La concejala palentina del PP que recibió una VPO dice que todo es legal, pero no la declaró entre sus bienes
La concejala del PP en al Ayuntamiento de Palencia, Laura Lombraña, ha defendido que la vivienda de protección oficial (VPO) que adquirió en 2023 fue adjudicada “conforme a la normativa vigente” y que cumplió “estrictamente todos los requisitos exigidos por la ley”. En un comunicado, la edil niega cualquier irregularidad y cuestiona la “casualidad” de que la información, publicada por El País, se conozca en “plena antesala” de las elecciones autonómicas de Castilla y León.
Lombraña, que fue responsable de Cultura, Turismo, Fiestas y Deportes entre 2019 y 2023 y hoy continúa como concejala en la oposición, ha apuntado que las informaciones publicadas dañan su reputación y ha anunciado que se reserva acciones legales.
La información que ha publicado El País recoge que la vivienda no figura en su declaración de bienes publicada en el Portal de Transparencia municipal. En el documento, firmado en junio de 2023, únicamente constan 7.000 euros en cuenta corriente. Sin embargo, el chalé sí aparece inscrito en el Registro de la Propiedad.
Preguntada por esa omisión, Lombraña aseguró al medio que la declaración “no estará actualizada, como tantos currículums” y afirmó haber enviado una modificación al Ayuntamiento, aunque —según fuentes municipales citadas por El País— no consta que se haya recibido actualización alguna.
No se celebró un sorteo abierto de la VPO
La vivienda forma parte de una promoción de 47 chalés de protección oficial con piscina comunitaria construidos sobre un solar municipal vendido en 2019 por el Ayuntamiento de Palencia por 1,89 millones de euros. La operación fue aprobada pocos meses después de la constitución del gobierno municipal encabezado por Mario Simón (Ciudadanos), en coalición con el PP.
Las casas, comercializadas por la inmobiliaria palentina Ingucasa y vendidas por 157.320 euros, se entregaron en abril de 2023. Una de ellas fue adquirida por Lombraña, según la documentación a la que tuvo acceso El País.
El problema viene con la adjudicación: la Ley autonómica 9/2010 sobre el derecho a la vivienda establece que, “con carácter general”, la selección de adjudicatarios de VPO debe realizarse mediante sorteo entre las personas inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León.
Sin embargo, en este caso no se celebró un sorteo abierto entre todos los inscritos en el registro de vivienda protegida—que sumaban 1.949 en la provincia a cierre de 2025—, sino que la inmobiliaria comercializó directamente las viviendas. Posteriormente, se realizó un sorteo ante notario, pero limitado a las 47 personas que ya habían formalizado su interés, con el objetivo de asignar qué vivienda concreta correspondía a cada una.
“Yo me enteré porque vi el anuncio en la inmobiliaria”, declaró Lombraña a ese medio. “A mí me llaman para decirme que cumplo con los requisitos. Yo no sé si ha habido un sorteo”.
La Junta asegura que se verificó todo
La Junta de Castilla y León, responsable de supervisar el cumplimiento de la normativa en materia de vivienda protegida, defendió ante El País que se verificó tanto la legalidad del procedimiento como que los adjudicatarios cumplían los requisitos exigidos y estaban inscritos en el registro autonómico.
Para elegir el propietario de las viviendas de protección oficial construidas por la enajenación de una administración pública, también se debe hacer mediante un sorteo en el que participarán las personas inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León.
El portavoz autonómico citado por ese diario sostiene que la expresión “con carácter general” no implica obligatoriedad absoluta del sorteo y remite a una orden de 2008 que permite al promotor decidir si lo celebra, siempre que garantice los principios de publicidad y concurrencia. No obstante, la normativa fue modificada en 2013 para que el sorteo sea obligatorio también para las viviendas de protección oficial de promoción privada y cumplir así el principio de igualdad en el acceso a estas viviendas de protección oficial.
Martínez (PSOE) pide investigar la adjudicación
El candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha anunciado que va a exigir a la Junta la apertura de una investigación sobre la concesión de una vivienda de protección oficial a una concejala del Ayuntamiento de Palencia que, según Martínez, demuestra el “abuso que el PP hace de las administraciones”, informa EFE.
“Una vez más Castilla y León en el foco de la corrupción”, ha lamentado el candidato socialista durante su visita, en este quinto día de campaña, a San Andrés del Rabanedo (León), donde ha calificado de “muy grave” que se adjudicara esa vivienda pública a la concejala del PP de Palencia sin sorteo público.
“Hoy volvemos a conocer los chanchullos de ese dúo dinámico en el que se han convertido el señor Quiñones y Mañueco”, ha dicho el candidato socialista quien ha criticado que se utilicen las instituciones en un tema tan “sensible” como la vivienda y en unos momentos de especial dificultad a su acceso “entre nuestros jóvenes y en gran parte de la población de Castilla y León”.
El candidato ha señalado que responsables políticos a Mañueco, Quiñones o la directora general de Vivienda y número 1 en las listas del PP por Valladolid, María Pardo, se “saltana la torera su propia normativa aprobada en el año 2013” y volviendo a conceder viviendas sin sorteo previo y digitalmente por parte del promotor las viviendas.
Martínez ha pedido “luz y taquígrafos” en la concesión de esta vivienda con el objetivo de que “volvamos a confiar en nuestras instituciones” y ha adelantado que como alcalde de Soria ya se ha dirigido a la Consejería de Fomento para ver si las parcelas que se han permutado durante los últimos doce años desde el año 2013, se ha cumplido la normativa en la concesión de las viviendas para poder “garantizar la equidad y la igualdad” en su acceso.
IU pide la dimisión de la concejala y una investigación
Como era de esperar las reacciones políticas no han tardado en aparecer. La coalición IU-Sumar-Verdes Equo ‘En Común’ ha exigido la dimisión de la concejala del PP Laura Lombraña y una investigación “urgente”. El candidato autonómico de IU, Juan Gascón, ha señalado que la Junta no puede “mirar hacia otro lado” ante lo que considera un sistema de “privilegios” en el acceso a vivienda protegida.
La coalición no ha considerado “sostenible” que la edil continúe y ha advertido de que intensificará la presión política si no se produce su dimisión, al entender que el caso resulta especialmente grave en un contexto de encarecimiento del alquiler y dificultades de emancipación juvenil.
Podemos cuestiona la supervisión de la Junta
Por su parte, el portavoz de Podemos y exprocurador autonómico, Pablo Fernández, ha acusado al PP de permitir adjudicaciones de viviendas protegidas “a dedo” en Palencia, y ha cuestionado la supervisión de la Junta. Fernández ha afirmado que la situación “revela” que en Castilla y León es “prácticamente imposible” acceder a una vivienda protegida sin vínculos con el Partido Popular y ha pedido explicaciones al presidente de la Junta y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco.
Abascal compara el caso de la concejala del PP de Palencia con el de Alicante
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha comparado este martes el caso de la concejala del PP del Ayuntamiento de Palencia con el de Alicante. En declaraciones a los periodistas durante su visita al municipio leonés de La Bañeza con motivo de la campaña electoral de Castilla y León, preguntado por esta situación, Abascal ha comenzado por decir que le parece “muy mal, horrible”, que ocurra este hecho “similar” a lo vivido en Alicante.
Abascal ha expresado “mucha preocupación” por comprobar que “el bipartidismo” comparte políticas y “rumbo de destrucción” en distintos sectores, pero también que compartan “maneras y corrupciones”.
Ha insistido también en su rechazo a que el candidato del PP a la reelección como presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, comparta con Pedro Sánchez esos “modos verdaderamente horrorosos de ponerse a comprar votos” en plena campaña electoral, en referencia a los últimos compromisos de ayudas directas ofrecidas por el dirigente popular para conseguir el carnet de conducir, entre otros temas.
El barrio de 'Villa Gaviota', en Valladolid, otro escándalo en la adjudicación de VPO del PP en Castilla y León
El barrio de Villa de Prado, en Valladolid, donde se ubica el Parlamento autonómico, fue el centro de un escándalo político en las elecciones municipales de 2007, cuando el PSOE desveló que hijos de altos cargos del PP fueron los adjudicatarios de viviendas protegidas. El asunto quedó fuera de los tribunales porque ninguna norma establecía un sistema de orden de adjudicación a los solicitantes. Así, en el barrio consiguieron viviendas a precios asequibles el hijo del exalcalde la ciudad Javier León de la Riva —ahora asesor en el Ayuntamiento con Carnero—, el hijo del entonces delegado del Gobierno, Isaías García Monje o el hijo del que fue jefe de Protocolo en las Cortes, Carlos Paramio —exconcejal de Valladolid y ahora asesor en la Junta—, entre muchos otros. La mayoría de ellos acabó en el mismo edificio, que adquirió el sobre nombre de 'Villa Gaviota'.