El vicepresidente de Vox en la Junta de Castilla y León insiste en deportar menores mientras el consejero de Presidencia, del PP, dice que no es posible
La Junta de Castilla y León (PP-Vox) vive en estos días su primer tropiezo para cumplir el pacto entre los dos partidos. El pasado jueves, en unas declaraciones a la agencia EFE, el vicepresidente primero aseguraba que iba a “repatriar” a sus países a todos los menores migrantes tutelados por la Junta de Castilla y León. Se basaba en el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería que permite acuerdos bilaterales con otros países. La idea fue refrendada horas más tarde por el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, para ser desechada al día siguiente por el consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago. Según este último.
“No hay ningún mecanismo por el que la Comunidad Autónoma pueda hacerlo por su cuenta porque no tenemos competencia”, dijo González Gago el pasado viernes en León. Cualquier interlocución, dijo, “sería una actividad contraria” a la estructura de autonomía y a la Constitución“. ”Es posible participar, pero siempre por el cauce debido de la Administración del Estado“, matizó.
Los límites de la norma no han hecho que Carlos Pollán renuncie la deportación de los 164 menores no acompañados tutelados por la Junta de Castilla y León. Desde la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, a preguntas de elDiario.es insisten en que la Consejería se encuentra “explorando todas las vías en relación al artículo 35.2 de la Ley Extranjería, ámbito recogido en el pacto de Gobierno”. Es precisamente esta última parte la que puede dar problemas o dejar ese punto del pacto de gobierno como papel mojado. Lo que se recoge en el acuerdo que firmaron PP y Vox en los puntos 10.1 y 10.2 es que la Junta no colaborará en ninguna medida que facilite la llegada, acogida o permanencia de menores extranjeros no acompañados, y se compromete a bloquear cualquier reforma legal o acuerdo presupuestario que implique asumir más menores en el sistema autonómico. Además, plantea que el gobierno autonómico impulsará “la repatriación de menores extranjeros no acompañados, promoviendo convenios con los países de origen”. Si se ha firmado algo que es imposible cumplir por limitaciones legales, Vox está en un callejón sin salida.
Sin aportar detalles, en la Consejería que dirige Pollán, aseguran que “el objetivo es entablar relaciones con terceros países para explorar la devolución de los menores extranjeros, cuya tutela recae ahora mismo en la Junta”. Pero indican que los avances “se realizan de manera privada y consensuada al ser aspectos delicados al estar involucrados menores”. La “delicadeza” de esas negociaciones no afectan a datos personales de menores, se trata de saber con cuántos países se negocia y quién lo hace. Los detalles, dicen, se conocerán en las próximas semanas.