Animales desangrados a tiros, conscientes de su agonía: la muerte de 200 cervatillos de El Pardo en un matadero segoviano

Unos 200 cervatillos han sido sacrificados a tiros en el matadero autorizado de Vicente de Lucas Fuentetaja de Segovia. Los cérvidos convivían aglomerados en la zona de sacrificio, con signos evidentes de miedo y estrés debido al incorrecto trato que realizaron los operarios del establecimiento industrial. Los animales, conscientes tras los disparos, movían la cola, las patas y levantaban la cabeza mientras se desangraban. Los cervatillos presenciaron el sacrificio del resto, mientras que otros animales de la misma especie eran colgados por una sola extremidad cuando aún estaban vivos. En algunos casos, los animales intentaban escapar malheridos del cajón de sacrificio por los pasillos, lo que obligaba a los trabajadores a avisar al matarife para que los rematara a distancia, como se desprende de las imágenes inéditas que avanza elDiario.es.

Este diario se ha puesto en contacto con la empresa asociada al matadero, que ha respondido que “hasta donde este matadero conoce, no nos consta que se haya tramitado o esté tramitando expediente administrativo sancionador de ningún tipo más allá de la emisión de algún acta de control oficial correspondiente al sacrificio de cérvidos”. En este sentido, afirman que la postura de este matadero en relación al sacrificio de los animales “es la que formalmente pusimos de manifiesto en su momento a los organismos públicos competentes y, concretamente, a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León”.

Asimismo, aseguran que su actividad ha sido autorizada “bajo informe favorable”, y que una vez presentada la memoria técnica descriptiva de la actividad que vio luz verde por parte de los servicios veterinarios oficiales, ese tipo de sacrificio “se ha venido realizando desde su inicio y en todo momento con toda normalidad y cumpliendo con todas las normas vigentes”, sin que se hayan detectado incumplimientos por ninguno de los profesionales “de los servicios veterinarios oficiales que han estado a lo largo de los años desde que se concedió la autorización para ese tipo de sacrificio”. Finalmente, señalan que dicha actividad se ha realizado, desde el inicio y hasta la actualidad, de forma “correcta, eficaz y eficiente en todas sus fases del sacrificio, y cumpliendo en todo momento la normativa vigente de bienestar animal”, también la relativa al método de aturdimiento, regulado en el Reglamento europeo 1099/2009.

Este diario también se ha puesto en contacto con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, así como con la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, sin que haya sido posible obtener su versión de los hechos. En la consulta, se les solicitó la procedencia y condición del traslado de los animales; la constatación o no de posibles incumplimientos de la normativa de bienestar animales; existencia de inspecciones y/o expedientes abiertos por los hechos; medidas adoptadas, así como las conclusiones de los informes técnicos realizados, entre otros.

Las grabaciones fueron captadas el 5 de marzo de 2025 en el interior del matadero de Vicente de Lucas, en Segovia (Castilla y León) de forma anónima y enviadas a finales de octubre a Igualdad Animal. Fuentes de la organización detallan que fueron sacrificados más de 200 ciervos que procedían del Monte de El Pardo, área natural protegida al noroeste de Madrid, y que gestiona Patrimonio Nacional, organismo adscrito a Presidencia del Gobierno. “Los animales fueron capturados vivos, mutilados en sus cuernos y trasladados al matadero”, señala la organización animalista a este diario. Antes del sacrificio de más de 200 cérvidos, “más de cinco ya habían muerto dentro de las instalaciones, posiblemente a causa del estrés y el miedo provocados por el confinamiento”, añaden. Patrimonio Nacional, organismo a quien se le consultó si se habían realizado actuaciones de control poblacional durante el periodo señalado; naturaleza de los métodos de captura y gestión de los animales, así como el destino y trazabilidad del traslado, no ha respondido a este diario, en el momento en que se publica esta noticia.

El Monte de El Pardo es un espacio protegido de alto valor, considerado como uno de los mejor conservados de Europa. Situado al noroeste de Madrid, cuenta con una superficie de 15.821 hectáreas, y fue declarado Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA), dentro de la Red Natura 2000. La caza está prohibida en este espacio y los controles de población de ciervos se realizan “mediante capturas y traslado a mataderos autorizados”, aunque con “carácter estacional”, especifica Salud Pública de Castilla y León, principalmente durante los meses de diciembre, febrero y agosto.

Sacrificios presuntamente irregulares de ciervos

“En el marco de estas actuaciones, los animales son capturados vivos, se les cortan las cuernas y posteriormente son transportados hasta el matadero para su matanza”, explica a elDiario.es Anna Mulá, Gerente de Incidencia Legislativa. Después de recibir las imágenes, Igualdad Animal verificó su autenticidad y correspondencia con la del establecimiento y presentó una denuncia administrativa ante la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León el 22 de diciembre de 2025, según la documentación consultada por este diario. Igualdad Animal señala que se han producido ocho infracciones graves de la normativa europea de bienestar animal.

La matanza de más de 200 cérvidos tuvo lugar el 5 de marzo de 2025 entre las 6:00 y las 11:00 horas, según consta en la denuncia. Así, la abogada y experta en conservación de especies, indica que estos animales “no han sido mantenidos, criados ni cebados con fines de producción, explotación ganadera o lucro, ni pueden ser calificados como animales de producción”. En su denuncia, Mulá argumenta que estos ciervos son animales silvestres (es decir, salvajes) que vivían libres. No han sido criados por humanos en una granja para producir carne, sino que su sacrificio es parte de un plan de control poblacional. Normalmente, la legislación europea que dice cómo deben morir los animales no se aplica cuando se trata de controlar poblaciones de animales salvajes. Es decir, si se hiciera en el campo, las normas serían diferentes. Sin embargo, en el momento en que introduces a los animales en un matadero autorizado, las reglas cambian.

“El sacrificio de animales en un matadero no puede realizarse al margen de las exigencias de bienestar animal aplicables a este tipo de instalaciones, debiendo la autoridad competente verificar que el establecimiento cumple con las obligaciones legales que le son exigibles y que no se producen situaciones de sufrimiento evitable, estrés o maltrato durante el manejo, aturdimiento y muerte de los animales”, argumenta la experta. Por tanto, el matadero autorizado tiene la obligación legal de evitar cualquier sufrimiento, dolor o estrés innecesario, y las autoridades competentes deben vigilar el cumplimiento estricto de la ley.

Este espacio natural está considerado el bosque mediterráneo más importante de la Comunidad de Madrid, así como una importante reserva ecológica y biológica. Este ecosistema –que discurre por el río Manzanares, desde su nacimiento hasta el Monte El Pardo, incluyendo La Pedriza, constituye el parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares– forma parte de una gran riqueza faunística. Entre ellas, además del ciervo, especies como el águila imperial, el buitre negro, la cigüeña negra y otras numerosas como el gamo, el jabalí, el gato montés conejo, el tejón, el zorro, la gineta o la comadreja conviven en este espacio. Entre los reptiles, destacan la culebra de escalera, el lagarto ocelado y la lagartija cenicienta.

Una cadena de irregularidades

La denuncia de Igualdad Animal contra el matadero Vicente de Lucas Fuentetaja de Segovia expone una cadena de presuntas irregularidades que comenzó con un manejo violento mediante ruidos y golpes para forzar el movimiento de ciervos aterrorizados; continuó con una gestión logística deficiente que provocó aglomeraciones, permitió que los animales presenciaran la muerte de otros y culminó en una ejecución técnica negligente. Estas supuestas infracciones incluyeron la falta de sujeción individual y la realización de disparos múltiples descontrolados, lo que derivó en la situación más grave: la agonía de animales que permanecieron conscientes y con signos vitales tras la ausencia de aturdimiento previo, llegando incluso a ser izados por sus extremidades antes de morir. 

La Ley 32/2007, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, considera una infracción muy grave “el incumplimiento de la obligación del aturdimiento previo”, así como “educar o manejar al animal con métodos agresivos o violentos que puedan provocar maltrato al animal, o causarle estados de ansiedad o miedo”, como se desprende del artículo 14.1 en los apartados e) y n). Entre las faltas leves, se incluye el incumplimiento de las obligaciones de protección animal en cuanto al “cuidado y manejo de los animales, siempre que no se produzcan lesiones permanentes, deformidades o defectos graves, o la muerte de los animales” y el incumplimiento de las obligaciones respecto a “la forma, métodos y condiciones para el sacrificio o matanza de animales”, como se desprende del artículo 14.3 en los apartados a) y b).

El artículo 16 de la normativa establece, para las infracciones leves, una sanción de hasta 600 euros o apercibimiento; en el caso de las graves, una multa de entre 601 y 6.000 euros y para las muy graves, entre 6001 y 100.000 euros. La denuncia de Igualdad Animal sostiene que se ha producido al menos una infracción muy grave debido al presunto incumplimiento “de la obligación de aturdimiento previo” dado que “los animales permanecieron conscientes tras los disparos”.

Sanidad abre expediente sancionador

El 27 de febrero de 2026, la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad comunica que las autoridades “habían implantado medidas correctivas” y que se habían “iniciado actuaciones administrativas para la gestión de un expediente sancionador contra el matadero Vicente de Lucas”. En el escrito, al cual ha accedido este diario, la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Castilla y León informa, en relación al citado matadero, de que “se ha procedido a verificar que el transporte está legalmente amparado por la documentación exigible para trasladar desde origen al matadero”, y que se dio traslado de la denuncia a los Servicios Veterinarios Oficiales de Salud Pública.

Estos servicios, en base al artículo 4 del Decreto 189/1994, realizaron “controles adicionales específicos con el fin de verificar si los hechos denunciados suponen un incumplimiento de la legislación de bienestar animal”. Del mismo modo, procedieron a implantar “medidas correctivas en relación con el manejo de los animales desde su llegada al matadero hasta su sacrificio”. “Se han iniciado actuaciones administrativas para la gestión de un expediente sancionador al establecimiento Vicente de Lucas”, concluye la Dirección General de Salud Pública.

El 17 de abril de 2026, la Dirección General de Salud Pública responde a Igualdad Animal que ha constatado que el sacrificio de cérvidos “no constituye una actividad habitual en dicho establecimiento”, según figura en los correos internos, consultados por este diario. Se trata, señala el organismo competente, “de una actividad de carácter estacional, concentrándose los sacrificios principalmente en los meses de diciembre, febrero y agosto, con un volumen de 862, 879 y 574 cérvidos, respectivamente”. Sin embargo, los sacrificios de más de 200 animales de esta especie tuvieron lugar el 5 de marzo de 2025.

En consecuencia, puede concluirse que “el sacrificio de cérvidos en el citado matadero no forma parte de su actividad ordinaria”. Por otra parte, afirma Salud Pública, desde el ámbito oficial del establecimiento “se están reforzando las actuaciones de supervisión con el fin de garantizar el bienestar animal”, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento europeo 1099/2009, y de acuerdo a las recomendaciones emitidas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en esta materia. “Todo apunta a que los animales podrían estar entrando en el circuito alimentario: son trasladados a un matadero autorizado en lugar de ser gestionados in situ como medida de control poblacional”, indican fuentes de Igualdad Animal.

Exigen el cierre cautelar

En la denuncia presentada ante las autoridades de la Junta de Castilla y León, Igualdad Animal reclama que se lleven a cabo “medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la producción del daño” y que, en su caso, se estudie el “cese o interrupción de la actividad”, con la posible clausura del establecimiento, así como la retirada de la autorización administrativa.

Asimismo, solicitan a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural que verifique “el cumplimiento del matadero de la obligación de disponer de un Sistema de Videovigilancia del Bienestar de los Animales”, según lo previsto en el Real Decreto 695/2022. Esta normativa, que regula específicamente esta cuestión, indica en su artículo 1 que este real decreto “tiene por objeto establecer, con carácter básico, los requisitos para la instalación y funcionamiento de un Sistema de Videovigilancia del Bienestar de los Animales en los mataderos del territorio español, para la realización de controles relativos a la normativa sobre bienestar de los animales, a fin de garantizar su cumplimiento por los operadores de los mataderos y su personal”.

En su solicitud, Mulá sostiene que esta videovigilancia debe incluir “todas las áreas donde se encuentren animales vivos” y que se debe comprobar “la existencia de un procedimiento normalizado de trabajo que registre los incumplimientos detectados y las medidas adoptadas, conservando dichos registros”, como establece la ley.

Finalmente, exigen que “se adopten las medidas necesarias para evitar la reiteración de estas prácticas” con el objetivo de que el matadero denunciado “no vuelva a ser utilizado para la matanza de animales silvestres procedentes de actuaciones de control poblacional”, cuando dicha actividad “no resulte compatible con la naturaleza del establecimiento, su autorización administrativa y las condiciones bajo las que fue autorizado, así como las exigencias legales en materia de bienestar animal”.

Igualdad Animal valora “positivamente” la incoación del expediente por parte de la Dirección General de Salud Pública de Castilla y León, pero considera también que la respuesta es “insuficiente” mientras “no se garantice que el matadero no vuelva a ser utilizado para la matanza de animales”. Además, exigen que se resuelva el expediente “con las sanciones previstas en la ley”.