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La presidenta del TSJ de Castilla y León alerta del riesgo de atribuir a los jueces motivaciones políticas o ideológicas

Alba Camazón

Valladolid —
8 de octubre de 2026 21:39 h

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La presidenta del TSJ de Castilla y León, Ana del Ser, ha alertado este jueves en la apertura del año judicial de que “atribuir a los jueces de manera infundada motivaciones políticas o ideológicas” termina por “erosionar la confianza en el Estado de Derecho”. “Vivimos tiempos de intenso debate público a menudo excesivamente polarizado y de creciente exposición de las resoluciones judiciales al escrutinio social”, ha valorado Ana del Ser, quien ha pedido asumir “con naturalidad” esta exposición, que ha atribuido a una “sociedad democrática avanzada”.

“Las resoluciones judiciales pueden ser analizadas, discutidas y criticadas”, ha defendido la presidenta del TSJ, que ha apostado por una “crítica jurídica razonada”, que “contribuye a fortalecer el sistema y a mejorar la calidad de la Justicia”. Ana del Ser ha recordado que la legitimidad de los jueces “deriva de la Constitución”, quienes, de manera independiente, están sometidos “únicamente” al imperio de la Ley.

La presidenta de los jueces en Castilla y León ha recordado que la independencia judicial “exige responsabilidad, prudencia, profesionalidad e imparcialidad”. Por este motivo, ha considerado que todos los poderes públicos deben “preservar las condiciones que hacen posible una Justicia independiente y eficaz”. “Sin una Justicia independiente no existe una garantía efectiva de los derechos y libertades de los ciudadanos. La confianza de la sociedad en la Justicia constituye uno de los pilares esenciales sobre los que se asienta nuestro Estado de Derecho”, ha apostillado en su intervención.

Sobrecarga de los órganos judiciales

A pesar de la “sobrecarga importante” que hay en los órganos judiciales, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia ha felicitado a los trabajadores judiciales por haber conseguido mejorar su capacidad de respuesta, con más asuntos resueltos y menos procedimientos pendientes. Del Ser –que ha estado diez años al frente de la Audiencia de León– ha pedido no conformarse con los “buenos resultados” y ha recordado que aún hay “necesidades estructurales” por cubrir como el fortalecimiento de las plantillas o la singularidad territorial de Castilla y León, con una población dispersa y muchos partidos judiciales.

Del Ser ha considerado “un avance muy importante” que se vayan a añadir 19 plazas nuevas en Castilla y León, aunque ve “imprescindible” que se sigan creando plazas judiciales para “reforzar ”órganos civiles, penales, sociales, mercantiles y especializados.

La presidenta del TSJ ha replicado las palabras de la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perellón, quien sostuvo que defender la suficiencia de medios en Justicia es una defensa de “los derechos de los ciudadanos” y garantizar que se dé una respuesta “en tiempo razonable”. “La sobrecarga permanente de los órganos judiciales no puede convertirse en un mecanismo ordinario de funcionamiento del sistema”, ha protestado Ana del Ser, quien ha reivindicado “una Justicia moderna y eficaz”.

La violencia de género

Ana del Ser ha enfatizado la respuesta judicial frente a “la violencia sobre la mujer”: ha recordado que este año se han incorporado plazas especializadas y se han dado “pasos decisivos” en la comarcalización de esta justicia. “La experiencia demuestra que la especialización mejora la calidad de la respuesta judicial y proporciona una protección más eficaz a las víctimas”, ha subrayado.

La presidenta del TSJ de Castilla y León ha impelido a “garantizar el equilibrio entre la especialización, la proximidad territorial y la adecuada dotación de recursos”. “La lucha contra cualquier forma de violencia ejercida sobre las mujeres sigue constituyendo una prioridad institucional de primer orden. La especialización judicial y las medidas de protección resultan esenciales y exigen la actuación coordinada de todas las instituciones implicadas”, ha zanjado.

La presidenta del TSJ de Castilla y León se ha comprometido con “una Justicia más eficaz, más moderna, más cercana y más accesible para los ciudadanos de Castilla y León”.