La crisis de la escuela de música de Burgos: 700 alumnos y 25 profesores en el limbo por la gestión del Ayuntamiento
El correo llegó un lunes por la mañana, aunque también “se filtró” la noticia en un chat de padres: la Escuela Municipal de Música de Burgos suspendía su actividad hasta nuevo aviso. Esa misma tarde del 9 de marzo había audiciones, clases, ensayos. Nada de eso ocurrió.
“Cerraron así de golpe con un correo electrónico de un día para otro”, recuerda Juan Jesús Pérez, alumno del centro. “Nos hemos quedado sin la orquesta, sin un lugar donde practicar nuestra música”.
Desde entonces han pasado tres semanas y la escuela está cerrada hasta el 7 de abril, según ha adelantado la 8 de CyLTV. En ese tiempo, la incertidumbre aquejaba a las cerca de 700 familias afectadas y los 25 profesores y otros empleados de administración que dependen del servicio. “Hay una confusión tremenda”, explican desde la Plataforma de gestión de la Escuela Municipal de Burgos, una agrupación formada por alumnos y padres para buscar la reapertura del centro. “Hay gente a la que se le ha cobrado el mes, otros han devuelto recibos… nadie sabe muy bien qué está pasando ni qué va a pasar”.
El cierre ha sido repentino, pero no inesperado. El conflicto que lo ha provocado llevaba tiempo acumulándose. El contrato de gestión de la Escuela Municipal de Música del Ayuntamiento de Burgos, adjudicado en 2020, incluía prórrogas forzosas hasta septiembre de 2025. Durante esos años, según relatan tanto el gestor como las familias, las advertencias fueron constantes. El servicio, tal y como estaba planteado, no era viable económicamente al ser de 48.000 euros más las cuotas de los alumnos, una cuantía insuficiente con el aumento de la inflación.
“Estaba perdiendo dinero todos los meses”, resumen desde la plataforma. “Así es imposible sostener nada, por mucho que quieras”.
Obligado a abrir por el “interés general” y una licitación desierta
En septiembre de 2025 y con dudas de si el centro abriría, ya con el contrato vencido, el consistorio burgalés optó por imponer una continuidad forzosa en las mismas condiciones económicas cuando el contrato expiró, algo que fue avalado por la justicia al considerar que el “interés general” prevalecía por encima de las dificultades del gestor para ejecutar el contrato.
Con esto se obligaba al gestor a seguir prestando el servicio con unas cifras que él mismo llevaba tiempo denunciando como insuficientes. “Le obligan a seguir sabiendo que está en pérdidas”, critican los afectados. “Es que es de sentido común: nadie puede trabajar así”.
Ese intento de reconducir la situación llegó, pero no funcionó. El Ayuntamiento burgalés, dirigido por Cristina Ayala (PP), sacó a licitación de nuevo la gestión de la escuela en octubre y el proceso quedó desierto en diciembre, sin que ninguna empresa presentara oferta. Para la concejala de Cultura, Andrea Ballesteros (PP), ese fracaso obliga ahora a revisar tanto el estudio económico como los pliegos técnicos del contrato.
“No es solo una cuestión económica”, apunta, aludiendo también al “ruido mediático” generado en torno al conflicto y a algunos aspectos del pliego que están siendo revisados. La concejala 'popular' apunta que el objetivo del Consistorio sigue siendo volver a sacar una nueva licitación “actualizada” y garantizar así la continuidad futura del servicio.
Entre los afectados, la explicación es clara. “Es que nadie va a licitar por algo que no es viable económicamente”, sostienen desde la plataforma. A su juicio, las condiciones del contrato —tanto por el precio como por las exigencias añadidas— hacían inviable asumir la gestión sin incurrir en pérdidas, lo que dejó al Consistorio sin alternativa y con el problema ya encima.
El TSJCyL culpa al Ayuntamiento de provocar la situación
El conflicto acabó de nuevo en los tribunales y ahí se produjo el giro que explica el escenario actual. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) dio la razón al gestor, pero además culpó de la situación al Consistorio. “No comprende la Sala que no previera con la antelación suficiente el Ayuntamiento”, recoge la sentencia, que subraya que la situación se produce porque no se licitó a tiempo el contrato.
La resolución insiste en que la situación “límite” es “únicamente” responsabilidad del Ayuntamiento. También critica la continuidad forzosa al recordar que esa figura solo es válida si se ha preparado con antelación un nuevo contrato, algo que no ocurrió en este caso.
Aunque el Ayuntamiento no discute el fondo de ese retraso, sí matiza el alcance del reproche judicial. Ballesteros recuerda que en primera instancia la justicia sí avaló la posición municipal, lo que permitió mantener abierta la escuela en octubre, al entender que las pérdidas del gestor podían ser compensadas posteriormente por la administración.
“En primera instancia se da la razón al Ayuntamiento, por eso se abre la escuela en el mes de octubre”, explica. Fue después, con el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, cuando el escenario cambió por completo: “En la segunda instancia, efectivamente, le da la razón al gestor, y el Ayuntamiento no le puede obligar a seguir prestando el servicio”.
Ballesteros admite, no obstante, que el Consistorio no llegó a tiempo para tener lista una nueva adjudicación cuando venció el contrato anterior. Según sostiene, ese retraso estuvo condicionado por la entrada en vigor, en junio, de un nuevo convenio colectivo que alteró de forma directa el coste del servicio. “Si se hubiera sacado la licitación en ese momento, hubiera estado desfasada en nada”, argumenta, al considerar que el nuevo marco salarial obligaba a recalcular el coste real de la escuela antes de lanzar un nuevo contrato.
Para la concejala socialista Nuria Barrio, la lectura es evidente. “La sentencia dice por cinco veces que el Ayuntamiento podía haber evitado esta situación”, sostiene. “Aquí no ha pasado nada imprevisto, ha habido una falta de gestión durante años”.
La justicia acredita que el gestor lleva sufriendo pérdidas
El tribunal también entra en la situación del gestor. Considera acreditado que llevaba tiempo asumiendo pérdidas y advierte de que obligarle a continuar podía llevarle a la quiebra personal. “No se puede cargar sobre un particular el coste de sostener un servicio público”, resumen desde la plataforma quienes también apuntan a que él mismo ha acreditado una afectación a su salud, algo que también señala la concejala socialista.
Con esa sentencia, la balanza de la justicia cae al lado del gestor. Este deja de estar obligado a continuar y la escuela, sin nadie quién la gestione, cierra. “Cuando él (el gestor) se hace cargo de la escuela lo hace por amor a la música, antes era profesor”, aseguran desde la plataforma.
A partir de ese momento, la urgencia se impone. Ayuntamiento, gestor, familias y representantes de los trabajadores comienzan a reunirse para intentar desbloquear la situación. También comienzan a manifestarse y a apremiar al equipo de Gobierno. El objetivo es común: reabrir la escuela cuanto antes y salvar lo que queda de curso.
Según coinciden las partes, el Ayuntamiento ha planteado una solución provisional basada en asumir el coste real del servicio hasta final de curso. Es decir, cubrir el desfase entre los ingresos por cuotas y los gastos, principalmente las nóminas del profesorado. La propuesta pasa por formalizar ese compromiso mediante un documento con validez jurídica que dé seguridad al gestor.
El Ayuntamiento y el gestor fijan la reapertura el 7 de abril
Ballesteros defiende públicamente esa vía y defiende que el Ayuntamiento está trabajando para reabrir la escuela “lo antes posible”. También confirma que se han mantenido conversaciones con el gestor y ha situado el horizonte de la reapertura en después de Semana Santa, algo que ha sido acordado entre las partes en la tarde del jueves 26 de marzo.
Tras días de contactos y cruces de documentos, las partes han logrado finalmente un acuerdo para retomar la actividad el próximo 7 de abril, coincidiendo con la vuelta de las vacaciones de Semana Santa. La concejala ya había situado públicamente ese día como el primer horizonte realista para una posible reapertura, al entender que incluso con acuerdo sería necesario un margen mínimo para reorganizar la actividad, revisar la apertura del centro y reactivar la estructura laboral tras semanas de parón. Ese escenario es, precisamente, el que ahora se ha anunciado y está por concretarse de forma definitiva en una Junta de Gobierno Extraordinaria.
Ahora, con el visto bueno político, el acuerdo jurídico estaría encarrilado. La solución pasa por garantizar la reapertura del servicio con el actual gestor hasta final de curso, una salida de urgencia que permita recuperar las clases y dar algo de certidumbre a las familias y al profesorado tras semanas de parálisis.
Desde el entorno de las familias se recibe el acuerdo con alivio, aunque también con cautela. La preocupación, explican, no termina con la reapertura: “Ahora hay que seguir presionando para que haya un buen contrato de licitación que garantice la continuidad de la escuela y que esto no vuelva a pasar”.
“Seguridad jurídica”
“Lo que el gestor pide es seguridad jurídica”, explican desde la plataforma. “No vale con decir que se va a pagar, tiene que haber un documento que lo garantice de verdad”. Según su versión, ese documento debía elaborarse de forma conjunta entre ambas partes y aprobarse en una junta de gobierno extraordinaria.
“Se nos dijo que en 24 horas desde que se firmara se podía abrir la escuela”, aseguran. Pero el proceso se ha ido alargando. “El documento lo hizo unilateralmente el Ayuntamiento, se hicieron correcciones, se devolvió… y seguimos esperando”, denuncian. La frustración es creciente: “Mientras discuten papeles, la escuela sigue cerrada”.
Desde el equipo de gobierno se insiste en una idea distinta. Ballesteros afirma que el Ayuntamiento no puede asumir pagos sin la debida justificación documental y que debe actuar “conforme a la legalidad”. En su explicación se defiende la necesidad de acreditar los gastos antes de comprometer fondos públicos.
La alcaldesa asegura que el gestor no presenta bien la documentación
La alcaldesa, Cristina Ayala, según indican desde la plataforma, llegó a asegurar a un padre que el gestor no ha presentado bien la documentación.
Según el gestor, los cambios que se introdujeron son más bien acotaciones, que ha aceptado el grueso del documento, pero se incluyeron condiciones de pago, tipo “una vez certificados los gastos se pagaran a 30 días, y si no se cumple con X intereses”. Según el gestor, “el tapón está más arriba”.
El problema sigue estando los números. Y ahí hay poco margen para debatir cuánto tiene que aportar el Ayuntamiento. El coste de las nóminas supera los 40.000 euros mensuales, mientras que los ingresos por cuotas se sitúan en torno a los 30.000. El canon municipal no cubre esa diferencia. “Haz tú los cálculos”, resumen los afectados.
El propio tribunal apuntó en esa dirección al señalar que el servicio estaba infravalorado y que un intento posterior de licitación elevaba considerablemente su coste. A eso se suma el estado de las instalaciones y del material. “En esta escuela no se ha cambiado ni una escobilla en años”, denuncian los afectados. “Imagínate los instrumentos”. El resultado: un bloqueo administrativo que ahora se intenta resolver a contrarreloj, con una solución provisional que, en el mejor de los casos, permitiría terminar el curso.
Desde la oposición se insiste en que todo esto era evitable. “Había tiempo de sobra para hacer las cosas bien”, señala Barrio. “Lo que no puede ser es que se llegue a esta situación en mitad de curso con 700 familias afectadas”, ha afeado.
La Cultura en Burgos, en peligro
El cierre de la escuela, a pesar del anuncio de reapertura hasta final de curso, supone un 'rejonazo' más a la cultura de Burgos si no se soluciona el problema de forma inminente. “Culturalmente, Burgos está bastante pobre”, lamenta Juan Jesús Pérez. “No es solo la escuela, es una sensación general”, apostilla.
La contradicción, dicen, es evidente. “Se habla de proyectos culturales grandes, de millones, —en referencia a la candidatura para la Capital Europea de la Cultura— pero luego pasan estas cosas”, apuntan desde la plataforma. “Y al final lo que afecta a la gente es esto”.
A corto plazo, todas las miradas están puestas ahora en esa reapertura prevista para el 7 de abril, siempre que la Junta de Gobierno Local extraordinaria ratifique formalmente el acuerdo alcanzado. Si no hay cambios de última hora, la escuela podrá retomar la actividad tras el parón de Semana Santa y cerrar así un curso que ha quedado marcado por el conflicto judicial, la incertidumbre laboral y el malestar de las familias. Pero incluso si ese escenario se cumple, nadie cree que sea una solución definitiva. “Será un parche”, reconocen. “El problema de fondo sigue ahí”.
Pero incluso si esa solución inmediata se consolida, el problema de origen sigue intacto. La reapertura no resuelve los errores de planificación que han desembocado en esta crisis. El siguiente reto será diseñar una nueva licitación viable, con un contrato capaz de sostener el servicio sin abocar otra vez al gestor —sea quien sea— a pérdidas económicas o a un nuevo choque con la administración.
Las familias, como afirma la concejala socialista, ya están apuntando a sus hijos a academias privadas, lo que mermará de seguro el número de matriculados y hará que se modifiquen las condiciones de una futura licitación, como también reconoce Ballesteros
“Esto se veía venir”, concluyen desde la plataforma. “Lo importante ahora es que se abra, sí, pero también que no vuelva a pasar”. Después de semanas esperando respuestas, la música tiene ya fecha para volver. Lo que todavía está por resolver es si realmente se ha aprendido algo de estas semanas de pocas certezas.