El proyecto de construcción de cuatro viviendas en dos conventos de la ciudad de Toledo ha levantado las críticas de Izquierda Unida,.
Su portavoz en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha mostrado su rechazo al plan aprobado por el Consorcio de la Ciudad y a su financiación. Según Fernández, los fondos proceden de tres administraciones públicas -Estado, Junta y el propio Ayuntamiento- que deberían “destinar recursos públicos a intereses generales”, sobre todo cuando “la vivienda se ha convertido en una prioridad social”.
Sin control de precios
Para el concejal de IU, este proyecto, que financiará con 260.000 euros de fondos públicos la rehabilitación de unos espacios privados en dos conventos para crear cuatro “zulo-viviendas”, de entre 37 m² a 60 m², “no es ninguna buena noticia”, más “cuando la rentabilidad del uso de estas nuevas viviendas parece destinada al propietario” y “no se estipula nada sobre el control de precios de las mismas por parte de las administraciones que lo financian”. Eso sí, advierte Fernández, estas dos actuaciones parece que “van a permitir hacerse una magnífica foto publicitaria”, pero no aportarán nada a la solución del problema de necesidad de vivienda que tiene la ciudad.
“Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo no queremos asumir una política de vivienda de inversión pública destinada a garantizar el beneficio de entidades privadas que ya tienen su negocio”, defiende Fernández. “Ni entendemos ni compartimos la excusa de que esta financiación sirva para garantizar que los conventos de Carmelitas Descalzos o las Capuchinas se mantengan en pie”. Para el concejal, si estas entidades presentan problemas para financiar su mantenimiento quien debería acometer estas obras es el propietario de los edificios o, si necesitan financiación pública, que las administraciones que lo financian pasen a ser los propietarios. “Lo que no tiene justificación es que lo paguemos todos, pero el beneficiario sea el propio Convento”, subraya Txema Fernández.
Responsabilidad hacia quienes menos recursos tienen
El portavoz municipal de IU insiste en que el Consorcio debería destinar “recursos públicos a intereses generales” y critica que en este caso “parece responder a los intereses de unas órdenes religiosas o del propio Arzobispado”, que, matiza Fernández, “ha declarado una nada desdeñable capacidad económica de 60 millones de euros”.
Además, Fernández apela a la responsabilidad de las administraciones públicas hacia quienes, con escasos recursos económicos, necesitan acceder a una vivienda y se muestra contrariado con el sistema de adjudicación elegido recientemente para las cinco viviendas del Corral de Don Diego que “margina a quienes menos posibilidades tienen”. “No nos alienta ver cómo se ha actuado en la adjudicación en las últimas viviendas de la ciudad, las cinco del Corral de Don Diego, que es una propuesta idéntica a la del proyecto Casa47. Se va a permitir acceder a las viviendas a personas con rentas entre los 17.000 y los 63.000 euros, dejando fuera a las personas que no llegan a ese salario, que serán condenadas a buscarse soluciones habitacionales al margen de los objetivos que tienen las administraciones”.