Igualdad Animal denuncia que Castilla y León oculta su falta de control tras la muerte de ciervos agonizantes en un matadero segoviano

Igualdad Animal ha denunciado este jueves que la Consejería de Sanidad de Castilla y León oculta a la opinión pública el expediente sancionador que abrió el pasado mes de febrero contra el matadero Vicente de Lucas (Segovia), después de que la fundación animalista trasladara a las autoridades castellano-leonesas el 19 de diciembre de 2025 las imágenes inéditas que avanzó este martes elDiario.es. En este establecimiento industrial, unos 200 cervatillos fueron sacrificados a tiros, de forma aglomerada, con signos evidentes de miedo y estrés debido al incorrecto trato que realizaron los operarios.

La Consejería de Sanidad, cuya cartera en funciones ostenta Alejandro Vázquez (PP), no respondió a este diario cuando se le consultó por las presuntas irregularidades en el matadero segoviano. Concretamente, se preguntó si la Dirección General de Salud Pública había iniciado una o varias inspecciones y si se habían acreditado irregularidades. En caso afirmativo, si se había iniciado un expediente y cuáles eran las conclusiones que habían extraído los técnicos y servicios veterinarios en sus informes.

Pese a ello, tras la publicación del reportaje aseguraron que el matadero “cuenta con autorización para operar con caza de cría”, y al tiempo que reconocieron que habían formulado requerimientos para “reforzar las garantías en bienestar animal”. Así, señalaron que el sacrificio de los cérvidos se realizaba en “establecimiento autorizado y bajo supervisión veterinaria oficial, conforme al marco regulador vigente para animales destinados al consumo humano”. “Los animales sacrificados cuentan con la documentación sanitaria preceptiva emitida por las autoridades de origen que ampara su traslado al matadero”, informaron.

Después de la denuncia presentada por Igualdad Animal, Sanidad afirma que, en el marco del control oficial, “se intensificaron las actuaciones de supervisión”. En este sentido, se revisaron “los protocolos aplicables”, promoviendo “medidas de mejora conforme al soporte científico y normativo disponible”, al considerar las “particularidades propias” de los cérvidos y la necesidad de “una aproximación técnica específica para esta especie”.

Sin embargo, se omite que el 27 de febrero de 2026, la Dirección General de Salud Pública de la Consejería no solamente comunica que las autoridades “habían implantado medidas correctivas”, sino que se habían “iniciado actuaciones administrativas para la gestión de un expediente sancionador contra el matadero Vicente de Lucas”, como se desprende de un documento consultado por este diario.

El 17 de abril de 2026, la Dirección General de Salud Pública responde a Igualdad Animal que ha constatado que el sacrificio de cérvidos “no constituye una actividad habitual en dicho establecimiento”, según figura en los correos internos, consultados por este diario. Se trata, señala el organismo competente, “de una actividad de carácter estacional, concentrándose los sacrificios principalmente en los meses de diciembre, febrero y agosto, con un volumen de 862, 879 y 574 cérvidos, respectivamente”. No obstante, los sacrificios de más de 200 animales de esta especie tuvieron lugar el 5 de marzo de 2025.

En consecuencia, puede concluirse que “el sacrificio de cérvidos en el citado matadero no forma parte de su actividad ordinaria”. Por otra parte, afirma Salud Pública, desde el ámbito oficial del establecimiento “se están reforzando las actuaciones de supervisión con el fin de garantizar el bienestar animal”, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento europeo 1099/2009, y de acuerdo a las recomendaciones emitidas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en esta materia.

“La Junta de Castilla y León no puede reconocer medidas correctivas y, al mismo tiempo, negar la existencia de infracciones”, explican fuentes de Igualdad Animal. Cabe señalar que las imágenes muestran cómo los animales, conscientes tras los disparos, movían la cola, las patas y levantaban la cabeza mientras se desangraban. Además, los cervatillos presenciaron el sacrificio del resto, mientras que otros animales de la misma especie eran colgados por una sola extremidad cuando aún estaban vivos. En algunos casos, los animales intentaban escapar malheridos del cajón de sacrificio por los pasillos, lo que obligaba a los trabajadores a avisar al matarife para que los rematara a distancia.

“Que hechos de esta gravedad puedan producirse en un establecimiento autorizado y bajo supervisión veterinaria oficial, como reconoce la propia Consejería en su respuesta, resulta aún más grave”, destacan las mismas fuentes, y añaden que “no estamos ante un vacío legal ni ante una actividad sin control, sino ante un fallo en la aplicación efectiva y en la supervisión real de la normativa que debería haberlo evitado”.

La fundación animalista sostiene, en respuesta a la Consejería de Sanidad, que en ningún momento han cuestionado la autorización del matadero ni la documentación sanitaria de los animales, sino “la existencia de infracciones muy graves en el manejo, el aturdimiento y la matanza de los ciervos”. Entre las presuntas irregularidades, Igualdad Animal sostiene como muy grave la agonía que sufrieron los animales que permanecieron conscientes y con signos vitales tras la ausencia de aturdimiento previo, llegando incluso a ser izados por sus extremidades antes de morir. La Ley 32/2007, precisamente, considera una infracción muy grave “el incumplimiento de la obligación del aturdimiento previo”.

Asimismo, las mismas fuentes recuerdan que el Real Decreto 695/2022 obliga a que los mataderos dispongan de “sistemas de videovigilancia”. Sin embargo, este caso deja sin respuesta “cómo pudieron ocurrir estos hechos en un matadero autorizado, qué falló en la supervisión, qué recogen las grabaciones obligatorias y por qué no se detectaron antes estas irregularidades”. Así, afirman que la respuesta de Sanidad, al “insistir en la autorización del establecimiento y la supervisión veterinaria oficial”, evidencia que “los mecanismos de control” no han funcionado.

“El acceso y control de las grabaciones sigue en manos de los propios operadores, lo que limita su independencia y eficacia”, lamentan y añaden que pese a se trata de una herramienta concebida “para garantizar transparencia y supervisión”, ésta puede “quedar condicionada por quienes son precisamente objeto de esa supervisión”. “Este caso pone de manifiesto la necesidad de un sistema de videovigilancia independiente y transparente en todos los mataderos”, insisten.

Igualdad Animal recuerda que la normativa establece que, cuando existen indicios objetivos de infracción, la Administración no puede actuar con discrecionalidad, sino que debe incoar y tramitar el correspondiente procedimiento sancionador. En este caso, las imágenes apuntan a posibles incumplimientos del Reglamento (CE) 1099/2009 y de la Ley 32/2007, en particular en lo relativo a la obligación de garantizar un aturdimiento eficaz y mantener la inconsciencia de los animales hasta su muerte.

En cualquier caso, la autorización administrativa del establecimiento no exime del cumplimiento de la normativa vigente ni impide la obligación de investigar y, en su caso, sancionar los hechos denunciados. “La gravedad de las imágenes, junto con el reconocimiento de actuaciones correctivas por parte de la Consejería, exige una respuesta administrativa coherente, proporcionada y plenamente ajustada al principio de legalidad”, afirma a este diario Anna Mulà, gerente de incidencia legislativa de Igualdad Animal.

Finalmente, Igualdad Animal reclama que se tramite el expediente sancionador ya anunciado por la Consejería y que se apliquen las “consecuencias previstas en la normativa”. También pide “acceso completo” a la documentación de las inspecciones y controles realizados, incluidos informes veterinarios, actas y medidas correctivas. Asimismo, solicita “transparencia sobre el funcionamiento del sistema de videovigilancia en el matadero” y las grabaciones relacionadas “con los hechos denunciados”, además de una revisión del sistema de control oficial para reforzar la detección de posibles “incumplimientos en bienestar animal”.

La versión del matadero

La empresa asociada al establecimiento industrial explicó a este diario que “hasta donde este matadero conoce, no nos consta que se haya tramitado o esté tramitando expediente administrativo sancionador de ningún tipo más allá de la emisión de algún acta de control oficial correspondiente al sacrificio de cérvidos”. En este sentido, afirmaron que su postura en relación al sacrificio de los animales “es la que formalmente pusimos de manifiesto en su momento a los organismos públicos competentes y, concretamente, a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León”.

Asimismo, aseguraron que su actividad había sido autorizada “bajo informe favorable”, y que una vez presentada la memoria técnica descriptiva de la actividad que vio luz verde por parte de los servicios veterinarios oficiales, ese tipo de sacrificio “se ha venido realizando desde su inicio y en todo momento con toda normalidad y cumpliendo con todas las normas vigentes”, sin que se hayan detectado incumplimientos por ninguno de los profesionales “de los servicios veterinarios oficiales que han estado a lo largo de los años desde que se concedió la autorización para ese tipo de sacrificio”.

Finalmente, señalaron que dicha actividad se había realizado, desde el inicio y hasta la actualidad, de forma “correcta, eficaz y eficiente en todas sus fases del sacrificio, y cumpliendo en todo momento la normativa vigente de bienestar animal”, también la relativa al método de aturdimiento, regulado en el Reglamento europeo 1099/2009.