilla-La Mancha se ven obligadas a abortar en otras comunidades y que el 99,94% de las intervenciones se realizan en clínicas privadas, con tan solo 30 interrupciones voluntarias del embarazo en 14 años en centros públicos.
Amnistía Internacional ha declarado que “esta dejadez institucional impone graves obstáculos al ejercicio efectivo de este derecho, que impacta de forma desproporcionada en las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad”.